(Bruselas) – La emblemática norma de la Unión Europea contra la deforestación debe exigir a las empresas que respeten los derechos de las comunidades tradicionales sobre sus territorios o, de lo contrario, corre riesgo de incumplir sus objetivos, manifestaron en el día de hoy más de 191 organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos de 62 países en una carta abierta a los responsables de políticas de la UE. En los territorios de estas comunidades se ubican muchos de los bosques mejor preservados del mundo, que sufren presiones por parte de agricultores que siembran soja, empresarios ganaderos, actividades de tala y otras industrias cuyos productos se venden en mercados europeos.
La propuesta para un reglamento de la UE sobre productos libres de deforestación propone restringir las importaciones de productos básicos agrícolas – ganado, cacao, café, aceite de palma, soja y madera – cultivados en tierras que fueron deforestadas después de 2020, pero no establece restricciones a los productos que tienen algún vínculo con violaciones de derechos, conforme esto se define en las normas internacionales. A nivel global, la agricultura industrial es la actividad que más contribuye a la pérdida de bosques, y la destrucción del medioambiente suele combinarse con violaciones de derechos de las comunidades que dependen de los bosques. Muchas de las empresas más influyentes que impulsan la deforestación no han adoptado políticas para eliminarla de sus cadenas de suministro, y las que sí las adoptaron, no han actuado para que se cumplan.
“La principal falencia de la propuesta de la UE es que no obliga a las empresas a cumplir con los estándares internacionales en relación con nuestros derechos sobre la tierra”, señaló Puyr Tembé, Coordinadora Ejecutiva de la Federación Estadual de Pará de Pueblos Indígenas (FEPIPA). “El mundo sabe que esto ha sido un desastre para el Amazonas y que expuso a líderes indígenas a hechos de violencia perpetrados por empresarios ganaderos, taladores y otros invasores”.
Entre los signatarios de la carta se cuentan 22 organizaciones indígenas provenientes de 33 países, incluidos socios comerciales claves de la UE como Brasil, Indonesia y Malasia, que son los principales productores de importaciones de soja, aceite de palma y caucho destinadas a la UE. Las organizaciones que representan a cientos de miles de pueblos indígenas.
“En todo el territorio de Indonesia, los pueblos indígenas soportan una enorme presión por parte de empresas que desean explotar nuestros bosques, incluso para cultivos destinados a consumidores europeos”, contó Rukka Sombolinggi, secretaria general de la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago de Indonesia. “Es importante que la UE aborde su rol en lo que refiere a propiciar la deforestación a nivel global. No obstante, los legisladores de la UE deberían demostrar igual interés en asegurarse de no promover que los pueblos indígenas se vean obligados a desplazarse de sus propias tierras”.
En los próximos meses, el Parlamento Europeo y los Estados Miembros de la UE modificarán y votarán el reglamento sobre productos libres de deforestación. Los signatarios de la carta instaron a los Estados Miembros de la UE a cerciorarse de que el reglamento exija que las empresas respeten los derechos de las comunidades sobre la propiedad y sobre las tierras. Como parte de esta obligación, las empresas también deberían identificar y abordar los riesgos que sus operaciones o las de sus proveedores puedan conllevar para quienes defienden los bosques.
“La responsabilidad de Europa por haber privado a los pueblos indígenas y la comunidades locales de sus tierras se remonta a siglos atrás y los sistemas jurídicos poscoloniales nunca han reconocido plenamente los derechos sobre las tierras que corresponden a estas comunidades”, explicó Julia Christian, activista forestal de la organización de bosques y derechos Fern. “La UE debe cerciorarse de que el reglamento que propone proteja esos derechos al observar los estándares internacionales”.
Numerosos estudios demuestran que los pueblos indígenas y las comunidades locales son quienes mejor protegen la naturaleza. Los pueblos indígenas administran la mitad de los grandes bosques del planeta, los cuales almacenan más carbono y tienen menores tasas de deforestación y degradación en comparación con otras áreas. Sin embargo, en todo el mundo, a los pueblos indígenas y las comunidades locales que tradicionalmente han tenido derechos de tenencia se les quitan o niegan derechos sobre sus tierras, y son atacados, amenazados y asesinados por defender sus territorios, a menudo frente a actividades de índole comercial.
“Finalmente, la UE ha aceptado que solo la legislación con carácter vinculante puede transformar las cadenas de suministro para erradicar la deforestación, pero debilita la efectividad de la misma ley que propone al no reconocer a los agentes que han demostrado mayor eficacia en la protección de los bosques”, manifestó Luciana Téllez, investigadora sobre Medioambiente de Human Rights Watch. “Para que los mercados de la UE dejen de estar vinculados a actividades que privan a los pueblos indígenas de sus tierras, el reglamento debería exigir que las empresas reconozcan sus derechos, en consonancia con lo que exigen los estándares internacionales”.
