(Washington D.C.) – México ha estado expulsando de manera masiva a migrantes y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, hacia una zona selvática remota de Guatemala, una medida que pone en riesgo sus vidas, señaló hoy Human Rights Watch.
Entre las personas expulsadas hay familias y niños y niñas no acompañados, que en algunos casos fueron expulsados primero por vía aérea desde Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente de EE. UU. Joe Biden deberían poner fin a estas expulsiones peligrosas e ilegales y cerciorarse de que futuras deportaciones se realicen en cumplimiento del derecho mexicano, estadounidense e internacional.
“Abandonar a familias vulnerables en una zona remota de la selva guatemalteca, sin dinero, alimentos ni albergue e ignorando sus solicitudes de asilo, evidencia nuevamente la falta de preocupación por los derechos humanos del Presidente López Obrador”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Durante su mandato, el presidente mexicano ha cooperado con algunas de las políticas más abusivas de Estados Unidos contra la inmigración. Ahora ha ido aún más lejos, reproduciendo políticas abusivas en la frontera sur de México con Guatemala”.
A inicios de agosto de 2021, Estados Unidos comenzó a expulsar a algunos migrantes centroamericanos por vía aérea a dos ciudades del sur de México —Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco— que quedan cerca de la frontera guatemalteca.
También en agosto, las autoridades migratorias mexicanas empezaron a trasladar al menos a 300 migrantes de distintas nacionalidades cada día, incluyendo algunos que habían sido expulsados desde Estados Unidos y otros que habían sido aprehendidos en México, hacia el lado mexicano del remoto cruce fronterizo El Ceibo, en la Selva Lacandona. A veces, los autobuses han llegado tarde por la noche. Las autoridades mexicanas han obligado a los migrantes a cruzar la frontera a pie. También han expulsado de esta manera a grupos de migrantes a través del cruce fronterizo entre Talismán, Chiapas, y El Carmen, Guatemala.
A muchas de las personas expulsadas, los agentes migratorios mexicanos les han negado la posibilidad de pedir asilo y las han obligado a cruzar a Guatemala sin avisar a sus respectivos consulados ni al gobierno de Guatemala. Algunas han sido expulsadas mientras esperaban la resolución de sus solicitudes de asilo en México. Tras cruzar la frontera, muchas no han tenido dónde dormir ni cómo llegar a sus países de origen.
El 12 de agosto, el secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, indicó a periodistas que Estados Unidos estaba incrementando el uso de vuelos para expulsar a migrantes al interior de México invocando restricciones de viaje supuestamente impuestas para prevenir la propagación del Covid-19, con el fin de responder a la “reincidencia”. También manifestó que Estados Unidos estaba exhortando a México a que hiciera mayores esfuerzos para interceptar a migrantes. Desde febrero, el gobierno de Biden ha expulsado a más de 600 mil personas en la frontera al amparo de una orden que dictó la administración del expresidente Donald Trump para justificar la expulsión de solicitantes de asilo durante la pandemia sin darles la oportunidad de solicitar protección.
Algunas de las personas expulsadas le indicaron a trabajadores humanitarios en Guatemala que habían solicitado asilo a agentes migratorios en México y Estados Unidos, pero que estos les habían dicho que no sería posible. Otros dijeron que habían solicitado u incluso obtenido asilo en México, pero agentes migratorios les habían dicho que sus documentos de asilo mexicanos eran falsos o inválidos y, en algunos casos, habían confiscado y destruido dichos documentos, procediendo a detener y expulsar a los solicitantes de asilo. Muchas personas que no eran guatemaltecas le dijeron a trabajadores humanitarios que los agentes migratorios mexicanos les habían confiscado sus documentos de identidad antes de expulsarlas.
Las autoridades migratorias de México no han coordinado estas expulsiones con el gobierno guatemalteco, no han notificado a los consulados de Guatemala, Honduras o El Salvador, ni tampoco han gestionado el transporte posterior. Una vez en El Ceibo, un pueblo remoto con una población de pocos cientos de habitantes, muchos de los expulsados se han visto obligados a dormir en la calle. El albergue para migrantes de El Ceibo puede alojar cerca de 30 personas. Según un trabajador humanitario, una mujer que había sido expulsada le refirió que agentes migratorios mexicanos le habían dicho a su grupo que estaban siendo llevados deliberadamente “a la frontera más lejana para que aprend[ieran] su lección”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, a través de una declaración el 17 de agosto, expresó preocupación porque no se le había notificado acerca de las deportaciones. También reiteró que las repatriaciones de guatemaltecos debían producirse a través de los Centros de Recepción establecidos para dicho fin en la Ciudad de Guatemala y en Tecún Umán.
A fin de corroborar reportes mediáticos sobre las expulsiones, Human Rights Watch entrevistó a representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, que han estado viajando regularmente a El Ceibo y a Talismán para presenciar las expulsiones y hablar con las personas expulsadas. Human Rights Watch también habló con el director de Casa del Migrante Belén, cerca del cruce El Ceibo, representantes de la autoridad migratoria guatemalteca, representantes de un colectivo de organizaciones mexicanas de derechos de migrantes que trabajan en la frontera, la organización Refugio de la Niñez, la Cruz Roja de Guatemala y personal de los consulados de Honduras, Guatemala y El Salvador en México.
Human Rights Watch también examinó videos y fotografías de expulsiones y copias de documentos proporcionados a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, en los cuales se observa que algunas de las personas expulsadas de México tenían solicitudes de asilo en trámite en el país. Human Rights Watch solicitó comentarios a las autoridades de migración mexicanas, pero no había recibido una respuesta al 7 de septiembre.
Algunos de los expulsados dijeron a trabajadores de los albergues, periodistas y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala que agentes de migración de Estados Unidos o de México los habían detenido y les habían informado que los llevarían a albergues para registrar sus solicitudes de asilo. Otros indicaron que les habían dicho que serían enviados a sus países de origen, los cuales incluían Honduras, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Haití, Venezuela, Belice, Colombia, República Dominicana y Guatemala.
En vez de ello, fueron trasladados en avión o en autobús a Villahermosa, Tabasco, o a Tapachula, Chiapas. Desde allí, agentes de inmigración mexicanos los llevaron inmediatamente en autobús a los cruces fronterizos y los obligaron a cruzar a Guatemala a pie. Algunos dijeron que no les habían proporcionado ninguna información, y que no sabían adónde los llevaban hasta que llegaron a Guatemala.
Las autoridades mexicanas han estado expulsando sumariamente a grupos de migrantes a Guatemala desde al menos abril, pero comenzaron a realizar expulsiones masivas, de cientos de personas a la vez, en agosto. Las autoridades de migración de Guatemala señalaron inicialmente que no podían registrar el número de expulsiones por tener presencia limitada en el cruce fronterizo de El Ceibo, donde se están llevando a cabo la gran mayoría de las expulsiones. El 22 de agosto, enviaron más personal al cruce y comenzaron a registrar todas las expulsiones.
Desde el 22 hasta el 29 de agosto, registraron la expulsión de 2 mil 61 personas, de las cuales 564 eran niños y niñas. Una organización humanitaria que brinda apoyo en la zona fronteriza registró la expulsión de 5 niños y niñas no acompañados. Las autoridades de migración de Guatemala no saben con certeza cuántos migrantes han sido expulsados a través de Talismán.
Al 30 de agosto, estas autoridades habían comenzado a coordinar con organizaciones de la sociedad civil para recibir a los migrantes expulsados, realizar controles médicos y, en algunos casos, proporcionarles transporte para que pudieran continuar su viaje.
Las autoridades migratorias de México expulsaron a grupos de migrantes y solicitantes de asilo a Guatemala a través del paso fronterizo de Talismán-El Carmen en tres oportunidades en el mes de agosto. El 9, 10 y 18 de agosto, grupos de migrantes fueron trasladados en vuelos desde Estados Unidos y el norte de México hasta Tapachula, estado de Chiapas. Desde allí, agentes migratorios mexicanos y elementos de la Guardia Nacional los llevaron en autobús al cruce fronterizo de Talismán-El Carmen y los obligaron a cruzar a Guatemala a pie.
El 2 de septiembre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala anunció que había llegado a un acuerdo para que el gobierno de EE. UU. repatriara a guatemaltecos por vía aérea a la Ciudad de Guatemala. También anunció que había llegado a un acuerdo para permitir que el gobierno de México repatriara a salvadoreños y hondureños a sus países en autobús, transitando por Guatemala. El 4 de septiembre, la autoridad migratoria guatemalteca dijo en un comunicado que las expulsiones por El Ceibo continuarían “hasta por 30 días más”. No precisaron si los no-guatemaltecos expulsados por el gobierno de México tendrían la posibilidad de solicitar asilo en México. Tampoco explicaron si continuaría la expulsión de solicitantes de asilo que no sean de esas tres nacionalidades. Las autoridades migratorias y de derechos humanos de Guatemala registraron expulsiones de solicitantes de asilo de 10 nacionalidades. Estos anuncios generan preguntas adicionales, incluyendo si el gobierno de Guatemala pretende participar activamente en estas abusivas expulsiones, dijo Human Rights Watch.
De conformidad con la legislación mexicana, las autoridades migratorias están obligadas a informar a todas las personas bajo su custodia dónde están siendo detenidas y por qué, así como a brindar información por escrito sobre su derecho a solicitar asilo u otra forma de estatus legal regular en México. También deberían permitir que toda persona que esté sujeta a un proceso de deportación hable con su consulado, reciba asesoramiento jurídico, se comunique con su familia y pueda apelar la decisión sobre su deportación.
Las autoridades migratorias mexicanas solo pueden regresar a los migrantes a su país de origen. No pueden enviarlos a un tercer país. Deben notificar al gobierno del país receptor y coordinar con este el proceso, así como proporcionar transporte, alimentos y agua a las personas retornadas hasta que lleguen a su país de origen. Por último, no pueden deportar a ninguna persona que haya solicitado asilo en México o a quien se le haya otorgado protección en el país.
El derecho a solicitar asilo es un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos. Todas las personas que buscan protección internacional tienen el derecho a solicitar asilo en el extranjero y a que su caso sea presentado ante las autoridades correspondientes. Expulsar a solicitantes de asilo sin permitirles presentar sus casos es una violación de la Convención sobre Refugiados, la Convención contra la Tortura, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados de los cuales México es signatario. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de las cuales México es parte, también prohíben de manera expresa las expulsiones colectivas.
“El gobierno de Biden prometió políticas más humanas y justas para los solicitantes de asilo en las fronteras de Estados Unidos”, señaló Clara Long, subdirectora para Estados Unidos de Human Rights Watch. “Pero en vez de eso, el gobierno está expulsando a los solicitantes de asilo sin darles la oportunidad de pedir protección y, por ello, comparte la responsabilidad por las peligrosas expulsiones que se están llevando a cabo en México. Es urgente que el gobierno de Biden cambie de rumbo”.
