(Washington D.C.) – La Administración Biden debería adoptar todas las medidas legales necesarias para terminar con una política fronteriza abusiva del gobierno de Trump, tras el fallo del 24 de agosto de 2021 de la Suprema Corte de EE. UU. en apoyo al programa, señaló hoy Human Rights Watch. La corte ratificó un pronunciamiento de un tribunal inferior que ordena al gobierno de Biden realizar gestiones de buena fe para reiniciar el programa Protocolos de Protección de Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), también conocido como ‘Quédate en México’, el cual ha resultado en el traslado de más de 71 mil solicitantes de asilo a ciudades peligrosas en la frontera mexicana mientras esperan que tribunales migratorios estadounidenses procesen sus casos.
La corte determinó que el gobierno de Biden había suspendido el programa de manera indebida en el marco de la Ley de Procedimientos Administrativos, pues no había considerado adecuadamente el impacto que esto tendría en los estados de Texas y Missouri, que habían interpuesto recursos en contra de la medida. El gobierno debería considerar todas las vías de acción legal disponibles para terminar por completo con el programa, incluyendo volver a suspenderlo en cuanto sea posible mediante un nuevo memorando del Departamento de Seguridad Nacional que establezca los fundamentos jurídicos integrales para poder hacerlo.
“Reactivar el programa ‘Quédate en México’ sería una fiasco de derechos humanos que malograría los pocos avances que ha logrado el presidente Joe Biden en la frontera”, dijo Ariana Sawyer, investigadora sobre la frontera de EE. UU. en Human Rights Watch. “El gobierno de Biden debería utilizar la autoridad con la que ya cuenta para terminar con la política con la mayor rapidez posible, y revertir otras políticas anti-asilo del período de Trump”.
Como parte de ‘Quédate en México’, el gobierno de EE. UU. envió a solicitantes de asilo, incluyendo decenas de miles de niños, niñas y personas con discapacidades o condiciones de salud crónicas, a México, donde no tienen acceso a recursos básicos y se sabe que son sometidos a secuestros, violación sexual, agresiones, extorsión y otros abusos por parte de grupos de crimen organizado, policías y agentes migratorios mexicanos. El programa agudizó las falencias que ya existían en el sistema de tribunales migratorios estadounidense, como la falta de acceso a asesoramiento, obstáculos para obtener representación legal, falta de transparencia y garantías legales limitadas. La administración Biden revirtió el programa en enero y había permitido el ingreso en Estados Unidos de poco más de 13 mil de las 71 mil 38 personas que habían sido enviadas a México para que continuaran allí sus procesos migratorios.
El proceso de múltiples fases que ha implementado Biden para terminar con el programa ha sido extremadamente lento, y será obstaculizado por el pronunciamiento de la Suprema Corte, explicó Human Rights Watch. Siguen sin contabilizarse miles de los solicitantes de asilo que Trump envió a México en el marco del programa, que por motivos desconocidos no se registraron ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pese a que probablemente hubieran podido ingresar a Estados Unidos de haberlo hecho.
Tras el fallo de la Corte Suprema, los solicitantes de asilo en el MPP ya no pueden inscribirse en el registro en línea de ACNUR. Biden debería evaluar la posibilidad de otorgar individualmente “permisos humanitarios” (humanitarian parole), una medida permitida por la decisión del tribunal federal, para seguir permitiendo el ingreso de personas previamente sujetas al MPP.
“Las personas previamente sujetas al MPP se ven gravemente afectadas por esta sentencia, y por el hecho de que el gobierno de Biden no haya implementado un proceso de desactivación gradual acorde con la urgencia de su situación”, dijo Taylor Levy, una abogada que trabaja con solicitantes de asilo en el programa. “Lo cierto es que cada día que pasan en México es un día más que están en riesgo”.
Una familia que fue parte del MPP—integrada por una pareja y su hija de 12 años, cuyos nombres se mantienen anónimos por motivos de seguridad— ha estado esperando en México por más de dos años y estaba en la “Fase Dos” del proceso de desactivación gradual cuando la Corte Suprema dictó la decisión. Mientras que la Fase Uno solo incluyó a solicitantes de asilo con casos activos, la Fase Dos incorporó a solicitantes de asilo que habían sido indebidamente “expulsados en ausencia”, tras no haber podido asistir una audiencia migratoria en EE. UU. Muchos de esos solicitantes de asilo fueron inacapaces de asistir a su audiencia porque habían sido secuestrados en México, como fue el caso de esta familia, o porque no deseaban exponerse al riesgo que implica viajar a un punto de ingreso.
“Es muy estresante, porque las condiciones aquí son muy peligrosas ”, afirmó la mujer. “Hay muchos tiroteos súbitos. Lo que me preocupa y me entristece es que mi hija haya perdido tanto tiempo de clases. Rezamos a Dios por que todo salga bien”.
El programa MPP depende de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México. Cuando empezó el programa, México se comprometió con aceptar a solicitantes de asilo extranjeros que hubieran sido retornados de Estados Unidos, ocuparse de su seguridad y garantizar que tuvieran acceso a trabajo, atención de la salud, educación y el sistema de justicia. Sin embargo, Human Rights Watch encontró que el gobierno mexicano no había proporcionado estas protecciones, dejando a miles de personas varadas en México sin posibilidades de mantenerse económicamente ni acceder a servicios básicos, y sin opciones de recurso cuando sufrían abusos a manos de carteles delictivos o autoridades mexicanas.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha negado que ocurrieran abusos en el marco del MPP, sostuvo que fue “muy bueno el resultado” del programa y dijo que no tomaría una postura con respecto a si debería reanudarse. Tras la decisión dela Suprema Corte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió dos declaraciones ambiguas en las cuales se refirió al pronunciamiento como una “medida unilateral” e indicó que el “Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo”. Declaró asimismo que México mantiene un “diálogo técnico” con la administración Biden en materia de gestión migratoria.
“El presidente López Obrador ha sido un participe entusiasta del programa MPP, que se implementa en México y depende de la colaboración plena del gobierno mexicano”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Su intento ahora de sostener que el asunto no tiene que ver con él es una burla absurda. Debería reconocer de inmediato la realidad abusiva del programa de ‘Quédate en México’, rechazarlo en términos inequívocos y decir claramente que el gobierno mexicano no seguirá cooperando”.
