Mañana es el Día Internacional de la Justicia Penal, que marca el aniversario del tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI), el Estatuto de Roma. Si observamos el año pasado, vemos que la justicia se presenta de diferentes formas y que, a pesar de los graves problemas, se pueden lograr avances.
La jurisdicción universal, que permite a las autoridades nacionales enjuiciar a los sospechosos de cometer abusos graves independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se hayan cometido los delitos, es una herramienta cada vez más importante. El año pasado, un tribunal alemán dictó una sentencia histórica contra un ex funcionario sirio y un tribunal suizo condenó a un ex líder rebelde liberiano por crímenes de guerra.
Con el apoyo de muchos gobiernos y de la Unión Europea, las organizaciones no gubernamentales crearon una Plataforma Internacional de Rendición de Cuentas para Bielorrusia, con el fin de recibir pruebas de violaciones graves.
Otros momentos notables fueron la condena por parte de un tribunal militar congoleño de un líder de la milicia por crímenes de guerra en el este del Congo, y los recientes cargos presentados en Colombia.
Está aumentando la presión para que las autoridades chinas rindan cuentas por los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos contra los uigures y otros musulmanes túrquicos en Xinjiang, a medida que más gobiernos expresan su preocupación y los grupos de derechos piden una comisión de investigación de las Naciones Unidas.
En la CPI arrancó el primer juicio por graves crímenes cometidos en el conflicto más reciente de la República Centroafricana. El tribunal emitió un veredicto contra un conocido comandante rebelde de Uganda y confirmó en apelación la condena del señor de la guerra congoleño Bosco Ntaganda. Un sospechoso de haber cometido crímenes en Darfur se entregó a la CPI, y el antiguo fiscal realizó un viaje histórico a Sudán, en el que instó a entregar a los demás sospechosos.
La Fiscalía de la CPI también abrió una investigación sobre Palestina, y solicitó permiso a los jueces del tribunal para investigar los asesinatos de la “guerra contra las drogas” en Filipinas. Sin embargo, alegando insuficiencia de recursos, aún no ha solicitado autorización para abrir una investigación en Ucrania y Nigeria.
La brecha entre la carga de trabajo y los recursos del tribunal es cada vez más grande. A pesar de la derogación de las sanciones de Estados Unidos, la CPI sigue enfrentándose a una oposición politizada. El tribunal confirmó en apelación la absolución de un ex presidente de Costa de Marfil, un hecho que había suscitado preocupación sobre la actuación del tribunal. Un informe detallado de un grupo de expertos independientes ofrece un marco para reforzar la impartición de justicia por parte de la CPI. Esta oportunidad de cambio es especialmente importante ahora que el nuevo fiscal comienza su mandato.
También existen contratiempos, como la decisión del fiscal de la CPI de cerrar un examen de los abusos cometidos por las fuerzas del Reino Unido en Irak, a pesar de la ausencia de procesamientos nacionales.
Además de marcar el progreso, este día debería ser una oportunidad para pedir lo que realmente se necesita para hacer posible la justicia, en la CPI y en todas partes.
