(Washington, DC) – Estados Unidos debería reafirmar su apoyo a la justicia para las víctimas de graves crímenes internacionales en todo el mundo, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. A medida que el gobierno del presidente Joe Biden renueva el compromiso del país con el multilateralismo, debe garantizar que el apoyo a la rendición de cuentas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio sea un componente clave de una política exterior centrada en los derechos humanos.
El informe de 27 páginas, “Essential Proposals to the Biden Administration to Advance International Justice” (“Propuestas esenciales al gobierno de Biden para promover la justicia internacional”), esboza cinco áreas en las que EE.UU. puede demostrar un compromiso constante con la justicia para las víctimas de atrocidades. Human Rights Watch detalla las formas en que el gobierno estadounidense puede avanzar en este objetivo para países específicos como Etiopía y Myanmar. También insta al gobierno de EE.UU. a apoyar a la Corte Penal Internacional (CPI), otras instituciones internacionales o híbridas como el Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana, y a los procesos nacionales, incluidos los que se llevan a cabo bajo el principio de jurisdicción universal.
“El presidente Biden ha dado señales de un compromiso renovado para trabajar con aliados y participar en instituciones multilaterales”, dijo Liz Evenson, directora asociada de justicia internacional de Human Rights Watch. “Apoyar la justicia para las víctimas de los crímenes internacionales más graves debería estar a la cabeza del compromiso de la administración. Como componente del Estado de Derecho, la justicia internacional refuerza la cooperación entre gobiernos y es fundamental en la lucha contra la impunidad en todo el mundo”.
Promover la rendición de cuentas a través de procesos penales es fundamental para que las víctimas y sus familias obtengan justicia y contribuye a poner fin a los ciclos de violencia. El apoyo de EE.UU. ha sido fundamental para que los procesos de justicia sean eficaces en países de todo el mundo, desde Bosnia hasta Sierra Leona. A pesar del apoyo bipartidista expresado a la justicia internacional, la posición de EE.UU. respecto a la CPI, pieza central de este sistema en evolución, ha cambiado a lo largo de las últimas administraciones. Ha variado desde la hostilidad inicial bajo el gobierno de George W. Bush hasta un apoyo y cooperación más abiertos bajo la administración de Obama. Con la presidencia de Trump, Estados Unidos impuso medidas punitivas contra el personal de la CPI, incluyendo sanciones financieras y prohibiciones de entrada, en un esfuerzo por frustrar las investigaciones en Afganistán y Palestina. Cuando el presidente Biden eliminó estas sanciones sin precedentes en abril de 2021, inició lo que podría ser un proceso atrasado de restauración de la credibilidad de EE.UU. en materia de justicia internacional.
El gobierno de EE.UU. debería ayudar a reforzar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra y los posibles crímenes de lesa humanidad en la región etíope de Tigray, los crímenes de lesa humanidad y los actos de genocidio contra los rohingya en Myanmar, y otras atrocidades cometidas en otros lugares, señaló Human Rights Watch.
Esto incluye el apoyo a los mecanismos de investigación exigidos por la ONU y la reincorporación de EE.UU. al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene un papel esencial en la promoción de la justicia. Human Rights Watch también hace recomendaciones específicas país por país en su informe para fortalecer los procedimientos creíbles y justos ante los tribunales nacionales e híbridos (es decir, mixtos internacional-nacional).
El apoyo significativo a la justicia internacional debe incluir a la CPI, dijo Human Rights Watch. Aunque levantó las sanciones del gobierno de Trump, la administración de Biden dejó claro que EE.UU. sigue oponiéndose a las “acciones de la CPI” en Afganistán y Palestina, y más generalmente a cualquier jurisdicción de la CPI sobre los ciudadanos de los Estados que no se han adherido a la CPI. La CPI abrió investigaciones en estas dos situaciones, aunque la indagación en Afganistán está actualmente en suspenso. Estas investigaciones podrían incluir el escrutinio de presuntos crímenes cometidos por nacionales estadounidenses e israelíes, respectivamente. Las objeciones de EE.UU. a la jurisdicción de la CPI carecen de fundamento jurídico y refuerzan la impunidad.
El gobierno de Biden debería considerar estas investigaciones desde el punto de vista de la lucha contra la impunidad de los peores abusos contra los derechos humanos. Las investigaciones no se limitan en absoluto a los delitos presuntamente cometidos por ciudadanos estadounidenses e israelíes, sino que podrían extenderse a los delitos cometidos contra la población civil por múltiples actores, incluidos los talibanes, las fuerzas gubernamentales afganas y los grupos armados palestinos, proporcionando una vía de justicia largamente esperada por las víctimas.
A través de los procedimientos del tratado fundacional de la CPI, el Estatuto de Roma, EE.UU. podría tratar de adelantarse al examen de la CPI de la conducta de los ciudadanos estadounidenses, investigando realmente y persiguiendo adecuadamente los presuntos delitos cometidos en relación con el conflicto de Afganistán. El secretario de Estado Antony Blinken ha reconocido en principio que EE.UU. debería “liderar con el poder de nuestro ejemplo”. Para persuadir a otros países de que pidan responsabilidades por crímenes graves, y para tener credibilidad a la hora de defender la justicia a nivel internacional, EE.UU. debería comprometerse a afrontar realmente sus abusos pasados en relación con el conflicto de Afganistán y a poner en marcha políticas que impidan futuros abusos, señaló Human Rights Watch.
“Como tribunal de última instancia, la CPI tiene un papel fundamental que desempeñar y el gobierno de Biden no debe permitir que las escasas preocupaciones sobre ciertas investigaciones socaven su compromiso más amplio con la rendición de cuentas”, señaló Evenson. “El gobierno de Biden debería demostrar que se toma en serio una política exterior centrada en los derechos humanos, apoyando junto a sus aliados la justicia para las víctimas de graves crímenes internacionales y haciendo que la cooperación con la CPI sea la norma”.
