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Estados Unidos sanciona a la fiscal de la Corte Penal Internacional

La acción del gobierno de Trump intenta bloquear la justicia para los peores crímenes del mundo

(Washington, DC) – La imposición sin precedentes de congelamientos de activos por parte del gobierno de Trump a altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) pone en evidencia un notorio desprecio por las víctimas de los peores crímenes del mundo, dijo hoy Human Rights Watch. El 2 de septiembre de 2020, la administración anunció que Estados Unidos había impuesto sanciones contra la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochoko.

La acción de EE.UU. da efecto a una orden ejecutiva radical emitida el 11 de junio por el presidente Donald Trump, que declaró una cuestionable emergencia nacional y autorizó el congelamiento de activos y prohibiciones de entrada de familias que podrían imponerse contra ciertos funcionarios de la CPI. La administración Trump había amenazado repetidamente con tomar medidas para frustrar las investigaciones del alto tribunal en Afganistán y Palestina sobre la conducta de ciudadanos estadounidenses e israelíes, y revocó la visa estadounidense del fiscal de la CPI en 2019.

“El uso perverso de las sanciones por parte del gobierno de Trump, diseñadas para presuntos terroristas y jefes de la droga, contra fiscales que buscan justicia por crímenes internacionales graves, magnifica la falta de acción por parte de EE.UU. a la hora de procesar la tortura”, dijo Richard Dicker, director de justicia internacional de Human Rights Watch. “El hecho de que la administración aluda a una ‘emergencia nacional’ para castigar a los fiscales de crímenes de guerra muestra un flagrante desprecio por las víctimas”.

La CPI es el tribunal internacional permanente creado para juzgar a las personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Tras las atrocidades cometidas en Ruanda y en la ex Yugoslavia a mediados de la década de 1990, un grupo de gobiernos preocupados establecieron la CPI para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes internacionales graves, incluidos altos funcionarios. Actualmente, 123 países se han unido a la corte, casi dos tercios de los miembros de las Naciones Unidas. El tribunal ha abierto investigaciones sobre presuntas atrocidades en 12 países, entre ellos Sudán, Myanmar (Birmania) y Afganistán.

En respuesta a la orden ejecutiva de Trump en junio, 67 países miembros de la CPI, incluidos aliados clave de EE.UU., emitieron una declaración conjunta transregional en la que expresaron “un férreo respaldo  a la corte como institución judicial independiente e imparcial”. Esto fue acompañado por declaraciones de la Unión Europea, el presidente de la Asamblea de Estados Partes de la CPI y organizaciones no gubernamentales en EE.UU. y el resto el mundo. Los países miembros de la CPI han afirmado repetidamente su apoyo a la corte.

Estas sanciones tienen un grave impacto en los afectados, que no solo pierden el acceso a sus activos en EE.UU., sino que también quedan aislados de las transacciones comerciales y financieras con “personas estadounidenses”, incluidos bancos y otras empresas. Las sanciones estadounidenses también tienen un efecto paralizador sobre los bancos no estadounidenses y otras empresas fuera de la jurisdicción estadounidense que temen perder el acceso al sistema bancario estadounidense si no ayudan a Estados Unidos a exportar efectivamente las medidas de sanciones.

La orden ejecutiva de junio está diseñada no solo para intimidar a los funcionarios judiciales y al personal involucrado en investigaciones críticas del tribunal, sino también para desalentar una cooperación más amplia con la CPI, dijo Human Rights Watch. La orden autoriza sanciones contra personas no estadounidenses que ayuden en las investigaciones a las que se oponga el gobierno estadounidense.

EE.UU., que no es un estado miembro del Estatuto de Roma que fundó el Tribunal, se opone a la autoridad de la CPI sobre los ciudadanos de países no miembros a menos que una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU lo autorice. Afganistán, sin embargo, es un país miembro de la CPI, lo que otorga a la corte autoridad para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, en territorio afgano o relacionada de alguna manera con el conflicto.

Es significativo que la CPI sea un tribunal de última instancia que interviene solo si las autoridades nacionales no llevan a cabo procedimientos internos genuinos. El gobierno afgano ha pedido a la fiscal de la CPI que posponga su investigación, afirmando que las autoridades afganas pueden llevar a cabo procedimientos nacionales creíbles, aunque no hayan demostrado la capacidad ni la voluntad para hacerlo. Funcionarios civiles y militares estadounidenses de alto nivel que podrían ser responsables de autorizar casos de tortura y otros malos tratos bien documentados contra los detenidos relacionados con el conflicto en Afganistán, o de no castigar a quienes cometieron abusos, no han rendido cuentas ante los tribunales estadounidenses.

Debido a que la fiscalía de la CPI está evaluando la solicitud de Afganistán y ante las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, el tribunal no está dando pasos activos para poner en marcha la investigación en el país.

“Los miembros de la CPI se han unido anteriormente para apoyar a las víctimas y defender el mandato del Tribunal de ataques sin principios, incluso de Estados Unidos”, dijo Dicker. “Estos gobiernos deberían estar dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar que la CPI mantenga su rumbo con el objetivo de que nadie, ni siquiera los países más poderosos, esté por encima de la ley”.
 

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