(Seúl) – En Corea del Sur, la divulgación en internet de imágenes sexuales de mujeres y niñas de manera indiscriminada y sin consentimiento, tiene un efecto devastador para las víctimas, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno debería adoptar medidas más enérgicas para prevenir y responder a estos delitos sexuales en los medios digitales.
El informe de 96 páginas, “‘My Life is Not Your Porn’: Digital Sex Crimes in South Korea” (“‘Mi vida no es tu pornografía: Delitos sexuales en medios digitales en Corea del Sur”) comprobó que, pese a las reformas jurídicas que se establecieron en Corea del Sur, las mujeres y las niñas que son víctimas de delitos sexuales digitales —actos de violencia género que se instrumentan en la virtualidad y son facilitados por la tecnología— enfrentan grandes dificultades para impulsar causas penales y recursos civiles, en parte debido a desigualdades de género profundamente arraigadas. Los delitos sexuales en medios digitales son delitos relacionados con imágenes digitales —casi siempre, de mujeres y niñas— que se toman sin el consentimiento de la víctima, se comparten sin su autorización o, en algunas ocasiones, se manipulan o se fraguan.
“Los funcionarios del sistema de justicia penal —que, en su mayoría, son hombres— a menudo parecen no comprender, o no aceptar, que estos son delitos sumamente graves”, señaló Heather Barr, codirectora interina de derechos de la mujer en Human Rights Watch y autora del informe. Cualquier persona que haya visto alguna de estas imágenes tomadas sin consentimiento podría haber hecho una captura de pantalla y puede compartirla en cualquier momento, en cualquier sitio web, desde el cual podría difundirse sin ningún control. Las sobrevivientes se ven obligadas a lidiar con estos delitos durante el resto de su vida, con escasa asistencia por parte del sistema jurídico”.
El informe se basa en 38 entrevistas, con sobrevivientes de delitos sexuales digitales y expertos en la materia, y en una encuesta en línea realizada a personas sobrevivientes.
En 2008, menos del 4 % de los juicios por delitos sexuales en Corea del Sur involucraron filmaciones ilegales. Para el año 2017, el número de casos se había multiplicado, pasando de 585 casos a 6.615, y representaban el 20 % de los juicios por delitos sexuales. Gran parte de la atención pública dispensada a los delitos sexuales digitales respondió inicialmente al uso de pequeñas cámaras (“cámaras espía”) para realizar filmaciones encubiertas en lugares como baños, vestuarios y hoteles. Las personas que colocaban las cámaras a veces ganaban dinero vendiendo las imágenes.
Las mujeres y las niñas afectadas enfrentan serios obstáculos al intentar obtener justicia. La policía suele negarse a aceptar sus denuncias y actúa en forma abusiva, restando seriedad al daño, culpabilizando a las denunciantes, tratando las imágenes sin la sensibilidad requerida y realizando interrogatorios inapropiados. Cuando los casos avanzan, las personas sobrevivientes tienen dificultades para obtener información sobre sus expedientes y para que los tribunales las escuchen.
En 2019, las fiscalías desestimaron el 43,5 % de los casos de delitos sexuales digitales, en comparación con el 27,7 % de los casos de homicidio y el 19 % de los casos de robo. Los jueces suelen imponer condenas bajas: en 2020, el 79 % de las personas condenadas por haber tomado imágenes íntimas sin consentimiento recibieron una condena en suspenso, una multa o una combinación de ambas. El 52 % recibió solamente una condena en suspenso. Los problemas que las personas sobrevivientes enfrentan en el sistema de justicia se ven agravados por la falta de mujeres policías, fiscales y juezas.
Las reparaciones civiles, como una orden judicial que obligue a la parte condenada a eliminar las imágenes o a pagar una indemnización por daños a una víctima, no son fáciles de obtener. Cuando se inicia una acción civil en función de hechos que son también el objeto de un juicio penal, es una práctica habitual postergar la demanda civil hasta que se resuelva el proceso penal. Esto significa que las sobrevivientes no pueden solicitar asistencia durante el tiempo en que, probablemente, más la necesiten.
Es habitual que las sobrevivientes se encuentren demasiado agotadas y traumatizadas al finalizar un juicio penal —que, en algunas ocasiones, incluye varias apelaciones a lo largo de varios años— como para iniciar un nuevo procedimiento ante un tribunal civil, aun cuando del juicio penal se hubieran corroborado hechos que permitirían sustanciar el reclamo. Para presentar una acción civil, las víctimas deberían indicar sus nombres y domicilios, poner esta información a disposición del público e incluso de la persona que cometió el delito. Pocas sobrevivientes se sienten cómodas con la idea de divulgar esa información.
“Los delitos sexuales digitales se han vuelto tan comunes y tan temidos en Corea del Sur que están afectando la calidad de vida de todas las mujeres y niñas”, manifestó Barr. “Las mujeres y las niñas nos dijeron que evitaban usar baños públicos y que sentían ansiedad por la posibilidad de que hubiera cámaras ocultas en lugares públicos e incluso en sus hogares. Un número alarmante de sobrevivientes de delitos sexuales digitales manifestaron haber pensado en suicidarse”.
En los últimos años, el gobierno de Corea del Sur y la Asamblea Nacional han tomado algunas medidas importantes para reformar la legislación y ofrecer servicios a personas que experimentan delitos sexuales digitales; en gran medida, como respuesta a las protestas multitudinarias que impulsaron activistas en 2018. No obstante, estas medidas siguen resultando inadecuadas; en parte, porque no han conseguido paliar las formas arraigadas de desigualdad de género que facilitan y normalizan los delitos sexuales en medios digitales. En el índice sobre Brecha de Género Global elaborado por el Foro Económico Mundial en 2021, Corea del Sur ocupó la posición número 102 entre 156 países, y mostró la mayor brecha en participación económica y oportunidades entre todas las economías avanzadas.
Las mujeres de Corea del Sur realizan cuatro veces más trabajo no remunerado que los hombres y la diferencia salarial por género asciende al 32,5 %. La violencia de género es un fenómeno sumamente extendido —en una encuesta de 2017 a 2.000 hombres surcoreanos, casi el 80 % de quienes respondieron, admitieron haber cometido actos violentos contra una pareja íntima—, en comparación con las estimaciones globales de que una de cada tres mujeres experimentan ese tipo de violencia. El plan de estudios nacional sobre educación sexual, elaborado en 2015, ha sido ampliamente criticado por perpetuar estereotipos de género que tienen un efecto negativo.
“La causa fundamental de los delitos sexuales digitales en Corea del Sur son las concepciones negativas, ampliamente aceptadas, acerca de las mujeres y las niñas, y las conductas que se adoptan para con ellas. Estas son cuestiones que el Gobierno debe atender de manera urgente”, señaló Barr. “El gobierno ha ajustado un poco la ley, pero no ha enviado un mensaje claro y potente de que las mujeres y los hombres son iguales, y que la misoginia es inaceptable”.
Muestra de casos del informe
Park Ji-young (la mayoría de los nombres son seudónimos) estaba mirando el teléfono de su novio cuando vio que allí había guardadas fotografías de mujeres que parecían haber sido tomadas de manera encubierta en situaciones públicas, desde debajo de su falda o de los glúteos. Posteriormente, pudo acceder a materiales que su novio almacenaba en la nube, donde encontró entre 40 y 50 imágenes íntimas que parecían ser de parejas sexuales, incluidas 4 en las que aparecía ella misma. Trató de encontrar a las demás mujeres que aparecían en las fotos, pero su ahora expareja la amenazó para que no lo hiciera.
Entonces, acudió a la policía. Sin embargo, un abogado asignado para brindarle asistencia la instó, en reiteradas oportunidades, a que desistiera de la denuncia. Buscó otro abogado, pero antes de que el caso se remitiera a la fiscalía, recibió un llamado de un investigador privado, quien le comunicó que, si ella no aceptaba una resolución extrajudicial, el abogado de su exnovio intentaría iniciar acciones penales en su contra por haber accedido a los archivos de esta persona, y que la demandaría por difamación.
Un día de 2018, a las 1:00 a. m., Jieun Choi estaba intentando dormir cuando el timbre de su vivienda comenzó a sonar con insistencia. Al responder, encontró un policía, quien le informó que un hombre había estado filmándola, a través de su ventana, desde el techo de un edificio cercano. El hombre indicó a la policía que había estado filmándola durante dos semanas. Cuando la policía obtuvo una orden judicial y confiscó los equipos electrónicos del autor de ese delito, comprobó que había recopilado imágenes de otras siete mujeres, y más tarde Jieun Choi supo que esta persona había sido acusada por el mismo delito varios años antes. Se le impuso una pena en suspenso.
El empleador de Lee Ye-rin venía haciendo insinuaciones sentimentales hacia ella. Era un hombre casado y ella no tenía interés en él. Un día, el hombre le regaló un reloj. Ella puso el reloj en su dormitorio, pero posteriormente descubrió que se trataba de una cámara espía, y que él había estado filmándola y transmitiendo esas imágenes durante un mes y medio. La experiencia la dejó afectada por mucho tiempo. “Lo que ocurrió sucedió en mi propio cuarto; entonces a veces, en mi vida normal, en mi propio cuarto, me siento aterrada sin ningún motivo”. Un año después, seguía tomando medicamentos recetados contra la depresión y la ansiedad.
Sohn Ji-won tenía 16 años cuando conoció a alguien a través de un sitio web que conecta a personas en forma aleatoria para conversar. “Estaba pasando un momento difícil, y quizás necesitaba una persona en quien confiar”, manifestó. Este hombre le pidió imágenes sexuales. Ella se las envió, pero luego se arrepintió e intentó eliminarlas. El hombre comenzó a mostrarse agresivo. Conoció a otros hombres a través de Telegram, quienes la presionaron para que enviara fotografías íntimas, con la promesa de eliminarlas inmediatamente. Sin embargo, posteriormente encontró una de las fotos publicadas en un grupo de chat.
Dos meses después de terminar una relación de cuatro años, Kang Yu-jin comenzó a recibir mensajes de desconocidos. Uno le envió fotos de ella publicadas en línea, que incluían “mi dirección, la escuela donde había estudiado, el lugar donde trabajo y una foto del exterior del edificio donde vivía”. Su expareja confesó ser el autor de los hechos y le ofreció disculpas, pero los abusos continuaron y se agravaron.
Las publicaciones que hizo —cientos de ellas, a lo largo de varios meses— aparecieron en sitios como Tumblr, Twitter, Facebook, Torrent, YouTube, Instagram, Naver Blog, Naver Cafe, Daum blog, Daum Cafe y Google Fotos. Un día, dos hombres desconocidos se presentaron en la oficina de Kang Yu-jin a través de los datos hallados en las publicaciones. “Hubo hombres que quisieron comunicarse conmigo en la iglesia a la cual asistían mis padres... e incluso otros que me mandaron mensajes para tener sexo”, manifestó. Kang Yu-jin se vio obligada a renunciar a su trabajo y se fue para siempre de su hogar.
