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Recientemente, las autoridades venezolanas han hostigado y perseguido penalmente a organizaciones de la sociedad civil que realizan un trabajo esencial para atender la emergencia humanitaria. Han llevado a cabo una campaña sistemática que incluyó congelar sus cuentas bancarias, allanar oficinas y detenciones.

A su vez, el Covid-19 se ha convertido en un pretexto para que el gobierno de Maduro arremeta contra opositores. Continúa la represión feroz con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de corto plazo, detenciones arbitrarias y torturas. Estos hechos corroboran las conclusiones de la Misión de Determinación de los Hechos.

Para que cesen los abusos, debe hacerse justicia y eso es imposible en Venezuela, donde no hay un poder judicial independiente.

Las elecciones del 6 de diciembre de 2020 no fueron ni libres ni justas. La Asamblea Nacional oficialista electa prevé tratar proyectos que restringirían derechos, en particular en redes sociales.

Mientras tanto, continúa la emergencia humanitaria y el éxodo masivo de venezolanos.

Instamos a los miembros de este Consejo a seguir apoyando la valiosísima tarea de la Misión de Determinación de los Hechos de recabar, preservar y analizar evidencias de abusos sistemáticos en Venezuela, así como los esfuerzos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para evaluar el inicio de una investigación formal sobre señalamientos de crímenes de lesa humanidad.

La presión internacional es indispensable para poner freno a los abusos, que las víctimas accedan a la justicia y asegurar que haya elecciones libres y justas.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

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