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Estados Unidos: debe proveer asistencia significativa en la pandemia de Covid-19

Aumenta la pobreza; millones de personas más podrían próximamente pasar hambre y ser desalojadas

(Washington, DC) – El Congreso de Estados Unidos debería fortalecer y aprobar otra ronda de ayuda de emergencia en el contexto de la pandemia de Covid-19 antes de que expiren las protecciones existentes, recomendó hoy Human Rights Watch. Cada semana, un millón de nuevas solicitudes de ayuda por desempleo surgen en EE.UU.,  millones de trabajadores están a punto de perder la asistencia de emergencia por desempleo y la moratoria federal de desalojos vence a fin de año.

El paquete de ayuda bipartidista por el Covid-19 propuesto en el Congreso de EE.UU. el 14 de diciembre de 2020 extendería los beneficios por desempleo causado por la pandemia durante 16 semanas e inyectaría miles de millones de dólares en ayudas para el alquiler y programas de apoyo alimentario, medidas esenciales en esta crisis. Pero el Congreso debería agregar a los proyectos de ley propuestos un alivio directo en efectivo para aquellos que necesitan apoyo en forma de cheques de estímulo, prorrogar la licencia pagada que expira a fin de año y prevenir los desahucios de viviendas, ejecuciones hipotecarias y cortes de servicios públicos después del 31 de enero de 2021. El Congreso tampoco debería agrupar la ayuda financiera tan necesaria a gobiernos estatales y locales con un escudo de responsabilidad para las empresas que ponga en riesgo los derechos de los trabajadores.

“El nivel de la desesperación económica exige una respuesta política audaz de EE.UU. para prevenir un aumento masivo de la pobreza, el desalojo de hogares y la desigualdad”, dijo Lena Simet, investigadora sénior sobre pobreza y desigualdad de Human Rights Watch. “El paquete de ayuda propuesto debe mejorarse para reflejar el hecho de que están en juego la vida y el sustento de las personas”.

La pandemia ha extendido y profundizado las brechas de desigualdad y las políticas públicas inadecuadas que existían antes de la pandemia. Solo en los últimos seis meses, ocho millones de personas en EE.UU. se vieron arrastradas por debajo de la línea de la pobreza, a pesar de las medidas de emergencia a nivel estatal y federal. El Instituto Aspen calcula que alrededor de 30 millones de arrendatarios corren el riesgo de ser desalojados para fin de año. Casi 26 millones de adultos dijeron que en sus hogares, la mayoría de los cuales incluyen niños, no pasaron hambre en los siete días anteriores, como está registrado en la Encuesta del Pulso de los Hogares del censo estadounidense desde el 11 al 23 de noviembre. La situación solo empeorará a menos que el nuevo paquete de ayuda extienda las protecciones existentes, dijo Human Rights Watch.

Están en juego tres formas clave de apoyo por desempleo causado por la pandemia que pronto expirarán: la Compensación por desempleo de emergencia pandémica, que extiende los beneficios estatales regulares por 13 semanas; la Asistencia por desempleo pandémico, que proporciona beneficios a trabajadores no tradicionales, como los trabajadores contratistas; y el actual suplemento de desempleo semanal de US$300. Debería aprobarse un paquete que renueve estas formas de apoyo antes de que los trabajadores desempleados pierdan su único ingreso.

“Es crucial que el Congreso de EE.UU. apruebe una legislación que amplíe los beneficios por desempleo pandémico, que deberían proporcionarse a todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los de la economía informal y los indocumentados que están excluidos del paquete propuesto”, dijo Simet. “Cualquier ayuda destinada a las empresas debería estar vinculada a políticas que beneficien a los trabajadores”.

El paquete de ayuda propuesto proporcionaría US$ 25.000 millones a los gobiernos estatales y locales para ayudar a pagar el alquiler y los servicios públicos y extendería temporalmente la moratoria de desalojo un mes, hasta el 31 de enero. El Congreso debería prolongar también la moratoria federal sobre los desahucios, las ejecuciones hipotecarias y el cierre de servicios públicos más allá del 31 de enero para garantizar que nadie pierda su hogar por no poder pagar, señaló Human Rights Watch.

Según la encuesta de hogares de noviembre, uno de cada seis arrendatarios a nivel nacional informó que no pudo pagar el alquiler de noviembre a tiempo. Los más afectados son las familias con niños que viven en régimen de alquiler (el 23 por ciento están atrasados ​​en el pago), los hogares arrendatarios que ganan menos de US$35.000 al año (23 por ciento) y las comunidades negra (31 por ciento) y latina (18 por ciento). Hasta el 42 por ciento de los arrendatarios negros y el 37 por ciento de los latinos tienen poca o ninguna confianza en su capacidad para pagar el alquiler del próximo mes a tiempo. Las estimaciones indican que más de 11 millones de arrendatarios deberán más de tres meses de alquiler atrasado al final del año. Entre los propietarios de viviendas, más de uno de cada diez tiene poca o ninguna confianza en poder pagar la cuota de hipoteca del próximo mes.

Es esencial que el Congreso apruebe un paquete que aumente de manera adecuada el apoyo alimentario para que nadie pase hambre durante esta pandemia, dijo Human Rights Watch. La inseguridad alimentaria en EE.UU. se ha triplicado desde el inicio de la pandemia entre los hogares con niños, y se ha duplicado en general, según muestra una investigación de la Universidad Northwestern. La carga recae de manera desproporcionada sobre los hogares negros y latinos, que tienen casi el doble de probabilidades de padecer inseguridad alimentaria que las familias blancas. Entre las personas que han utilizado los fondos del Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria en la última semana, una de cada tres informó que algunas veces o con frecuencia no tenían suficiente para comer. Aunque el paquete propuesto incluye un aumento del 15 por ciento en cuatro meses en los fondos para el programa, solo equivale a US$25 adicionales por beneficiario al mes, muy por debajo de la demanda.

El Congreso también debería extender los días de emergencia pagados por enfermedad y las garantías de licencia familiar pagada provistas por la Ley de Familias Primero, que también vencerá en diciembre. Se debería otorgar licencia pagada a todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos aquellos actualmente excluidos, señaló Human Rights Watch. El Center for American Progress estima que hasta 160 millones de trabajadores y trabajadoras fueron excluidos de la Ley Familias Primero, muchos de ellos trabajadores esenciales y desproporcionadamente personas de color, mujeres y trabajadores con salarios bajos.

El paquete de ayuda propuesto tampoco logra que el apoyo financiero llegue a las manos de quienes lo necesitan más rápidamente en forma de ayuda directa en efectivo. Más de uno de cada tres adultos reportó recientemente dificultades para pagar los gastos domésticos habituales. Los datos de la encuesta del censo de julio muestran que la mayoría de los hogares utilizaron el cheque de estímulo único de la Ley CARES para pagar los gastos esenciales del hogar. Más del 70 por ciento informó haber utilizado parte del pago para alimentos, mientras que el 55 por ciento utilizó una parte para pagar el alquiler o la hipoteca. A fines de noviembre, la mitad de los adultos en EE.UU. reportó estar utilizando sus ahorros, solicitar préstamos o usar tarjetas de crédito para cubrir sus gastos.

Un proyecto de ley bipartidista independiente dentro del paquete de ayuda agrupa la asistencia estatal, local y tribal urgentemente necesaria con un escudo de responsabilidad para las empresas que despojaría a los trabajadores de las pocas herramientas legales disponibles para garantizar condiciones seguras y proporcionar un remedio por los abusos cometidos en el lugar de trabajo. Los gobiernos estatales y locales requieren estos fondos para proporcionar muchas formas de asistencia financiera y de otro tipo a las familias más necesitadas. El Congreso debería eliminar el escudo de responsabilidad para las empresas de este paquete de ayuda esencial, dijo Human Rights Watch.

“El aumento de la pobreza, el hambre y el riesgo de desalojo que enfrentan las personas en EE.UU. durante la pandemia de Covid-19 son totalmente prevenibles”, dijo Simet. “El alcance y la gravedad de las continuas dificultades y la profundización de la desigualdad por motivos económicos, raciales y de género ahora dependen del Congreso y de si la asistencia es lo suficientemente sólida como para proteger los derechos de las personas a un nivel de vida adecuado, incluidas la vivienda y la alimentación”.

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