Skip to main content

Colombia: Detención domiciliaria de Uribe pone a prueba el estado de derecho

El gobierno y el partido gobernante deben respetar la independencia judicial

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, asiste a un debate como senador en el Congreso, en Bogotá, Colombia, el 3 de octubre de 2016. © 2016 Reuters

(Nueva York) –La decisión del 3 de agosto de la Corte Suprema de Justicia de ordenar la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, como una medida de aseguramiento preventiva, es una prueba clave para el imperio del estado de derecho en Colombia, sostuvo Human Rights Watch hoy. El gobierno del presidente Iván Duque y otros miembros del partido gobernante, Centro Democrático, deben respetar la decisión y la independencia de la corte.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema está investigando si Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010 y es un aliado muy cercano del actual presidente Duque, le ofreció beneficios a ex paramilitares para cambiar sus testimonios sobre el supuesto rol de Uribe en la conformación de grupos paramilitares. Figuras clave del Centro Democrático han hecho pronunciamientos que parecen dirigidos a intimidar y desprestigiar a la corte y a socavar la legitimidad de su decisión, incluyendo la propuesta de reformar el sistema judicial del país.

“La detención domiciliaria de Uribe es la mayor prueba de fuego para el estado de derecho en Colombia en la última década,” señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno del presidente Duque y el Centro Democrático deben respetar la decisión y la independencia de la corte y garantizar que el expresidente Uribe se defienda a través de los mecanismos legales, no con amenazas de reforma judicial y acusaciones de sesgo ideológico que no tienen ningún fundamento”.

La investigación por la cual la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe comenzó en febrero de 2018. En 2012, Uribe había denunciado penalmente al senador Iván Cepeda, acusándolo de haber recibido y difundido testimonios “fraudulentos” para implicarlo a él y a su hermano Santiago en atrocidades perpetradas por paramilitares en la década de 1990. La Corte Suprema rechazó por infundadas las acusaciones en contra del senador Cepeda y, en cambio, inició una investigación para determinar si Uribe había manipulado a testigos para que dijeran que el senador Cepeda les había ofrecido beneficios con el fin de implicar al expresidente.

La Corte Suprema también está adelantando varias investigaciones en contra de Uribe. En años recientes, diversos tribunales han solicitado que Uribe sea investigado por su posible rol en múltiples crímenes, incluyendo la conformación de grupos paramilitares, masacres cometidas cuando él era gobernador del departamento de Antioquia en los 90s, así como las interceptaciones telefónicas ilegales a jueces, periodistas y defensores de derechos humanos que ocurrieron durante su presidencia.

El gobierno de Uribe estuvo marcado por numerosos casos de graves abusos contra los derechos humanos. Entre 2002 y 2008, en casos que luego fueron conocidos como “falsos positivos”, soldados del Ejército cometieron asesinatos sistemáticos a sangre fría de miles de civiles inocentes para inflar las cifras de guerrilleros dados de baja durante el conflicto armado. A mediados de los años 2000, Uribe promovió la impunidad para abusos cometidos por grupos paramilitares y lideró una fallida desmovilización paramilitar que llevó a la creación de nuevos grupos armados que aún cometen graves crímenes, incluyendo asesinatos de defensores de derechos humanos. Su gobierno participó en un patrón general de ataques verbales e intimidaciones a periodistas, así como a magistrados de la Corte Suprema que investigaban vínculos entre aliados de Uribe y grupos paramilitares. Decenas de aliados de Uribe han sido condenados por sus vínculos con estos grupos armados irregulares.

Antes de que se diera a conocer la sentencia del 3 de agosto, el Centro Democrático y otros aliados de Uribe realizaron pronunciamientos en los que asociaban, sin tener ninguna evidencia, una posible sentencia contra Uribe con una supuesta conspiración por parte de la izquierda dirigida a dañar la reputación del expresidente.

Después de la decisión de la Corte Suprema, miembros del Centro Democrático han acusado a la corte de participar en una “persecución” en contra de Uribe. El partido de gobierno emitió un comunicado de prensa defendiendo a Uribe y llamando a una asamblea nacional constituyente para reformar la Constitución Política con el propósito de “despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones de la república”. La senadora Paloma Valencia, una de las figuras más influyentes del Centro Democrático, sostuvo que buscan reformar “toda la justicia” y transformar las altas cortes de Colombia en una “sola corte única”.

El presidente Duque ha apoyado la propuesta de reforma judicial del Centro Democrático en el pasado, aunque su gobierno no la ha promovido activamente. El 5 de agosto, Duque sostuvo que apoyaba una reforma judicial, señalando que se trata de un “tema estructural” que va más allá del caso contra Uribe.

Proviniendo del partido político en el poder, estas declaraciones en contra de la Corte Suprema constituyen un ataque directo en la legitimidad de la rama judicial y parecen dirigidas a intimidar a la corte mientras esta adelanta investigaciones notoriamente sensibles en contra de Uribe, sostuvo Human Rights Watch.

Con arreglo a estándares internacionales de derechos humanos, Colombia debe proteger la independencia e imparcialidad del sistema judicial. Los jueces deben estar libres de cualquier presión, amenaza o interferencia, directas o indirectas, y deben tener garantías de estabilidad en su cargo de manera que no teman ser removidos por el contenido de sus sentencias.

“Los ataques del Centro Democrático contra la Corte Suprema sugieren que el partido cree que su jefe está por encima de la ley”, sostuvo Vivanco.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Región / País

Las más vistas