Los desplazados internos en Colombia a menudo viven en condiciones de hacinamiento y con escaso acceso agua y alimentos. Estas familias, que huyeron de la violencia en sus regiones de origen y, por lo general, tienen una precaria situación económica, están expuestas a mayores riesgos relacionados con el coronavirus.
Desde 2017, al menos 300.000 personas se han desplazado de sus hogares como resultado de la violencia vinculada con el conflicto armado colombiano. Aproximadamente el 60 % pertenecían a comunidades indígenas o afrocolombianas.
Entre estas se cuentan los cerca de cien miembros de la comunidad indígena wounaan en la ciudad de Buenaventura. En febrero de 2017, huyeron de la violencia y el reclutamiento de menores por parte del Ejército de Liberación Nacional en el departamento de Chocó. Desde entonces, viven en un centro comunitario donde enfrentan limitaciones en el acceso al agua y a los servicios de salud, lo cual agrava la posibilidad de que un brote del virus se propague rápidamente.
El acceso a alimentos ha empeorado, según indicó un líder de la comunidad a Human Rights Watch. Desde fines de marzo no han podido ir a trabajar debido al confinamiento a nivel nacional. En 2017, el gobierno les otorgó una ayuda humanitaria periódica debido a su situación de desplazamiento. Esa ayuda continúa hasta hoy. Sin embargo, al no poder salir del centro comunitario, no pueden cobrar el dinero, afirmó el líder.
Al mismo tiempo, el desplazamiento asociado al conflicto armado continúa durante la pandemia. A principios de abril, 74 familias de la comunidad indígena emberá abandonaron sus hogares luego de que el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se enfrentaron en la zona. Se desplazaron a una comunidad cercana donde ahora duermen en el piso en las casas de otras personas, en condiciones de hacinamiento. No tienen insumos de higiene básicos, ni tampoco alimentos suficientes, dijo un funcionario humanitario a Human Rights Watch. Al igual que otros miembros de la comunidad, dependen de la lluvia para obtener agua.
La Covid-19 ha obstaculizado la labor en muchos casos esencial de los organismos humanitarios que asisten a los desplazados en Colombia. Aunque en marzo la Cancillería indicó a estos organismos que su actividad estaba exenta de las medidas de confinamiento, muchos limitaron sus actividades para reducir el riesgo de contagio de sus empleados y de las personas a quienes asisten.
La Ley de Víctimas de Colombia y los estándares internacionales exigen que las autoridades brinden a los desplazados condiciones de albergue dignas, alimentos esenciales, agua potable y servicios médicos básicos.
El gobierno del presidente Duque debe adoptar con urgencia medidas orientadas a cumplir tales obligaciones y proteger el derecho a la salud de los desplazados. Para ello, debería brindarles alimentos e insumos de higiene y garantizar espacios habitacionales donde puedan cumplir con un distanciamiento social seguro, entre otras medidas.
Los desplazados son una de las poblaciones más vulnerables del país. No pueden quedar librados a su suerte durante esta pandemia.
