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Venezuela debe permitir que la ONU ayude a detener la propagación del Covid-19

Los países miembros y los donantes deben apoyar esfuerzos para que llegue asistencia humanitaria apolítica

Individuos con mascarillas caminan al lado de un mural con una imagen de Nicolás Maduro en Caracas, el 17 de abril de 2020, en medio de un brote del nuevo coronavirus (COVID-19) © 2020 Federico Parra / AFP

(Nueva York) – El Secretario General, su equipo y los Estados miembros de las Naciones Unidas deben ejercer presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que permita que las agencias humanitarias de la ONU hagan todo lo que esté a su alcance para impedir que siga propagándose el Covid-19 en Venezuela, señalaron hoy Human Rights Watch, los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la Universidad Johns Hopkins y Women’s Link Worldwide. Incluso antes de la pandemia, el sistema de salud de Venezuela ya había colapsado.

Este es uno de los mensajes centrales que las tres organizaciones tienen previsto plantear durante un evento paralelo especial de la ONU que tendrá lugar el 29 de julio de 2020, titulado: “Ayudar a Venezuela a enfrentar la emergencia humanitaria durante la pandemia de Covid-19”. El evento, que se realizará a las 2:00 p.m. hora de Nueva York, ha sido organizado por las misiones permanentes de Alemania y la República Dominicana en Nueva York y se transmitirá en directo por internet aquí.

“El precario sistema de salud venezolano, debilitado por años de abandono de la infraestructura, escasez de medicamentos e insumos y graves interrupciones del suministro de agua, no está en condiciones de prevenir la propagación del Covid-19, atender de manera segura a los pacientes con Covid-19 ni proteger a los trabajadores de la salud”, manifestó la Dra. Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad John Hopkins y los Centros de Salud Pública y Derechos Humanos y de Salud Humanitaria de la universidad.

El 1° de junio, el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, y la Asamblea Nacional de composición mayormente opositora —a través de su asesor en temas de salud, Julio Castro— firmaron un acuerdo para coordinar esfuerzos que buscan obtener financiamiento internacional que refuerce la capacidad de Venezuela de responder a la pandemia de Covid-19. Este importante acuerdo también solicita el “apoyo técnico y administrativo” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una institución que forma parte de las Naciones Unidas.

Sin embargo, el acuerdo aún debe implementarse en su totalidad y su implementación debe ser monitoreada por terceros independientes que se aseguren de que la asistencia llegue a los venezolanos que la necesitan.

Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria sin precedentes que, sumada a la represión brutal de opositores, ha forzado a más de 5 millones de venezolanos a buscar refugio en el extranjero, principalmente en países vecinos. 

En 2019, Venezuela registró el incremento más marcado de casos de malaria en todo el mundo. Mucho antes del impacto del Covid-19, ya habían reaparecido enfermedades que pueden prevenirse con vacunas, como el sarampión y la difteria, que habían sido erradicadas. En los hospitales no hay los insumos básicos para prevenir infecciones y tratar enfermedades. Muchos tienen acceso intermitente al agua, enfrentan cortes habituales de energía eléctrica, y cuentan con escasos medicamentos, respiradores o equipos de protección para el personal médico y de enfermería.

La pandemia de Covid-19 ha exacerbado la emergencia preexistente, que se debe principalmente a medidas adoptadas por el gobierno de Maduro. Las condiciones de pobreza y desnutrición en las que se encuentran muchísimos venezolanos generan un ámbito propicio para que se propaguen enfermedades infecciosas. 

El colapso del sistema de salud de Venezuela, la ausencia de políticas públicas para proteger los derechos sexuales y reproductivos y la falta de métodos anticonceptivos han derivado en graves retrocesos para el acceso de las mujeres venezolanas a servicios de salud sexual y reproductiva, según activistas venezolanas por los derechos de la mujer. Según las estadísticas epidemiológicas disponibles más recientes, durante 2016 la mortalidad materna aumentó un 65 % y la mortalidad infantil un 30 %. La ministra de salud que dio a conocer estas estadísticas fue rápidamente despedida y desde entonces las autoridades venezolanas no han vuelto a publicar estos datos.

“En un contexto de emergencia humanitaria y pandemia en Venezuela, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se encuentra gravemente restringido y supone un riesgo especial para miles de mujeres, niñas y adolescentes”, expresó Selene Soto, abogada sénior de Women’s Link Worldwide. “Esto afecta de manera especial a quienes están en las situaciones de mayor vulnerabilidad, dado que enfrentan una falta de anticonceptivos, un aumento de embarazos no deseados y abortos inseguros, y la ausencia de servicios seguros para mujeres embarazadas”.

Hasta la fecha, 16,5 millones de personas en todo el mundo han sido infectadas con el nuevo coronavirus y 654.817 han fallecido como resultado. La enfermedad ha exigido al máximo a los sistemas sanitarios de algunas de las democracias más avanzadas.

América Latina es una de las regiones que se han visto más gravemente afectadas. Las autoridades venezolanas han informado 15.988 casos confirmados de Covid-19 y 146 muertes relacionadas con esa enfermedad. La cifra real es seguramente mucho mayor, debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la falta de transparencia y la persecución de profesionales de la salud y periodistas que informan sobre el tema. Como consecuencia del hacinamiento en zonas populares y cárceles, así como los problemas para acceder al agua en hospitales y hogares, es probable que el nuevo coronavirus se extienda con rapidez por el país.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) y sus socios cuentan con la capacidad logística para distribuir un volumen significativo de asistencia humanitaria en el interior del país. Las autoridades venezolanas, el secretario general de la ONU António Guterres, el coordinador del socorro de emergencia de la ONU Mark Lowcock, los países donantes y los Estados Miembros de la ONU que tienen influencia sobre las autoridades venezolanas deben asegurarse de que el PMA, la OPS y sus socios tengan todo el apoyo y el acceso que necesitan para salvar vidas.

Las autoridades venezolanas no deberían interferir en la distribución equitativa de asistencia y deben permitir que la ONU haga todo lo que está a su alcance para ayudar a la población venezolana. Eso implica otorgar a los trabajadores humanitarios pleno acceso a todos los hospitales y clínicas; permitir que circulen libremente por el país pese a las restricciones relacionadas con la cuarentena y darles acceso prioritario al combustible; así como terminar con las represalias contra trabajadores de la salud que difunden información veraz sobre el Covid-19 o la respuesta del gobierno ante la pandemia.

Las autoridades venezolanas también deben permitir que expertos independientes analicen y publiquen todos los datos epidemiológicos disponibles, desglosados por género, edad y lugar. Esto permitiría una mayor transparencia con respecto a la magnitud de la emergencia humanitaria, al difundir una contabilización precisa sobre los casos confirmados de Covid-19 y las muertes por esta enfermedad y reanudar la publicación periódica de informes detallados sobre mortalidad y morbilidad.

“El secretario general de la ONU António Guterres, su equipo humanitario y los Estados Miembros de la ONU deben insistir en que la ONU lidere los esfuerzos para combatir el Covid-19 en Venezuela”, destacó Louis Charbonneau, director para la ONU de Human Rights Watch. “El Secretario General debe instar en forma pública a las autoridades venezolanas a permitir una respuesta humanitaria apolítica y a gran escala de la ONU, que incluya que el Programa Mundial de Alimentos pueda desplazarse sin restricciones en el interior del país. Maduro debe dejar de victimizarse y permitir que los expertos de la ONU hagan su trabajo”.

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