“Si les das 100.000 pesos [colombianos], te hacen la prueba [de diagnóstico del nuevo coronavirus]. Si pagas $150, pueden subirte a un autobús hacia cualquier parte del país”, nos contó hace poco un hombre venezolano de 48 años que estaba varado en la frontera, pero no contaba con los medios para sobornar a funcionarios venezolanos.
Se trata de uno de decenas de miles de venezolanos que regresan a su país en medio de la pandemia, a pesar de la catástrofe económica, política y humanitaria en Venezuela. Algunos retornados vuelven de manera irregular a través de pasos fronterizos no oficiales, llamados trochas, y en muchos casos solo después de sobornar a alguien para poder cruzar. Quienes ingresan por cruces oficiales se enfrentan a un sistema ineficiente en la frontera que puede propagar el Covid-19 más que detenerlo.
El hombre que entrevistamos dejó su hogar en el estado Anzoátegui hace menos de un año para tratar de conseguir una vida mejor en Bogotá. Sin embargo, la pandemia destrozó sus planes, ya que las medidas de confinamiento arrasaron con el sector informal donde trabajaba y se le hizo imposible pagar el alquiler y comprar alimentos. Caminó durante 30 días hasta la frontera y cruzó a Venezuela a través de una trocha.
Nicolás Maduro ha manifestado que cuando los retornados llegan a Venezuela “son libres, son dignos, son humanos otra vez”. Claramente, Maduro no ha visitado la frontera recientemente.
Según un protocolo oficial, se presume que toda persona que ingresa al país es un caso de Covid-19, y, por lo tanto, se le debe realizar una prueba y debe pasar una cuarentena inicial en la frontera antes de continuar su viaje.
En teoría, el protocolo de detección y prueba podría ayudar a identificar, aislar y tratar a los venezolanos que regresan con Covid-19, pero las demoras y los problemas que enfrentan podrían más bien aumentar la transmisión del virus. Medios locales han informado que quienes cruzan por trochas y están esperando la prueba deben valerse por sí mismos al llegar a Venezuela. El hombre con quien conversamos, que pudo hacerse la prueba después de más de una semana de espera a la intemperie, luego de lo cual fue finalmente transferido a un centro de cuarentena, llamados Puntos de Atención Integral Social (PASI), nos dijo que durante su espera él y un grupo de aproximadamente 300 personas no recibieron ayuda oficial, durmieron en la calle sin distanciamiento social ni tapabocas y debían llenar sus botellas con agua de lluvia.
Algunos trabajadores humanitarios manifestaron que estas demoras son producto de la escasez de pruebas. En otros casos, a quienes cruzan por trochas a lo largo de la frontera extensa y porosa entre Colombia y Venezuela ni siquiera se les realiza la prueba.
Los retornados no solo se encuentran en riesgo mientras esperan que se les realice la prueba. Aquellos que regresan y tienen un resultado de anticuerpos negativo en la prueba rápida, deben aislarse en un PASI. En teoría, esta es una medida razonable ya que la prueba rápida de detección de anticuerpos que se utiliza para evaluarlos puede dar falsos negativos durante la primera etapa de la infección, que es la más contagiosa.
Sin embargo, esto también significa que algunas personas que ingresan a los PASI para cumplir la cuarentena pueden estar infectadas y, sin las medidas de protección adecuadas, pueden contagiar el virus fácilmente al resto. Muchos de los PASI, para los cuales se han utilizado instalaciones de todo tipo que van desde hoteles a estadios y escuelas abandonadas, están desbordados y las condiciones allí son insalubres, incluyendo difícil o inexistente acceso al agua. Esto hace casi imposible mantener el distanciamiento social y lavarse las manos, dos medidas básicas para evitar la propagación del Covid-19.
El 8 de junio, Maduro dijo que los retornados eran “irresponsables” y que sus familias y vecinos debían reportarlos. Después, dijo que estaban “contaminando a importantes sectores de todo el país”. Otras autoridades se han referido a los retornados como “fascistas”, “golpistas camuflados” y “armas biológicas” enviadas a Venezuela. Esta estigmatización e intimidación de una población que ya se encuentra en situación de vulnerabilidad menoscaba la posibilidad de realizar pruebas de detección.
El suplicio que viven los retornados venezolanos deja en evidencia la situación que ha creado el gobierno de Maduro. Los retornados huyeron inicialmente de un régimen represivo que contribuyó a una emergencia humanitaria que no es producto de una catástrofe natural, sino de políticas y prácticas oficiales, para luego tener que enfrentar una situación de vulnerabilidad en el extranjero, que empeoró con la pandemia. Ahora, regresan para ser sometidos a una retórica abusiva y condiciones aún más precarias en un país cuyo sistema de salud ya estaba colapsado incluso antes del inicio de la pandemia.
Debido al flujo continuo de venezolanos que regresan de varias partes de la región, las condiciones en la frontera y las restricciones que ha establecido el gobierno de Maduro sobre la cantidad de personas que pueden ingresar al país, historias como estas seguirán repitiéndose.
Para limitar la propagación del Covid-19 en Venezuela y proteger los derechos de los retornados, Venezuela debe asegurar que se realicen las pruebas de detección en forma rápida y garantizar condiciones adecuadas en los PASI fronterizos. Sin embargo, dada la hostilidad que el gobierno de Maduro ha mostrado hacia los retornados, es poco probable que las autoridades adopten las medidas necesarias si no existe una fuerte presión internacional.
En sus esfuerzos por impulsar una respuesta humanitaria a gran escala apolítica y liderada por la ONU en Venezuela, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y su equipo humanitario en los más altos niveles, así como los gobiernos donantes, deben ejercer presión sobre las autoridades venezolanas para que abandonen su retórica abusiva y acepten aplicar un protocolo que respete derechos fundamentales en la frontera. Es indispensable que haya más ayuda humanitaria internacional y que un actor independiente la distribuya de manera despolitizada. Mientras tanto, los gobiernos de América Latina deben asegurarse de que los venezolanos en sus países puedan regularizar su situación legal, permitiéndoles acceder a servicios de salud, para que no se sientan obligados a regresar a la trágica realidad venezolana que los espera.
