Un paquete de asistencia podría aliviar la emergencia humanitaria en Venezuela. La comunidad internacional debería respaldarlo

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Imagina que eres un profesional de la salud que intenta contener la Covid-19 en un país con un sistema de salud colapsado. “Eso es dantesco, como si estuviéramos en guerra, pero no ha caído ni una sola bomba”, nos dijo un médico venezolano en diciembre, incluso antes de que llegara la pandemia.

Mucho antes de confirmar el primer caso de Covid-19, en Venezuela había una emergencia humanitaria. Aumentaron los niveles de desnutrición; reaparecieron enfermedades que pueden prevenirse con vacunas y que habían sido erradicadas, como el sarampión y la difteria; y se registró un incremento marcado en enfermedades infecciosas como malaria y tuberculosis. El trabajo de los profesionales de la salud se hizo cada vez más difícil, en un contexto en el cual el suministro de servicios básicos en los hospitales se volvió intermitente y muchos colegas emigraron del país. Todo esto ha provocado un declive constante en la capacidad operativa de la atención sanitaria.

En este contexto, llegó el nuevo coronavirus.

Al 2 de julio, Venezuela informaba más de 6.000 casos confirmados de Covid-19 y 54 fallecimientos. Sin embargo, las estadísticas que salen de Venezuela son absurdas. Las cifras reales son, casi con seguridad, mucho más elevadas, según mostramos en un informe que publicamos recientemente, debido a la escasa disponibilidad de pruebas de detección confiables, la falta de transparencia y la persecución de profesionales médicos y periodistas que informan sobre la realidad en el país. El hacinamiento en zonas populares y cárceles, así como los problemas para acceder al agua y saneamiento en hospitales y viviendas, generan condiciones sumamente propicias para que el virus se propague con rapidez.

Médicos y enfermeros venezolanos, fieles a su compromiso profesional y ético con el ejercicio de la medicina, siguen presentándose a trabajar ya que, como nos dijo uno de ellos, “Si no nos ocupamos de estos pacientes, ¿quién va a hacerlo?”. Lo hacen asumiendo riesgos, ya que a menudo ni siquiera tienen equipos de protección básicos. Algunos destinan la mitad de su salario mensual a comprar una única botella de alcohol en gel. A veces, algunos llevan agua embotellada, jabón o papel higiénico que ellos mismos compran a hospitales donde faltan elementos básicos, y comparten estos pocos insumos con los pacientes. Nos contaron sobre establecimientos con olores nauseabundos, plagas de roedores y baños averiados. Un médico dijo que se lavaba las manos con el agua que goteaba de un aire acondicionado.

El colapso del sistema de salud de Venezuela no es el resultado de un desastre natural. Se debe, en gran parte, a medidas irresponsables y represivas del gobierno de Nicolás Maduro. Las autoridades han hecho lo posible para negar y ocultar datos epidemiológicos y la gravedad de una emergencia humanitaria que lleva años. También han perseguido a quienes cuestionan al gobierno, incluyendo a profesionales de la salud.

Las autoridades venezolanas sostienen que las sanciones financieras y petroleras estadounidenses han causado la emergencia humanitaria. Si bien existen excepciones para las transacciones humanitarias, las sanciones financieras y petroleras impuestas por EE. UU. podrían efectivamente exacerbar la crisis, debido al riesgo de un cumplimiento más riguroso del necesario por parte de las instituciones financieras y a que las sanciones reducen los recursos con los que podrían contar las autoridades para atender la crisis.

Sin embargo, el colapso del sistema de salud venezolano es anterior a 2017, cuando EE. UU. impuso estas sanciones, y fueron varias las causas que contribuyeron al declive de fondos disponibles, incluyendo una gestión desastrosa y la caída drástica de los precios mundiales del petróleo.

La única posibilidad de contrarrestar la propagación de la Covid-19 es asegurar que exista una respuesta humanitaria a gran escala que priorice al pueblo venezolano. Nuestro último informe, publicado el 26 de mayo, insta a Estados Unidos a asegurarse de que las sanciones no agudicen la crisis ni obstaculicen los esfuerzos humanitarios, y a que los gobiernos extranjeros en general despoliticen la asistencia y financien una respuesta humanitaria liderada por las Naciones Unidas.

El 1° de junio hubo buenas noticias. El ministro de salud de Venezuela, Carlos Alvarado, y la Asamblea Nacional, de mayoría opositora (a través de su asesor en temas de salud, Julio Castro), firmaron un acuerdo con el propósito de coordinar esfuerzos para obtener financiamiento internacional que refuerce la capacidad de Venezuela de responder a la pandemia. A través del acuerdo, se obligan a priorizar la detección de casos de Covid-19; brindar tratamiento adecuado y oportuno a casos confirmados; aislar a las personas con síntomas y poner en cuarentena a aquellas con quienes hayan tenido contacto, y proteger a los trabajadores de la salud.

Asimismo, el acuerdo establece como prioridad adoptar medidas preventivas y de control de infecciones en los establecimientos de salud; realizar acciones genuinas de seguimiento epidemiológico, análisis de información e informes de situación; y comunicar los riesgos al público para que los ciudadanos tomen medidas de prevención.

El acuerdo también solicita el “apoyo técnico y administrativo” de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que forma parte de las Naciones Unidas. Representantes de la Asamblea Nacional han indicado que parte de un fondo de USD 20 millones que había inmovilizado el gobierno estadounidense —para impedir que lo usara el gobierno de Maduro— ahora se enviará a Venezuela a través de la OPS. El fondo también contribuirá a que se asigne la suma de USD 100 por mes a profesionales de la salud venezolanos, por un período de tres meses, y ayudará a algunas organizaciones humanitarias independientes. El gobierno español también ha anunciado que transferirá a la OPS fondos que estaban inmovilizados en España.

El acuerdo podría ser determinante para la respuesta de Venezuela a la pandemia, pero sólo si se le asignan fondos suficientes, se implementa de manera adecuada y su implementación es monitoreada correctamente por un tercero independiente. El acuerdo no indica cómo se implementará ni cómo se evaluará la distribución de la asistencia. Dado que la OPS y otros organismos de la ONU que ahora están en Venezuela no tienen la capacidad de monitorear toda la provisión de asistencia en el vasto territorio de Venezuela, las autoridades venezolanas deben permitir que todos los organismos de la ONU y las organizaciones no gubernamentales —locales e internacionales— puedan dar seguimiento al acuerdo sin obstáculos. También es crucial que se permita pleno acceso al Programa Mundial de Alimentos que, junto con sus socios, cuentan con la capacidad logística para entregar un volumen significativo de asistencia humanitaria en todo el país.

Este acuerdo no refleja un cambio de rumbo de Maduro y su gobierno, dada indiferencia temeraria que han demostrado por la vida y la salud de los venezolanos. Fue necesaria la presión internacional sostenida para que pidieran ayuda al mundo exterior. Es justamente por ello que la presión debe continuar y el seguimiento a este acuerdo debe ser genuino.

Si el mundo no consigue llevar ayuda suficiente a Venezuela y que llegue a quienes más la necesitan, tendremos que lamentar infinidad de muertes que podrían haberse evitado.