Hace menos de un mes, el periodista mexicano Jorge Armenta fue abatido en una agresión armada al salir de un restaurante en su estado de residencia, Sonora. Es el decimonoveno periodista asesinado desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018.
Desde 2000, 159 periodistas han sido asesinados en México por su trabajo, y esto convierte al país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio de esta profesión, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán, que tienen cifras similares de asesinatos de periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras.
En términos generales, los actos de violencia y las agresiones contra periodistas están en aumento en México. El año pasado, periodistas mexicanos informaron 609 amenazas, ataques u otras formas de agresiones, una cifra que sería la más alta registrada hasta el momento.
En 2012, el gobierno creó el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que asigna escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico, y ayuda a periodistas a reubicarse temporalmente en respuesta a amenazas graves. Desde entonces, cinco periodistas que estaban en el programa de protección han sido asesinados. Cuatro de ellos, incluido Jorge, tan solo en los dos últimos años.
El número creciente de muertes de periodistas, incluso algunos alcanzados por medidas de protección gubernamentales, demuestra que el gobierno mexicano no protege a los periodistas, en parte debido a que el programa no cuenta con personal ni fondos suficientes. De acuerdo con un estudio realizado en 2019 por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cantidad de personas alcanzadas por las medidas de protección del programa aumentó en más del triple entre 2014 y 2019, pero casi no hubo variación en el presupuesto y la dotación de personal del programa.
La ausencia de funcionarios federales de alto nivel en las reuniones de autoridades y la falta de coordinación con los gobiernos de los estados también han causado que la implementación de las medidas de protección sea inadecuada. Además, cerca del 90 por ciento de los delitos contra periodistas en México actualmente quedan impunes.
La prensa libre es un actor esencial en cualquier sociedad democrática y, más aún, en un país como México con instituciones tan precarias. El gobierno de López Obrador debería actuar de inmediato para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas, de lo contrario los asesinatos seguirán creciendo. Asimismo, debería adoptar medidas concretas para reducir los niveles desorbitados de violencia contra periodistas, con investigaciones judiciales que rompan con la impunidad habitual, y abandonar los compromisos puramente retóricos que, como hemos comprobado, no inciden en el deplorable récord de México.
