“Como muchos países, Ecuador podría enfrentar próximamente un escenario de crisis económica producto de la pandemia del coronavirus. La lección que el gobierno debe sacar de lo ocurrido el año pasado es que si las fuerzas policiales salen nuevamente a las calles, deben actuar dentro de la legalidad”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Que todos los responsables por abusos cometidos en octubre de 2019 rindan cuentas ante la justicia es indispensable para disuadir tanto futuros abusos policiales como delitos por manifestantes”.
Durante las protestas de octubre, agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas emplearon excesivamente la fuerza contra manifestantes y periodistas al arrojar, por ejemplo, cartuchos de gases lacrimógenos desde muy corta distancia apuntando en forma directa a las personas, y golpear ferozmente y detener arbitrariamente a manifestantes. De las 11 personas que fallecieron en el contexto de las protestas, al menos 4 habrían muerto por la acción de integrantes de las fuerzas de seguridad. También hubo manifestantes que cometieron graves delitos contra policías y vandalizaron propiedad pública y privada. Los esfuerzos del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía General del Estado para investigar estos abusos y delitos hasta ahora no han reportado resultados concretos.
El 16 de marzo de 2020, el gobierno de Ecuador decretó un estado de excepción para atender la emergencia en salud provocada por el coronavirus. Éste incluye medidas económicas de apoyo a las personas afectadas por la pandemia y establece que las fiscalías y tribunales ordinarios dejarán de funcionar por un tiempo para contribuir al distanciamiento social. Apenas el sistema judicial esté plenamente operativo, las autoridades deben impulsar con vigor investigaciones rigurosas e imparciales de los abusos policiales y los hechos de violencia en las protestas de 2019, sostuvo Human Rights Watch.
El 3 de octubre de 2019, comenzaron protestas en Ecuador luego de que el presidente Lenín Moreno firmara una serie de medidas de austeridad que eliminaron un subsidio a la gasolina de USD 1.300 millones. Conductores de taxis y autobuses, organizaciones estudiantiles y miles de integrantes de pueblos indígenas liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) participaron en protestas que duraron varios días. El 3 de octubre el gobierno declaró el estado de excepción para movilizar a militares con el anunciado propósito de garantizar la seguridad de la población ecuatoriana.
Entre octubre y diciembre, Human Rights Watch entrevistó a una decena de testigos, periodistas, abogados y víctimas; examinó grabaciones de video de los incidentes; y consultó informes de organizaciones de derechos humanos y entidades gubernamentales. Human Rights Watch también pidió información al Ministerio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado.
Human Rights Watch concluyó que agentes de policía de Ecuador realizaron un uso indiscriminado de la fuerza contra manifestantes. En varias ocasiones, arrojaron gases lacrimógenos a manifestantes que estaban en espacios cerrados, provocando asfixia. También lanzaron cartuchos de gases lacrimógenos a corta distancia, que en algunos casos impactaron en la cabeza de las víctimas y les causaron daños oculares. Algunos de los cartuchos lacrimógenos usados por la policía estaban vencidos, lo cual puede alterar la composición química del gas e incrementar la probabilidad de asfixia. En un caso que documentamos, un testigo vio a un policía en motocicleta atropellar a un manifestante.
La Fiscalía General del Estado tiene en curso investigaciones sobre 9 de las 11 muertes. La Defensoría del Pueblo indicó a Human Rights Watch que al menos cuatro de las muertes habrían sido causadas por uso excesivo de la fuerza por la policía. Si bien las autoridades contabilizaron 1.507 personas heridas, la Defensoría del Pueblo indicó que no todos los casos se registraron, de modo que el total posiblemente sea mayor.
La Defensoría del Pueblo informó que, entre el 3 y el 13 de octubre, se registraron 1.228 detenidos, y que el 75 % de esas personas habían sido liberadas. Varios detenidos fueron puestos en libertad en la primera audiencia ante un juez debido a que no se habían cumplido los requisitos legales para su detención.
Muchos manifestantes actuaron con violencia, al arrojar piedras y cócteles Molotov contra policías, quemar vehículos militares y saquear y vandalizar edificios. El Ministerio de Gobierno contabilizó 435 policías heridos y 202 secuestrados por manifestantes, incluso durante varios días, indicó la ministra.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) informaron que hubo saqueos y actos vandálicos principalmente contra edificios públicos y negocios privados, así como ataques por manifestantes, que también secuestraron a agentes de seguridad contra su voluntad. No obstante, ambas instituciones concluyeron que integrantes de las fuerzas de seguridad habían realizado un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes e instaron a que se realizaran investigaciones imparciales de los abusos y hechos de violencia ocurridos durante las protestas.
Las protestas concluyeron el 13 de octubre, cuando el gobierno y representantes de la CONAIE anunciaron haber llegado a un acuerdo. Este incluía la anulación del decreto de austeridad que provocó las protestas.
El Ministerio de Gobierno informó a Human Rights Watch en diciembre que la Inspectoría General de Policía está investigando 24 casos “por novedades suscitadas durante las protestas” y que la investigación podría dar lugar a procedimientos administrativos disciplinarios. Un sumario administrativo ya se encuentra en curso.
Ver abajo más información sobre las investigaciones del gobierno y los hallazgos de Human Rights Watch.
Investigaciones gubernamentales
En octubre, la Fiscalía General del Estado anunció que un grupo de fiscales de la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, así como de una Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNIDOT), investigarían presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como delitos contra la seguridad pública durante las protestas. La Fiscalía General del Estado indicó a Human Rights Watch que, al 7 de febrero de 2020, había registrado 700 incidentes, llamados “noticias del delito” en Ecuador, vinculados con hechos ocurridos durante las protestas.
Entre estos delitos se incluían los de homicidio, lesiones, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, pertenencia a un “grupo subversivo”, hurto y asociación ilícita. La fiscalía no especificó en qué casos estaban implicados agentes de seguridad y expresó que no podía brindar información sobre los casos investigados debido a que la etapa de “investigación preliminar”, que puede demorar hasta dos años, es confidencial conforme al derecho ecuatoriano.
Se han dictado decisiones judiciales en apenas dos casos. En uno, se sobreseyó a conductores de taxi que habían sido arrestados cerca del aeropuerto y acusados de asociación ilícita. En otro, se declaró culpables al asambleísta Yofre Poma y otras personas de paralizar servicios públicos tras haber ingresado en el predio de un pozo petrolero. Poma sostiene haber entrado al predio con la intención de apaciguar a los manifestantes.
Una fuente confiable, que pidió mantenerse anónima, dijo a Human Rights Watch que los resultados han sido limitados y que las investigaciones de abusos vinculados con las protestas se han visto obstaculizadas por la falta de cooperación entre organismos gubernamentales implicados, como la policía, el Ministerio de Gobierno y las fuerzas de seguridad. La fuente indicó que asignar a la Policía Nacional la investigación de los hechos en los que están implicados policías genera, de por sí, un conflicto de intereses.
La Defensoría del Pueblo creó una Comisión Especial integrada por cinco expertos independientes que representan a la sociedad civil. Está previsto que la comisión recabe testimonios de testigos, reúna información de distintas instituciones gubernamentales y celebre audiencias públicas para identificar violaciones de derechos humanos, sugerir estrategias legales para judicializar los casos y proponer reparaciones para las víctimas.
La Defensoría del Pueblo ha iniciado dos investigaciones defensoriales para analizar los señalamientos de irregularidades en el acceso a la atención de salud por parte de los manifestantes heridos y dar seguimiento al estado de excepción. El derecho ecuatoriano prevé que, si la Defensoría del Pueblo concluye que se cometieron abusos, podría presentar garantías constitucionales o transmitir sus conclusiones a las autoridades. Ambas vías podrían dar lugar a procesos judiciales.
Aunque deben realizarse todos los esfuerzos posibles para reunir pruebas y documentar los abusos, esto no exime a las autoridades judiciales y administrativas de su responsabilidad legal de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, sostuvo Human Rights Watch.
Selección de casos de uso excesivo de la fuerza
Durante las protestas en Quito, el estudiante de derecho Sebastián Martínez y varios amigos se acercaron a ayudar a personas que sentían asfixia por los gases lacrimógenos. Dijo a Human Rights Watch que muchas personas –incluidos niños, adultos mayores y mujeres embarazadas– requirieron asistencia debido a lesiones producto de brutalidad policial.
En la tarde del 12 de octubre, Martínez y su hermano fueron a buscar su automóvil tras haber asistido a personas en la Pontificia Universidad Católica en Quito. Habían estacionado cerca de un edificio conocido como Casa de la Cultura, donde se albergaban miembros de comunidades indígenas durante las protestas. De pronto, las personas alrededor suyo comenzaron a correr y empezaron a sentir el sonido de motocicletas policiales que se acercaban, contó. Martínez, su hermano y una tercera persona se escondieron en el automóvil. Cuando los policías los vieron, cerca de 20 agentes rodearon el vehículo y empezaron golpear las puertas y ventanillas. Uno le apuntó con un arma. Nos dijo: “Yo solo les gritaba ‘no me peguen, somos ayuda humanitaria’ pero no les importó. Sólo en mi puerta había al menos cinco policías armados con su equipo respectivo. Comienzan a golpearme con toletes y entre uno o dos me jalan a la fuerza fuera del carro y me botan al suelo”.
La policía obligó a Martínez a permanecer boca abajo mientras lo golpeaban con bastones policiales, mientras que otros rompían las ventanillas del vehículo. Afirmaron estar buscando bombas. Al no encontrar nada, algunos se fueron. Los demás policías subieron a Martínez, su hermano y la tercera persona a una patrulla, los interrogaron y amenazaron con detenerlos por “terrorismo”. Al cabo de varias horas, un policía les devolvió las llaves del automóvil y les dijo que se fueran. Martínez afirmó haber sufrido contusiones y otras lesiones en la espalda, una pierna, el hombro, los codos y la cabeza.
El 5 de octubre, Iván Lozano estaba trabajando para un canal de televisión vinculado con una universidad, dando cobertura a las manifestaciones en Quito, cerca de los parques El Ejido y La Alameda. Filmaba lo que ocurría con su teléfono cuando vehículos militares empezaron a dispersar a los manifestantes. Lozano se trepó a un árbol para poder seguir filmando. “Vi como le echaban gas pimienta en la cara a un señor”, dijo. “Yo estaba grabando eso. Sentí que en ese momento podía contribuir mostrando lo que estaba sucediendo”.
Después de que Lozano filmara a una motocicleta policial que atropelló a un joven, un policía se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Lozano dijo ser periodista, pero el agente arrojó su teléfono al suelo y lo pisoteó, aseveró Lozano. Un segundo agente advirtió a Lozano que iría preso por daño a propiedad pública. “Traté de explicarles qué es lo que estaba haciendo, pero ellos no entendían”, indicó Lozano. “Me estaban golpeando con toletes”.
Llevaron a Lozano a una dependencia policial que normalmente se ocupa de delitos como robos, agresiones y violaciones sexuales. Desde allí, pudo comunicarse con sus supervisores en la universidad y con sus padres. La universidad envió abogados, y Lozano fue puesto en libertad dos horas después. Afirmó que no existe ningún informe policial de su detención. Lozano volvió al lugar de las protestas para seguir dando cobertura a lo que ocurría. “La situación los días siguientes era realmente preocupante”, explicó, “porque estábamos siendo atacados por ambos lados, por la policía y por los manifestantes”.
La Defensoría del Pueblo indica que entre el 3 y el 13 de octubre, 15 personas perdieron al menos un ojo durante las protestas. El 12 de octubre, las fuerzas de seguridad dispararon un cartucho de gas lacrimógeno directo al rostro de Jhajaira Urresta, quien participaba en una protesta pacífica luego del horario de toque de queda impuesto por el gobierno, a las 3 p.m. “Simplemente alcé los brazos y dije que ‘no más’”, aseveró Urresta al periódico El Comercio. Sostiene que el policía se detuvo a unos tres metros de distancia, la miró, le apuntó y disparó el cartucho que le impactó en el ojo, resultando en la pérdida de este.
Otros ejemplos de uso excesivo de la fuerza documentados por Human Rights Watch incluyen los siguientes:
- El 5 de octubre, se usaron convoyes y motocicletas militares para dispersar a manifestantes de las calles de Quito, señaló un testigo. Vio a cuatro policías en motocicletas que persiguieron a un hombre y le pasaron por encima durante una protesta en el parque Alameda.
- Según señaló un testigo, el 5 de octubre agentes de la policía rociaron gas lacrimógeno en el rostro de un hombre que ya estaba de rodillas.
- En varios casos, según indicaron testigos y la Defensoría del Pueblo, la policía disparó gases lacrimógenos a los manifestantes desde muy corta distancia. La Defensoría del Pueblo y la ministra de Gobierno María Paula Romo confirmaron que las fuerzas de seguridad habían usado cartuchos de gas lacrimógeno vencidos, cuya composición química puede ser inestable y presentan mayores probabilidades de causar asfixia.
Lesiones y muertes
Las estadísticas oficiales indican que hubo un total de 1.507 pacientes atendidos en el sistema de salud público por lesiones durante las protestas. De esta cifra, 435 eran agentes de las fuerzas de seguridad. La Defensoría del Pueblo indicó a Human Rights Watch que la cantidad de personas lesionadas era mayor y que al menos algunas lesiones no se habían registrado adecuadamente. Diversos testigos informaron a la Defensoría del Pueblo sobre irregularidades, como casos en que el personal de salud cambió datos en los formularios de admisión a emergencias para ocultar que se trataba de lesiones causadas en las protestas.
La Defensoría del Pueblo está investigando para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las 11 muertes que informó. Entre las cuatro muertes que habrían sido producto de un uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad que identificó la Defensoría del Pueblo se encuentran las de Marco Umberto Oto Rivera y José Daniel Chiluisa Cusco. Ambos cayeron del puente San Roque en Quito el 7 de octubre, al ser perseguidos por agentes de seguridad durante una protesta. Sufrieron graves lesiones y murieron en un hospital varios días más tarde, indicó un abogado de derechos humanos que le dio seguimiento al caso.
Arrestos
El Ministerio de Gobierno señaló a Human Rights Watch que 1.228 personas fueron detenidas en el contexto de las protestas por distintos delitos como paralización de servicios públicos, daño a la propiedad y ataque o resistencia a las fuerzas de seguridad. El 15 de octubre, la ministra de Gobernación Romo anunció que la mayoría de los detenidos habían sido liberados en menos de 24 horas. La Defensoría del Pueblo informó que el 76% de los detenidos habían sido liberados casi inmediatamente, algunos luego de que un juez determinara que su arresto había sido ilegal.
Abogados que representaban a personas detenidas en dos prominentes casos dijeron a Human Rights Watch que los partes policiales fueron escritos minutos antes de las audiencias, en vez de al momento de la detención, y contenían información incompleta y varias incongruencias:
- El 10 de octubre, 19 conductores de Uber y taxis, en su mayoría venezolanos que vivían en Ecuador, fueron detenidos en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Quito, en el suburbio de Tababela. Sus abogados dijeron a Human Rights Watch que la policía los obligó a arrodillarse y los mantuvo en esa posición dos horas, hasta que fueron llevados ante un juez. Diversos funcionarios públicos sostuvieron que se había pagado a personas extranjeras para desestabilizar al gobierno y que estas personas fueron detenidas por “infiltrarse” en las protestas.
Human Rights Watch consultó un informe policial en el que se intentaba justificar la detención de los 19 hombres por “actividades sospechosas e inusuales” que podían haber afectado la seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzner. Entre la prueba recabada por la policía había un bate de béisbol, dos navajas pequeñas y fotografías del avión presidencial.
Una abogada que intervino en el caso indicó que los conductores fueron detenidos durante un operativo policial, no en respuesta a la comisión de un delito en flagrancia, y que se los acusó de “asociación ilícita” pese a que las autoridades no identificaron cuál fue la conducta ilegal en la que pretendían incurrir. Los hechos que se describen en el informe policial, como esperar en las instalaciones del aeropuerto, tener fotografías de aviones y llevar navajas, no constituyen, en sí mismas, delito alguno.
De los 19 detenidos, 15 fueron liberados después de una primera audiencia y a cuatro se les concedieron medidas sustitutivas a la detención hasta la fecha de la última audiencia. El 14 de enero, un juez dispuso que se pusiera en libertad a los cuatro restantes por falta de pruebas.
- El 7 y 8 de octubre, periodistas alertaron a un grupo de abogados de derechos humanos que la policía había detenido y se había llevado a 83 manifestantes del edificio que es sede de la Asamblea Nacional. Uno de los abogados indicó a Human Rights Watch que fueron a buscar a los manifestantes detenidos a varias unidades de flagrancia de Quito, donde llevan habitualmente a personas que son detenidas mientras cometen un delito. Recién se supo su paradero el 9 de octubre, cuando los abogados se enteraron de que se encontraban en la sede central del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional.
La policía indicó a los abogados que era probable que las audiencias de las personas detenidas se llevaran a cabo en el edificio del Grupo de Intervención y Rescate. Sin embargo, luego de transcurrido el límite de 24 horas que establece el derecho ecuatoriano para retener a una persona antes de llevarla ante un juez, y sin avisar previamente a los abogados, la policía llevó a los detenidos ante un juez en un juzgado local.
Los abogados siguieron a los autobuses donde transportaban a los detenidos y pudieron hablar con ellos apenas cinco minutos antes de la audiencia. El juez los liberó pero autorizó que se investigara penalmente a 72 de los 83 detenidos por cargos de rebelión. Sostuvo que habían obstaculizado la sesión de la Asamblea Legislativa, sin especificar qué delitos concretos se atribuían a cada uno, indicó el abogado.
Secuestro y violencia contra agentes de las fuerzas de seguridad
Aproximadamente 435 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en el contexto de las protestas. Human Rights Watch recibió información creíble sobre casos de policías que perdieron un ojo o sufrieron quemaduras graves a causa de “cócteles molotov” preparados con gasolina. En varios lugares, también hubo casos de manifestantes que secuestraron a soldados y policías. La ministra de Gobierno Romo expresó en una conferencia de prensa que 202 agentes de seguridad fueron retenidos contra su voluntad por manifestantes, en algunos casos durante varios días.
Human Rights Watch consultó grabaciones de video de policías retenidos en la Casa de la Cultura, el complejo cultural donde se albergaron miembros de comunidades indígenas durante las protestas. Varios policías indicaron al medio local Plan V que las personas que los tuvieron rehenes los acusaban de ser responsables de la muerte de manifestantes. Según indicaron testigos, algunas personas instaron a que se aplicara la justicia indígena para castigar las transgresiones, mientras que otras protegieron a los policías secuestrados.
El 12 de octubre, manifestantes retuvieron a 54 policías cautivos por siete horas en un estadio en Calderón, en el norte de Quito, según Plan V. Cinco de ellos dijeron a Plan V que los manifestantes les quitaron los zapatos y otros artículos personales y los golpearon con palos y piedras mientras los obligaban a correr. Fueron rescatados por agentes de la policía especial, incluido el Grupo de Intervención y Rescate y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE).
Saqueos y destrucción de propiedad pública y privada
En la conferencia de prensa del 15 de octubre, la ministra de Gobernación Romo expresó que los manifestantes habían bloqueado 132 carreteras principales, y que esto redujo la disponibilidad de medicamentos, alimentos, gasolina y otros combustibles en gran parte del país. Romo mencionó ataques contra pozos petroleros, antenas de comunicación y el suministro de agua en la ciudad de Ambato. Indicó que hubo daños a 108 vehículos policiales, ataques contra 26 estaciones de policía y que se incendió un edificio donde funcionaba una unidad de vigilancia policial en el centro de Quito.
En tres ocasiones el 12 y 13 de octubre, un grupo de manifestantes atacaron la Contraloría General del Estado. Arrojaron cientos de documentos por la ventana y quemaron el edificio. Hay videos y fotografías que muestran el edificio arrasado por el fuego.
En las protestas también hubo graves actos de vandalismo contra la propiedad privada. Por ejemplo, el 12 de octubre, varias personas saquearon el restorán El Fogón Quiteño, de Vladimir Viteri, en el centro de Quito, y esto provocó daños estimados en USD 20.000.
Violencia contra medios de comunicación y periodistas
Tanto agentes de las fuerzas de seguridad como manifestantes atacaron a periodistas y medios de comunicación durante las protestas. La organización no gubernamental Fundamedios informó que 138 periodistas fueron víctimas de agresiones físicas y verbales, amenazas, hostigamiento, detenciones y obstaculización de su trabajo. Varios periodistas entrevistados por Human Rights Watch indicaron que entre el 3 y el 7 de octubre los ataques fueron infligidos por las fuerzas de seguridad; pero que a partir de ese momento y hasta el 13 de octubre, las agresiones provinieron de manifestantes.
- El 9 de octubre, un cartucho de gas lacrimógeno impactó en el rostro al periodista audiovisual Juan Carlos González, mientras informaba desde el Parque del Arbolito. En los medios se informó que González fue asistido por una brigada de socorro y llevado a un hospital.
- El 10 de octubre, un manifestante lanzó una piedra al periodista televisivo Freddy Paredes, cuando salía de la Casa de la Cultura tras cubrir una rueda de prensa brindada por organizaciones indígenas. La piedra le provocó una grave herida en la cabeza. El manifestante se encontraba en prisión preventiva al momento de la elaboración de este documento.
- El 12 de octubre, manifestantes atacaron la sede de varios medios, entre ellos el periódico El Comercio y las cadenas de noticias Teleamazonas y Ecuavisa, según trascendió en diversos medios.
Violencia contra organizaciones humanitarias y personal de salud
Las brigadas médicas sufrieron la hostilidad de policías y manifestantes mientras intentaban ayudar a personas heridas. Algunos manifestantes atacaron a personal humanitario y de salud, que tampoco recibió protección de las fuerzas de seguridad. La Cruz Roja ecuatoriana publicó videos en Internet en los que se veía a manifestantes arrojando objetos contra las ambulancias y a paramédicos intentando llegar a los heridos, en medio de manifestantes que los empujaban. Henry Ochoa, un paramédico de la Cruz Roja, indicó al Canal Uno que hubo daños a 12 ambulancias en las protestas. Al no poder conseguir ambulancias ni voluntarios, el 9 de octubre la Cruz Roja suspendió momentáneamente su trabajo humanitario, para reanudarlo al día siguiente.
El 12 de octubre, bomberos de Quito informaron que hubo ataques de manifestantes que intentaban llegar a la sede del canal de televisión Teleamazonas, luego de que algunos quemaran una antena y dos vehículos allí. “No existen garantías para que los efectivos puedan realizar su trabajo con seguridad”, expresaron en su cuenta de Twitter.
En la noche del 9 de octubre, policías arrojaron gases en los campus universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Politécnica Salesiana, que estaban siendo usadas como albergues para mujeres, niños y manifestantes heridos. Luego de esos hechos, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín acusó a las universidades de brindar apoyo logístico a “manifestantes y grupos que actuaban vandálicamente”. La ministra de Gobierno Romo se disculpó posteriormente porque se habían disparado cartuchos de gas lacrimógeno a los campus, expresó que estos espacios deben ser “seguros” y agregó que no volvería a ocurrir.
