(Washington, DC) – La Corte Constitucional del Ecuador debe proteger los derechos de los venezolanos que han huido al Ecuador, dijo Human Rights Watch en un memorial de amicus curiae presentado hoy ante la corte. El tribunal tiene programado llevar a cabo una audiencia sobre este tema el 22 de mayo de 2019.
El 11 de marzo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, junto con representantes de varias organizaciones ecuatorianas, solicitaron a la Corte Constitucional que declarara que los requisitos impuestos por el gobierno ecuatoriano a los venezolanos que buscan radicarse en Ecuador son inconstitucionales. El 27 de marzo, una sala de tres jueces admitió la acción de inconstitucionalidad y adoptó medidas provisionales suspendiendo dichos requisitos hasta la resolución definitiva del caso.
“La crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela genera una multiplicidad de factores que provocan que los venezolanos se vayan del país y que no puedan o no deseen regresar”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en el escrito. “Algunos de estos factores, por sí solos, podrían bastar para que una persona obtenga la condición de refugiada, mientras que el impacto acumulativo de varios factores podría habilitar a otras personas a solicitar el reconocimiento como refugiados.”
Otras personas que huyen de Venezuela no cumplen con los requisitos para solicitar estatus de refugiados, pero enfrentarían graves dificultades si fueran obligadas a regresar a Venezuela y tienen una necesidad urgente de recibir asistencia humanitaria en los países a los cuales han migrado, dijo Human Rights Watch.
El sistema de salud venezolano está totalmente colapsado. Han aumentado la mortalidad materna e infantil; se propagaron enfermedades que podrían prevenirse con vacunación, como el sarampión y la difteria; e incrementaron enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis. Aunque el Gobierno dejó de publicar datos oficiales sobre nutrición en 2007, las investigaciones de organizaciones y universidades venezolanas documentan altos niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición infantil, y los datos disponibles muestran una alta proporción de niños y niñas ingresados en hospitales con desnutrición.
Según el Representante Especial Conjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para los refugiados y los migrantes de Venezuela, más de 3,7 millones de venezolanos han huido de su país. Se estima que 250.000 venezolanos han llegado a Ecuador. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha señalado que, hasta diciembre de 2018, más de 13.000 venezolanos habían pedido asilo y otros más de 98.000 tenían otro tipo de estatus regular.
En agosto de 2018, las autoridades ecuatorianas anunciaron que exigirían que los venezolanos presentaran un pasaporte para ingresar al país. El Gobierno ecuatoriano canceló la medida, luego de que una jueza se pronunciara en contra, pero anunció también que exigiría que los venezolanos sin pasaporte presentaran un certificado de validez de sus documentos de identidad venezolanos emitido por una autoridad internacional o regional reconocida por Ecuador, o por autoridades venezolanas competentes.
En enero, las autoridades ecuatorianas exigieron que todos los venezolanos que quisieran ingresar a Ecuador presentaran sus antecedentes penales de su país de origen o del país donde habían residido los cinco años precedentes. En febrero, Ecuador eximió del requisito de presentar antecedentes penales a los niños y niñas, personas con familiares ecuatorianos, personas con estatus de residente en Ecuador y personas en tránsito hacia otro país.
Los gobiernos que han adoptado medidas que exigen que los venezolanos presenten pasaportes válidos para obtener determinados tipos de estatus inmigratorio legal deberían asegurarse de que esto no impida nunca que los venezolanos que no tienen esos documentos puedan solicitar que se los reconozca como refugiados, ni que se los penalice por el ingreso o la permanencia no autorizados, sostuvo Human Rights Watch. En general, y en vista de las dificultades que enfrentan numerosos venezolanos para obtener pasaportes, los gobiernos deberían considerar si hay otros medios razonables y flexibles para verificar la identidad y nacionalidad de los venezolanos que pretenden ingresar al país.
