China: cómo funciona la vigilancia masiva en Xinjiang

Las autoridades chinas están utilizando una aplicación móvil para la vigilancia masiva ilegal y la detención arbitraria de musulmanes en la región occidental de Xinjiang en China.

(Nueva York, 2 de mayo de 2019) – Las autoridades chinas están utilizando una aplicación móvil para la vigilancia masiva ilegal y la detención arbitraria de musulmanes en la región occidental de Xinjiang en China, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 68 páginas, ‘China’s Algorithms of Repression’: Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App(“‘Algoritmos de represión en China’: la ingeniería inversa de una aplicación de vigilancia masiva de la policía en Xinjiang”) (resumen y recomendaciones disponibles en español), presenta nuevas pruebas del sistema de vigilancia que controla Xinjiang, donde el gobierno ha sometido a 13 millones de musulmanes turcos a una mayor represión como parte de su “Campaña de Mano Dura contra el Terrorismo Violento”. Entre enero de 2018 y febrero de 2019, Human Rights Watch pudo ejecutar la ingeniería inversa de una aplicación móvil que utilizan los funcionarios para conectarse a la Plataforma Integrada de Operaciones Conjuntas (IJOP, por sus siglas en inglés), el programa policial de Xinjiang que agrega información sobre las personas a una base de datos e identifica a las que considera potencialmente una amenaza. Al examinar el diseño de la aplicación, que en ese momento estaba disponible públicamente, Human Rights Watch reveló de manera específica los tipos de comportamientos y personas a los que apunta este sistema de vigilancia masiva.

“Nuestra investigación muestra, por primera vez, que la policía de Xinjiang está utilizando información recopilada de manera ilegal sobre el comportamiento perfectamente legal de las personas, y la está utilizando en su contra”, dijo Maya Wang, investigadora principal de China de Human Rights Watch. “El gobierno chino está monitoreando cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos de Xinjiang: selecciona a aquellos de los que desconfía y a estos los somete a un escrutinio adicional”.

Human Rights Watch también divulgó distintas capturas de pantalla de la aplicación.

Las autoridades de Xinjiang están recopilando un amplio abanico de información de ciudadanos corrientes, que abarca desde su grupo sanguíneo hasta su altura y desde su “entorno religioso” hasta su afiliación política. La plataforma policial distingue 36 perfiles de personas para la recolección de datos. Entre ellos se incluyen personas que hayan dejado de usar teléfonos inteligentes, aquellas que no “socializan con los vecinos” y las que “recolectaron dinero o materiales para mezquitas”.

La plataforma de la IJOP rastrea a todos los residentes de Xinjiang. Controla los movimientos de las personas mediante el rastreo de sus teléfonos, vehículos y tarjetas de identificación. Lleva a cabo un seguimiento del uso que hacen de las estaciones de electricidad y gasolina. Human Rights Watch descubrió que el sistema y algunos de los puntos de control de la región colaboran para formar una serie de cercos invisibles o virtuales. La libertad de movimiento de las personas está restringida en diversos grados dependiendo del nivel de amenaza que las autoridades perciban, el cual está determinado por factores programados en el sistema.

Un ex residente de Xinjiang dijo a Human Rights Watch una semana después de haber sido puesto en libertad tras una detención arbitraria: “Estaba entrando en un centro comercial y se disparó una alarma naranja”. Acudió la policía y lo llevó a una comisaría. “Les dije: ‘Estuve en un centro de detención y ustedes me liberaron porque era inocente’ (...) La policía me dijo: ‘No vaya a ningún lugar público’ (…) Yo respondí: ‘Entonces, ¿qué hago? ¿Quedarme en casa?’. Él dijo: ‘Sí, al menos es mejor que esto, ¿verdad?’”.

Las autoridades han programado la aplicación de la IJOP de manera que trata muchas actividades legales y ordinarias como indicadores de comportamiento sospechoso, como por ejemplo:

  • El sistema detecta cuando el propietario registrado de un automóvil no es la misma persona que la que está poniendo gasolina. En ese caso, la aplicación alerta a funcionarios gubernamentales cercanos para que abran una investigación, registren las razones de la disparidad mediante un menú desplegable y decidan si este caso parece sospechoso y requiere una investigación policial más exhaustiva.

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  • La aplicación alerta a los funcionarios sobre las personas que realizaron viajes al extranjero considerados excesivamente largos, luego les pide a los funcionarios que interroguen a la persona “fuera de plazo” o a sus familiares y otros conocidos, y les piden detalles sobre el viaje. La aplicación también instruye a los funcionarios para que revisen el teléfono de la persona “que ha viajado en busca de “contenido sospechoso”.

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  • El sistema alerta a los funcionarios en caso de perder la pista del teléfono de una persona, para determinar si las acciones del propietario son sospechosas y requieren ser investigadas.

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Algunas de las investigaciones consisten en revisar los teléfonos de las personas en busca de cualquiera de las 51 herramientas digitales consideradas sospechosas, entre ellas WhatsApp, Viber, Telegram y redes privadas virtuales (VPN), según Human Rights Watch. El sistema de la IJOP también supervisa las relaciones de las personas, identificando como sospechoso viajar con alguien que se encuentre en una lista de vigilancia policial, por ejemplo, o cualquier persona relacionada con alguien que haya obtenido recientemente un nuevo número de teléfono.

A partir de estos criterios ambiguos y cuestionables, el sistema genera listas de personas a ser evaluadas por los funcionarios para su detención. Documentos oficiales especifican que los individuos “que deberían ser detenidos, deben ser detenidos”, lo que sugiere que el objetivo es detener al máximo número de personas consideradas “poco fiables”. A continuación, esas personas son interrogadas sin ningún tipo de protección procesal fundamental. No tienen derecho a asesoramiento jurídico, y algunas son sometidas a torturas y malos tratos, para lo que no reciben ningún tipo de reparación efectiva.

El sistema de la IJOP fue desarrollado por China Electronics Technology Group Corporation (CETC), un importante contratista militar estatal de China. La aplicación de la IJOP fue desarrollada por Hebei Far East Communication System Engineering Company (HBFEC), una compañía que, en el momento del desarrollo de la aplicación, era totalmente propiedad de CETC. Human Rights Watch no recibió respuesta a su carta enviada a CETC y HBFEC solicitando información sobre la aplicación y el sistema IJOP.

En el marco de la Campaña de Mano Dura, las autoridades de Xinjiang también han recopilado datos biométricos, incluidas muestras de ADN, huellas dactilares, escáneres de iris y grupos sanguíneos de todos los residentes de la región de 12 a 65 años. Las autoridades exigen que los residentes den muestras de voz cuando solicitan un pasaporte. Todos estos datos son agregados a bases de datos gubernamentales centralizadas e indexadas. A pesar de que los sistemas de Xinjiang son especialmente intrusivos, su diseño básico es similar a los que la policía está planeando e implementando en toda China.

El gobierno chino debería cerrar inmediatamente la plataforma IJOP y eliminar todos los datos que ha recopilado de personas en Xinjiang, dijo Human Rights Watch. Los gobiernos extranjeros preocupados por la situación deberían imponer sanciones específicas, como por ejemplo en el marco de la Ley Global Magnitsky de Estados Unidos, incluso mediante la prohibición de visados y la congelación de activos, contra el secretario del Partido de Xinjiang, Chen Quanguo, y otros funcionarios de alto nivel vinculados a los abusos cometidos como parte de la Campaña de Mano Dura. También deberían imponer mecanismos apropiados de control a la exportación para evitar que el gobierno chino obtenga tecnologías utilizadas para violar derechos fundamentales. Los países miembros de las Naciones Unidas deberían presionar para que se envíe una misión internacional de investigación para que evalúe la situación en Xinjiang e informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, el gobierno represivo de China se ha convertido en una pesadilla distópica para los musulmanes de Xinjiang”, señaló Wang. “Los gobiernos extranjeros deberían reconocer la necesidad de imponer controles a la exportación, sanciones específicas y mecanismos de protección para la privacidad más fuertes para evitar que estas deplorables prácticas de Beijing se propaguen por el mundo”.

Testimonios de antiguos residentes de Xinjiang

Los nombres y los detalles que identificarían a las personas entrevistadas han sido ocultados por razones de seguridad. Todos los nombres son seudónimos.

 

Estaba conduciendo cuando la policía de tránsito me detuvo (...) Luego, unos cuantos agentes de la policía SWAT vinieron y exigieron que les entregara mi teléfono. Lo hice y conectaron el teléfono (…) Había diferentes cables para diferentes tipos de teléfonos. Enchufaron mi iPhone, pero no vi lo que buscaban. Después de unos cinco minutos me devolvieron el teléfono y me dijeron que podía irme.

La gente no sabe si lo que tienen en sus teléfonos (aplicaciones, contenido de sitios web) es considerado “ilegal” o “terrorista”. Yo tampoco sé cuál es el contenido ilegal. He oído cosas por ahí, pero no lo sé. Nunca lo he visto.

– Nurmuhemmet, que huyó de Urumqi, capital de Xinjiang en 2017; junio de 2018

 

Cuando intenté salir de la región, mi identificación [emitía un sonido] en los puntos de control de la policía (...) La policía me dijo que no podía salir de la región [de Hukou], porque estaba en la lista negra. Así que fui a la policía de mi pueblo y dije: “Tengo hijos y necesito autorización para poder salir”. Pero la policía no me la concedió, así que no podía salir de la región. Me enfadé mucho y dije: “O me matas, me metes en la cárcel o me suicido”.

– Ehmet, un ex detenido que pasó meses en un campo de educación política; mayo de 2018.

 

El funcionario llamó a mi madre y le preguntó cuántos años había tenido este número de teléfono (...) Ella dijo “once”, y la policía dijo: “¡Mientes, son siete!”. Se asustó y accidentalmente cortó la llamada telefónica.

– Aylin, una estudiante universitaria que contó que su madre se encuentra en un campo de educación política por usar una tarjeta SIM de teléfono que no le pertenecía; mayo de 2018.