La presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Maxine Waters,  durante una audiencia con líderes de los principales bancos, el miércoles 10 de abril de 2019 en Washington, DC.

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(Washington D.C.) – El Congreso de Estados Unidos debería promulgar un proyecto de ley que brindaría a las autoridades una herramienta crucial para erradicar la corrupción y promover los derechos humanos, señalaron diez organizaciones de derechos humanos en una carta enviada hoy a miembros del Congreso. Si bien todavía no ha sido presentada formalmente, una versión preliminar de la Ley de Transparencia Societaria (Corporate Transparency Act) de 2019 fue presentada durante una audiencia de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 13 de marzo y será debatida mañana en una sesión informativa en el Congreso.

El proyecto exigiría que los estadounidenses divulguen información sobre las personas que verdaderamente son las propietarias de las sociedades o tienen una participación mayoritaria en ellas, lo cual contribuiría a dificultar que funcionarios extranjeros corruptos inscriban sociedades en forma anónima con el fin de ocultar ganancias ilícitas, así como para eludir toda rendición de cuentas jurídica.

Las organizaciones son Amnesty International USA, Freedom House, Global Witness, Human Rights First, Human Rights Watch, International Corporate Accountability Roundtable, International Labor Rights Forum, EarthRights International, EG Justice y Enough Project.

En muchos países, la corrupción representa un serio obstáculo para la defensa efectiva de los derechos humanos. La pérdida de recursos frustra la capacidad de un gobierno de invertir en salud, educación, vivienda y otros derechos básicos. A menudo, políticos corruptos actúan contra los activistas que luchan por la transparencia o contra periodistas y otras personas que se cree, podrían dar a conocer delitos que ellos han cometido y la forma en que abusan del sistema de justicia penal para castigar a críticos y protegerse de la posibilidad de ser perseguidos penalmente.

“Permitir que las empresas movilicen millones de dólares sin que nadie sepa a quién pertenecen es una ventaja gratuita para los funcionarios extranjeros corruptos que buscan blanquear dinero espurio”, explicó Sarah Saadoun, investigadora sobre Empresas de Human Rights Watch. “El Congreso de EE. UU. debería aprobar esta ley para exponer a quienes blanquean capitales y contribuir a que se restituya el dinero que robaron al público al que pertenece”.