Miembros de la armada colombiana patrullan las aguas del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, en la costa pacífica de Colombia, el 14 de abril de 2018, en el contexto de una operación militar desplegada por Ecuador y Colombia contra el grupo armado que secuestró y mató a dos periodistas ecuatorianos y a su chofer. En reacción a estos asesinatos, Ecuador y Colombia realizaron una operación militar en la zona fronteriza donde tienen presencia activa resabios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las fuerzas militares ecuatorianas han atribuido responsabilidad por el secuestro al Frente Oliver Sinisterra.

©2018 Raul Arboleda/AFP/Getty Images
Un día de julio de 2017, varios hombres armados se presentaron en la vivienda de Natalia, en una zona rural de Tumaco.  

Los hombres obligaron a Natalia y a su esposo a salir de la casa. Uno de ellos llevó a Natalia hasta un monte. Allí la violó. Natalia regresó tambaleándose hasta su casa. Algunas horas más tarde, su esposo llegó con heridas en todo el cuerpo. (Hemos usado un seudónimo para proteger a la víctima).

En un informe reciente, documentamos los ataques perpetrados por grupos armados a residentes de zonas urbanas y veredas rurales de Tumaco. Al igual que Natalia, en los últimos años, decenas de mujeres y niñas han sufrido abusos sexuales, incluidas violaciones, por parte de estos grupos. Entre enero de 2017 y fines de 2018, más de 70 personas en Tumaco reportaron abusos sexuales vinculados con el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas. Se trata, por lejos, del mayor número de casos para cualquier municipio de Colombia.  

Al igual que las violaciones sexuales, los homicidios fueron excesivamente altos en Tumaco el año pasado. De hecho, alcanzaron su máximo nivel en seis años, a pesar de la firma de la paz con las FARC. En diciembre, sin embargo, los grupos armados habrían llegado a un acuerdo, por el cual se comprometen a cesar los enfrentamientos en la ciudad. Esto hizo que disminuyera el número de homicidios: las estadísticas oficiales muestran que en enero ocurrieron 11 asesinatos; muchos menos que los 19 de noviembre.  

No obstante, en las zonas rurales, donde no hay tregua, los grupos armados siguen cometiendo gravísimos abusos, incluidas violaciones sexuales.

La Fiscalía no ha garantizado que haya justicia por estos delitos aberrantes sexuales. Nadie ha sido condenado por delitos sexuales cometidos en Tumaco desde 2017, según informó la Fiscalía a Human Rights Watch. Y apenas cuatro personas han sido imputadas.

Estos magros resultados no son sorprendentes. Existen falencias estructurales que limitan la capacidad de las autoridades para perseguir penalmente los hechos de violencia sexual en el municipio. En efecto, en Tumaco solamente hay una fiscal a cargo de la investigación y la persecución penal de este tipo de delitos. La fiscal actualmente tiene a su cargo 742 casos.

Además, coordina un Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (CAIVAS), cuyo objetivo teórico es brindar apoyo psicológico, social, legal, forense y médico a las víctimas. Tras discutir nuestro informe con el fiscal general en diciembre, la Fiscalía incrementó de apenas uno a seis la cantidad de investigadores en el CAIVAS de Tumaco. Sin embargo, el organismo aún cuenta con un equipo reducido de investigadores y asistentes, de manera que no está en condiciones de afrontar los casos que recibe, ni mucho menos de brindar servicios integrales de apoyo a las víctimas. En la sede no hay médicos, psicólogos ni trabajadores sociales.

Muchas mujeres en Tumaco no denuncian los delitos sexuales que sufren. Ello tampoco debería sorprender a nadie considerando que el gobierno prácticamente no ofrece ninguna protección a quienes se atreven a hacerlo. A veces, la policía no hace presencia en los barrios o zonas rurales para proteger a las víctimas si allí hay presencia de grupos armados. Y en muchos casos las víctimas desisten de pedir protección por temor a que los grupos armados las acusen de ser informantes o las obliguen a pagar una “multa” por llamar a la policía.

El derecho colombiano exige que el gobierno brinde vivienda temporal, transporte y alimentos a las víctimas de violencia sexual que lo soliciten. Pero es casi un milagro que ello ocurra en Tumaco.

Funcionarios y residentes de Tumaco nos dijeron que un albergue para víctimas de violencia sexual sería de suma utilidad para proteger a las víctimas. En diciembre, transmití esta recomendación a altas autoridades del gobierno nacional. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez está comenzando a recaudar fondos para ello.

El albergue debería permitir que las mujeres se refugien allí con sus familias. Nuestras investigaciones en otras zonas de Colombia demuestran que las mujeres que sufren violencia sexual –o son amenazadas con sufrir estos crímenes—por parte de grupos armados en general no desean desplazarse sin sus familias.

La muerte de “Guacho” no resuelve los problemas más profundos de Tumaco. Las autoridades no deberían dejar a quienes viven en el municipio, y en especial a las mujeres que sufren atroces crímenes sexuales, abandonados a su propia suerte.