Emma Guadalupe Molina Theissen y su madre Emma llegan a una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala, el viernes 25 de mayo de 2018. Cuatro militares retirados de alto rango fueron condenados el míercoles por crímenes de lesa humanidad y otros cargos vinculados a la violación sexual y tortura de Emma Guadalupe, que ocurrieron en 1981, y la desaparición de su hermano adolescente Marco Antonio.

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(Nueva York) – El Congreso de Guatemala debería cumplir con una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 12 de marzo de 2019, que exige que se interrumpa el trámite de una ley que otorgaría una amnistía a casos de genocidio y otras atrocidades del pasado, señaló hoy Human Rights Watch.

El proyecto de ley liberaría a decenas de militares condenados por graves abusos y prohibiría toda posibilidad futura de juicios por las violaciones de derechos humanos perpetradas durante los 36 años de conflicto armado interno en el país, el cual terminó en 1996. Una comisión de la verdad patrocinada por la ONU determinó que miembros de las fuerzas de seguridad guatemaltecas habían cometido cientos de masacres de civiles durante el conflicto, incluidos actos de genocidio.

"La lucha por la justicia en Guatemala ha encontrado numerosos obstáculos a lo largo de los años, pero esta amnistía para actos de genocidio podría ser el ataque más burdo al Estado de derecho que hemos visto”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Aprobar esta amnistía sería una violación flagrante de las obligaciones asumidas por Guatemala conforme al derecho internacional y sería un desacato a una orden directa y vinculante de la Corte Interamericana”.

El proyecto reformaría la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, que estableció que no habría amnistía para casos de genocidio, tortura y desapariciones forzadas. El Congreso guatemalteco ya aprobó en dos primeras lecturas el proyecto de amnistía y se espera una tercera y última lectura esta semana.

En una sentencia del 12 de marzo, la Corte Interamericana dispuso que Guatemala archivara el proyecto de ley. El pronunciamiento es jurídicamente vinculante para Guatemala.