El presidente Jimmy Morales en una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala el 31 de agosto de 2018. Morales anunció que no renovaría el mandato de una comisión contra la corrupción de la ONU, a la que acusó de interferencia en asuntos internos.

© 2018 ORLANDO ESTRADA/AFP/Getty Images

(Nueva York) — El presidente Jimmy Morales debe cumplir con una orden judicial que permite que regrese a Guatemala el titular de una comisión patrocinada por la ONU, señaló hoy Human Rights Watch.

El 16 de septiembre de 2018, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dispuso que el presidente Morales debe permitir que el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ingrese al país sin restricciones. El 4 de septiembre, el presidente Morales había anunciado que no se permitiría volver a entrar al país al comisionado Iván Velásquez, quien en ese momento se encontraba en un viaje laboral en el exterior.

Una vez más, la Corte de Constitucionalidad ha defendido el Estado de derecho en Guatemala y ha frustrado los intentos del presidente Morales de entorpecer el trabajo de la CICIG.

Daniel Wilkinson

Managing Director, Americas Division

“Una vez más, la Corte de Constitucionalidad ha defendido el Estado de derecho en Guatemala y ha frustrado los intentos del presidente Morales de entorpecer el trabajo de la CICIG”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “La corte ahora está analizando una petición de ampliación sobre su resolución, con la cual debe cumplir cabalmente el presidente Morales”.   

En 2017, la Corte de Constitucionalidad frenó una orden para expulsar del país al comisionado Velásquez. El presidente Morales dictó la orden dos días después de que la comisión y la fiscal general pidieran su desafuero para que pudiera ser investigado por su presunto rol en financiamiento electoral ilícito.

La resolución del 16 de septiembre, un amparo provisional que tiene efectos vinculantes hasta que la corte dicte una decisión definitiva, ordenó además al presidente Morales a resolver cualquier controversia con respecto a la comisión a través de negociaciones con las Naciones Unidas. El acuerdo suscrito en diciembre de 2006 entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas para crear la comisión dispone que “[t]oda controversia entre las partes (…) se resolverá por negociación”.

En una conferencia de prensa ofrecida el 17 de septiembre, el procurador general de Guatemala manifestó que, dado que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad no mencionaba al comisionado Velásquez por su nombre, la obligación del gobierno era permitir que un comisionado —no necesariamente el actual— ingrese al país y que negociaría la selección de un nuevo comisionado con las Naciones Unidas.

La ministra de Relaciones Exteriores manifestó que el gobierno ya no considera que Velásquez sea el titular de la CICIG y que, acatando órdenes presidenciales, ha pedido que el secretario general de la ONU envíe una lista de candidatos en un plazo de 48 horas. El ministro de Gobernación anunció que “Iván Velásquez Gómez no ingresará al territorio nacional”.

Respetados constitucionalistas guatemaltecos dijeron a Human Rights Watch que consideran que los argumentos jurídicos del gobierno son insostenibles. El 18 de septiembre, el abogado que había presentado el amparo presentó una petición de ampliación a la Corte de Constitucionalidad. La Corte está analizando actualmente esta petición.

El 6 de septiembre, pocos días después de haber prohibido que el comisionado Velásquez volviera a entrar al país, Morales expresó que “no acatará órdenes ilegales”, presuntamente en alusión a la decisión de la Corte de Constitucionalidad.

“El presidente no tiene más alternativa que cumplir plenamente con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad”, apuntó Wilkinson. “De lo contrario, violaría de forma manifiesta el orden constitucional del país y justificaría que la OEA invoque la Carta Democrática Interamericana con el objetivo de restablecer el Estado de derecho en Guatemala”.

La Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) estipula que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, y que los gobiernos tienen la obligación de asegurar su promoción y defensa. La Carta establece que el Secretario General de la OEA o cualquier otro país miembro puede convocar una sesión del Consejo Permanente para que aborde situaciones en las que haya existido una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro”. Esta aplicación de la Carta no requiere del consentimiento del gobierno del país cuya democracia ha sido afectada.