(Nueva York) – La decisión del Presidente Jimmy Morales de poner fin al mandato de un órgano de investigación respaldado por la ONU constituye un fuerte revés para los esfuerzos contra la corrupción, el abuso de poder y la impunidad en Guatemala, señaló hoy Human Rights Watch.

El 31 de agosto de 2018, Morales anunció que no pediría que se prorrogue el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que culmina en septiembre de 2019. La CICIG investiga señalamientos de financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Morales y participa en el proceso contra el hijo y el hermano del mandatario por fraude. Morales hizo el anuncio acompañado de decenas de altos mandos militares, poco después de que 12 vehículos jeep militares se situaran frente a la sede de la CICIG en la Ciudad de Guatemala.

Si alguien todavía tenía dudas sobre de qué lado estaba Morales, hoy se hizo evidente que se ha alineado con las fuerzas de la corrupción y la impunidad.

Daniel Wilkinson

Director adjunto para las Américas

“El Presidente Morales ya lleva más de un año buscando protegerse a él y a su familia de la justicia”, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Ahora logró desactivar la comisión avalada por la ONU que tiene a su cargo la investigación”.

Desde que la CICIG empezó a investigar a Morales por posibles hechos de corrupción, el presidente ha llevado adelante una campaña implacable para frustrar la labor de esa institución, apuntó Human Rights Watch.

En agosto de 2017, Morales dispuso la expulsión del Comisionado de la CICIG Iván Velásquez, días después de que la CICIG y la fiscal general guatemalteca anunciaran que estaban investigando a Morales por presunto financiamiento electoral ilegal. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala bloqueó la expulsión. El 10 de agosto de 2018, la CICIG y la fiscal general presentaron una solicitud al Congreso para que se le quitara la inmunidad a Morales.

La CICIG es uno de los mecanismos contra la corrupción más eficaces de América Latina, explicó Human Rights Watch. Desde que empezó a funcionar en 2007, Guatemala ha conseguido avances sin precedentes en la búsqueda de justicia por hechos de corrupción y abuso de poder. Ha conseguido que se imputara a cuatro expresidentes, y a más de una decena de exministros y una cantidad incluso mayor de exlegisladores por hechos de corrupción. Las investigaciones de la CICIG también han posibilitado que se condene a por lo menos 58 personas implicadas en seis casos distintos de narcotráfico.

En una carta enviada el 31 de agosto al Secretario General de la ONU António Guterres, Morales escribió que la CICIG debería dedicar el tiempo que le resta a transferir “capacidades técnicas” a las instituciones locales. Debido al volumen de casos en las que interviene la CICIG y a las demoras crónicas en la justicia guatemalteca, es altamente improbable que éste y otros casos importantes se resuelvan en un lapso de un año.

“Si alguien todavía tenía dudas sobre de qué lado estaba Morales, hoy se hizo evidente que se ha alineado con las fuerzas de la corrupción y la impunidad”, opinó Wilkinson. “Cuando la comisión se haya ido, el progreso precario, pero vital, que ha logrado Guatemala en el fortalecimiento del estado de derecho se frenará y es muy probable que empiece a retroceder”.