Estudiantes iraníes protestan en la Universidad de Teherán por los problemas económicos que sufre el país La manifestación tuvo lugar en la capital, Teherán, el 30 de diciembre de 2017. 

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(Beirut) – Las autoridades iraníes llevaron a cabo arrestos masivos arbitrarios y violaciones graves del debido proceso durante 2018 en respuesta a las protestas en todo el país por el deterioro de las condiciones económicas, la percepción de corrupción y la falta de libertades políticas y sociales, dijo Human Rights Watch en su Informe Mundial 2019. Las autoridades reforzaron su control sobre el activismo pacífico deteniendo a abogados, defensores de los derechos humanos y activistas de los derechos de las mujeres.

Desde el 24 de enero, el Servicio de Inteligencia de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha detenido a ocho activistas medioambientales: Taher Ghadirian, Niloufar Bayani, Amirhossein Khaleghi, Houman Jokar, Sam Rajabi, Sepideh Kashani, Morad Tahbaz y Abdolreza Kouhpayeh. Las autoridades los han acusado, sin presentar evidencias, de usar proyectos ambientales como un pretexto para recopilar información estratégica clasificada. Al parecer, cuatro se enfrentan a la pena capital. El 10 de febrero, la familia de Kavous Seyed Emami, un conocido ambientalista y profesor iraní-canadiense, informó que había muerto en detención. Las autoridades afirmaron que se suicidó, pero no han llevado a cabo una investigación imparcial.

“Los líderes iraníes culpan al mundo por sus problemas, pero no se miran en el espejo para reflexionar sobre cómo la represión sistemática contribuye a la frustración de su pueblo”, dijo Sarah Leah Whitson, directora de Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch. “El aparato de seguridad de Irán y su sistema judicial represivo y falto de responsabilidad, constituyen serios obstáculos para el respeto y la protección de los derechos humanos”.

En la 29.a edición del Informe Mundial 2019, de 674 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 100 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth destaca la resistencia que se está gestando ante al odio y la intolerancia que profesan los populistas en muchos países. Los excesos autocráticos están encontrando freno en las nuevas alianzas forjadas por gobiernos que respetan los derechos, a menudo, con el apoyo y a instancias de organizaciones cívicas y del público. Sus logros ponen de manifiesto la posibilidad  – y, por cierto, la responsabilidad –  de defender los derechos humanos incluso en épocas más sombrías.

Human Rights Watch ha documentado que desde 2014, el CGRI ha arrestado a al menos 14 ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad que parecían tener vínculos con instituciones académicas, económicas y culturales occidentales. Estos ciudadanos permanecen encarcelados bajo cargos imprecisos, como “cooperar con un estado hostil”, privados de las garantías procesales y difamados de manera rutinaria en los medios de comunicación gubernamentales. Las autoridades no han presentado públicamente ninguna acción específica o documento vinculado a ellos, que demuestre las posibles infracciones.

Las autoridades arrestaron a miles de personas en protestas y, en juicios injustos marcados por violaciones al debido proceso, dictaron duras condenas, incluso por el ejercicio legítimo de las libertades fundamentales de las personas. Para restringir el acceso de los detenidos a la asesoría jurídica, particularmente durante el período de investigación, el poder judicial limitó la lista de abogados que podrían representar a las personas acusadas de delitos de seguridad nacional.

A pesar de que hasta noviembre al menos 30 personas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad, habían muerto durante las protestas, los funcionarios iraníes no han investigado de manera creíble las muertes, ni siquiera las de las personas detenidas, ni el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones.

Sin embargo, en un avance positivo, desde noviembre de 2017, el poder judicial ha suspendido la mayoría de las ejecuciones de personas condenadas por delitos de drogas para revisar sus casos de acuerdo con una enmienda parlamentaria de la ley de drogas de Irán, que elevó los requisitos para dictar sentencias de muerte. Sin embargo, durante 2018, las autoridades ejecutaron al menos a cinco personas por delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores de edad.

En diciembre de 2017 y enero de 2018, varias mujeres se quitaron el velo mientras en todo el país para protestar por la ley de hijab obligatoria de Irán. Los tribunales condenaron a varias de ellas a prisión. Los agentes de inteligencia también reprimieron protestas pacíficas contra las abusivas leyes de hijab. Arrestaron a Nasrin Sotoudeh, una destacada abogada de derechos humanos, a su marido, Reza Khandan, y a Farhard Meysami, otro defensor de derechos humanos.

El gobierno discrimina a los Bahá’ís y otras minorías religiosas, incluidos los musulmanes sunitas, y restringe las actividades culturales y políticas entre las minorías étnicas azeríes, kurdas, árabes y baluchis del país.

Las personas con discapacidad enfrentan el estigma, la discriminación y la falta de acceso a servicios sociales, atención médica y transporte público. En marzo, el parlamento aprobó una ley que aumenta las pensiones de discapacidad y la cobertura del seguro para servicios de salud relacionados con la discapacidad. Pero los medios de comunicación han informado que el presupuesto 2019-2020 no asigna fondos suficientes para proporcionar las nuevas prestaciones.