El informe, de 64 páginas, “Violencia reciclada: Abusos por grupos disidentes de las FARC en Tumaco, en la costa pacífica de Colombia” demuestra que deficiencias en la desmovilización de miembros de las FARC —y en su reincorporación a la sociedad— contribuyeron a que se formaran disidencias de la guerrilla. Estos grupos, incluidos Guerrillas Unidas del Pacífico y Frente Oliver Sinisterra, ahora asolan barrios urbanos y veredas rurales de Tumaco. Las disidencias han contribuido a causar un drástico aumento en la tasa de homicidios.
“Los residentes de Tumaco esperaban que el acuerdo finalmente trajera paz a sus comunidades, pero sus esperanzas pronto se vieron frustradas”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los disidentes de las FARC en la actualidad matan y hacen desaparecer a quienes se atreven a cuestionarlos, violan a mujeres y niñas, reclutan a niños y han obligado a miles de personas a desplazarse”.
Durante muchos años, los residentes de Tumaco han sufrido abusos aberrantes cometidos por grupos armados, incluidos paramilitares de derecha y sus grupos sucesores, así como por las FARC. En 2014, antes del acuerdo de paz, Human Rights Watch documentó abusos perpetrados en Tumaco por las FARC y los Rastrojos, un grupo armado que se formó a partir de la fallida desmovilización de los paramilitares. En la actualidad, los residentes de Tumaco sufren crímenes atroces por parte de las disidencias de las FARC.
En 2017, la tasa de homicidios en Tumaco era cuatro veces superior a la tasa nacional. Los datos hasta septiembre muestran que los asesinatos aumentaron casi un 50% durante 2018. Los residentes de Tumaco pueden ser asesinados por tan solo cruzar una “frontera invisible” hacia un barrio donde no son conocidos por el grupo armado que controla la zona.
Los grupos armados asesinan a líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. Desde enero de 2017 al menos siete defensores de derechos humanos han sido asesinados en Tumaco. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tumaco es el municipio donde más homicidios de este tipo han ocurrido en Colombia desde 2017.
Los grupos armados en Tumaco, incluidos grupos disidentes de las FARC, cometen violaciones sexuales. En ningún otro lugar de Colombia la violencia sexual perpetrada por grupos armados parece ser tan extendida, en términos absolutos, como en Tumaco. Human Rights Watch documentó el caso de una niña de 14 años que fue violada en una zona rural de Tumaco en octubre de 2017. Cuatro hombres armados se presentaron en su vivienda una noche, cerca de las 11 p.m., y dijeron a sus padres que “el jefe” del grupo había preguntado por la niña. Se la llevaron, y la regresaron al día siguiente con varias heridas. La víctima les dijo a sus padres que varios hombres la habían violado.
Los grupos disidentes de las FARC son responsables de desapariciones y secuestros en Tumaco. Los residentes creen que los cuerpos de muchas de las personas desaparecidas son arrojados al mar, a esteros o ríos.
En marzo, el Frente Oliver Sinisterra secuestró a tres empleados del periódico ecuatoriano El Comercio que cubrían las actividades de la disidencia en Mataje, Ecuador. El grupo armado mantuvo rehenes a los hombres, mientras exigía que el gobierno ecuatoriano liberara a tres de sus miembros que estaban presos. A mediados de junio, los cuerpos de los trabajadores de prensa fueron hallados en una zona rural de Tumaco.
“El secuestro y brutal homicidio de los tres trabajadores de prensa ecuatorianos en la frontera con Colombia no fue tan solo un incidente aislado”, señaló Vivanco. “Se trata de un caso que refleja los abusos generalizados que cometen los grupos disidentes de las FARC en la zona”.
A comienzos de 2018, el gobierno colombiano puso en práctica una poderosa campaña militar y policial para frenar los abusos perpetrados por grupos armados y envió a miles de agentes de la fuerza pública a Tumaco y a otros nueve municipios vecinos del departamento de Nariño. Sin embargo, desde entonces han seguido ocurriendo abusos graves en Tumaco a un ritmo comparable o mayor. También ha surgido en la zona un nuevo grupo armado, liderado por un exguerrillero de las FARC conocido como Mario Lata.
La impunidad sigue siendo la regla para los graves abusos que ocurren en Tumaco. De los más de 300 homicidios registrados oficialmente allí desde 2017, solamente una persona fue condenada por un caso. No hubo acusaciones, ni mucho menos condenas, en relación con ninguno de los casos de desaparición, reclutamiento ilícito o desplazamiento forzado cometidos desde 2017.
Cuando Iván Duque asumió la presidencia en agosto de 2018, priorizó las acciones para capturar o dar de baja a altos comandantes de grupos disidentes de las FARC, en especial a alias Guacho, el comandante del Frente Oliver Sinisterra.
Las autoridades colombianas deberían aumentar la cantidad de investigadores, fiscales y jueces en Tumaco que tienen a su cargo casos de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia sexual, reclutamiento infantil y otros graves abusos. Además, deberían intensificar los esfuerzos para reducir los cultivos de coca en Tumaco, incluyendo a través de planes de sustitución de cultivos. El gobierno debería adoptar medidas para asegurar que los residentes de Tumaco cuenten con servicios públicos adecuados, así como garantizar que las personas desplazadas reciban albergue y que las víctimas de violaciones sexuales reciban una atención adecuada.
“Es entendible que el gobierno se concentre en capturar a Guacho”, expresó Vivanco. “Pero los residentes de Tumaco que han sufrido años y años de abusos cometidos por múltiples actores armados necesitan mucho más que la captura de Guacho para que no se recicle una vez más la violencia en su municipio”.
