Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, attends a bilateral meeting with United Nations Secretary-General Antonio Guterres in the Executive Suite at UN Headquarters in New York.

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(Buenos Aires) – El 28 de noviembre de 2018, el poder judicial argentino activó mecanismos penales que podrían derivar en una investigación formal sobre la posible responsabilidad penal del príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman, por crímenes de guerra en Yemen y denuncias de tortura de ciudadanos saudíes, dijo Human Rights Watch hoy. Mohammed bin Salman llegó a Buenos Aires para la Cumbre G20 el 28 de noviembre.

El fiscal federal Ramiro González solicitó a Ariel Lijo, un juez federal asignado por sorteo para evaluar la denuncia presentada por Human Rights Watch el 26 de noviembre, que pidiera información a los gobiernos de Yemen y Arabia Saudita sobre si están investigando estos hechos. También pidió que se le solicitara información a la Cancillería argentina sobre el estatus diplomático del príncipe heredero.

Tras el dictamen del fiscal, el juez Lijo envió solicitudes de información a los gobiernos de Turquía y Yemen y a la Corte Penal Internacional sobre la existencia de investigaciones al respecto de estos hechos. También envió una solicitud a la Cancillería argentina sobre la inmunidad y el estatus diplomático del príncipe heredero. Ni Arabia Saudita ni Yemen son Estados Parte de la Corte Penal Internacional.

“Las autoridades judiciales argentinas han enviado un mensaje claro: ni siquiera los más poderosos, como Mohammed bin Salman, están por encima de la ley y serán sometidos a escrutinio si están implicados en crímenes internacionales”, sostuvo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Ahora quedará una enorme sospecha sobre el príncipe heredero, mientras intenta recuperar su reputación, que está destrozada, durante la cumbre del G20. Los líderes a nivel global deberían pensar seriamente si desean tomarse fotos con alguien que podría terminar investigado por crímenes de guerra y tortura.”

La denuncia de Human Rights Watch describe violaciones al derecho internacional cometidas durante el conflicto armado en Yemen, de las cuales Mohammed bin Salman podría ser penalmente responsable como ministro de defensa de Arabia Saudita. El escrito también menciona su posible complicidad en graves denuncias de tortura y otros malos tratos a ciudadanos sauditas, incluyendo el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. 

El dictamen del fiscal describe las obligaciones que tienen los estados de investigar supuestos crímenes de guerra y apoya abiertamente el principio de jurisdicción universal, dijo Human Rights Watch. Bajo este principio, las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de dónde se cometan y de la nacionalidad de sus autores o las víctimas. Los casos de jurisdicción universal son una parte cada vez más importante de los esfuerzos internacionales para que quienes cometen atrocidades rindan cuentas por sus acciones, se haga justicia para las víctimas que no tienen adónde acudir y para contribuir a que los países no se conviertan en refugios seguros para los responsables de violaciones de derechos humanos.

La solicitud de información a la Cancillería argentina sobre el estatus diplomático del príncipe heredero busca esclarecer si la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería examinar el caso. La Constitución argentina prevé que, en determinados casos vinculados con funcionarios extranjeros, la Corte Suprema tiene competencia originaria.

Si el poder judicial decide abrir una investigación formal, el juez federal a cargo de la investigación recabaría más evidencia para determinar cuál es el rol de Mohammed bin Salman en estos crímenes internacionales.

La Cancillería argentina ha dicho, según medios de prensa, que Mohammed bin Salman tiene inmunidad para participar de la Cumbre G20 sobre la base de la Convención sobre Misiones Especiales de 1969, de la cual Argentina es parte. Según la convención, “[e]l estado receptor podrá, en todo momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado que envía en la misión especial que cualquier representante … es persona no grata”. El estado que envía al representante “retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión especial”, en cuyo caso perdería su inmunidad.

La inmunidad existente no debería impedir al poder judicial argentino que avance en la investigación del caso, dijo Human Rights Watch. Si se abre una investigación formal sobre las denuncias de crímenes de guerra y tortura, el estatus de inmunidad de Mohammed bin Salman daría lugar a un importante debate jurídico sobre el alcance de la inmunidad para graves crímenes internacionales.

“Las autoridades judiciales argentinas deberían actuar con la mayor celeridad posible, dentro del marco del derecho argentino e internacional, y demostrar que están comprometidos con que haya justicia por graves crímenes internacionales”, dijo Roth.