A primera hora del 18 de agosto de 2018, *Ana escuchó fuegos artificiales y el eco de una voz que hablaba un portugués ininteligible a través de un altavoz. “¿Estarán de fiesta?”, se preguntó. Ella se encontraba junto a la lona bajo la cual dormía con su esposo, *Luis, y su hija, *Lucía, de 11 años, en Pacaraima, una localidad brasileña de aproximadamente 12.000 habitantes situada en la frontera con Venezuela.
Aunque estaban viviendo en la calle en Brasil, donde habían solicitado asilo, Ana y Luis aseguraban que se encontraban en mejor situación que en su ciudad natal de Cumaná, una localidad costera en Venezuela, a 1.200 kilómetros de distancia. En Cumaná comían tan poco que su hija Lucía se había desmayado de hambre varias veces en la escuela. De modo que, vendieron discretamente todo lo que tenían y abandonaron sus puestos de trabajo en una empresa gubernamental. Según dijeron, ya habían visto a agentes del gobierno apuntando a ciudadanos en una lista negra por oponerse al presidente Nicolás Maduro. Tenían miedo de que les persiguieran por haber dejado sus trabajos si regresaban a Venezuela, pero sintieron que no les quedaba otra opción.
El altavoz que Ana había escuchado tres semanas después de su llegada se encontraba sobre un automóvil que bajaba despacio por la calle y no anunciaba una fiesta, sino una manifestación. Una multitud marchaba detrás. El día anterior, un grupo de personas, presuntamente venezolanas, había robado y herido al conocido comerciante Raimundo Nonato de Oliveira. Por las redes estaba circulando un mensaje falso de WhatsApp en el que se afirmaba que la ambulancia del ejército estaba reservada para venezolanos y se había negado a trasladar a Raimundo a un hospital en la capital estatal de Boa Vista. El altavoz difundió esta falsedad, gritando que Raimundo había fallecido debido a las lesiones.
A continuación se desató el caos.
Hombres y mujeres brasileños descargaron su rabia sobre los destartalados campamentos que los venezolanos habían montado en terrenos baldíos y aceras. La hermana y la tía de Ana corrieron para avisarle. “Los brasileños se están volviendo locos. ¡Corre! ¡Corre!”.
Los brasileños sacudían las lonas para que los venezolanos salieran, explicó Luis, y luego las rociaban con gasolina y las incendiaban. Mientras recogía las pocas pertenencias que pudo sacar, Luis vio a niños saliendo de debajo de las lonas, tosiendo.
Además, vio a un hombre con un spray antimosquitos al que prendió fuego con un mechero para quemarle la espalda a una joven venezolana. Luis y su familia corrieron para refugiarse en una colina cercana, dejando atrás comida, ropa y billetes brasileños y estadounidenses por valor de unos 60 dólares, toda una fortuna para ellos.
Un testimonio tras otro corroboró lo que Luis y Ana nos contaron [a ambos, en tanto que investigadores de Human Rights Watch]. Por ejemplo, Marina Contreras, una indígena venezolana de 26 años, perdió una bolsa de medicinas y los únicos zapatos de su hija de un año. Una semana más tarde, cuando la entrevistamos, la niñita seguía descalza. Otros venezolanos perdieron sus documentos de identidad, un enorme contratiempo debido al tiempo y el esfuerzo que se requiere para obtenerlos en Venezuela.
Varios vídeos grabados con teléfonos móviles muestran a una muchedumbre gritando a los venezolanos, amontonando sus pertenencias y quemándolas en la calle, a una excavadora derribando un escenario permanente para espectáculos públicos bajo el cual los venezolanos habían montado sus lonas y a la policía de pie a un lado sin hacer absolutamente nada.
El fiscal de Pacaraima, Lincoln Zaniolo, nos explicó que tanto la policía militar como la guardia civil estaban presentes cuando se desencadenó el ataque a los venezolanos, pero que no habían detenido a nadie.
Unos 1.200 venezolanos se vieron obligados a retroceder hasta la frontera por una muchedumbre, nos explicó Hilel Zanatta, el colonel al mando de las Fuerzas Armadas en esta zona fronteriza. Asimismo, denunció que algunas personas en el lado venezolano de la frontera apedrearon automóviles con matrículas brasileñas como represalia.
Según el fiscal Zaniolo, algunos de los venezolanos expulsados de Brasil pueden haber sido solicitantes de asilo.
No es el primer ataque
Al final, la familia de Ana encontró refugio en una iglesia baptista de Pacaraima, junto a otros 26 venezolanos, incluidos cuatro niños separados de sus padres. Los niños estuvieron llorando durante horas.
Al menos otros ocho niños también fueron separados de sus padres aquel día, declaró Zaniolo. Al día siguiente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) trasladó a la familia de Ana y a las otras personas que se encontraban en la iglesia a un refugio en Boa Vista. Según Zaniolo, los niños se reencontraron con sus padres.
El ataque en Pacaraima no fue el primero registrado en Brasil contra los venezolanos. En marzo, una muchedumbre expulsó a los venezolanos de un refugio en la localidad de Mucajaí y quemó todas sus pertenencias. El ataque fue en respuesta al asesinato de un lugareño durante una pelea en una discoteca, en la que también falleció un venezolano. En julio, la fiscalía acusó a cinco hombres de delitos de odio por el ataque al refugio. El 6 de septiembre, un grupo de brasileños linchó a un venezolano al que acusaban de haber asesinado a un brasileño en Boa Vista. La policía aún no ha detenido a nadie.
Sin embargo, también se han registrado actos de bondad en otras zonas de Roraima. Desesperados por el hambre, Fran Morales, su esposa y sus cinco hijos abandonaron Venezuela en julio y se lanzaron a recorrer a pie los 200 kilómetros que separan la frontera de Boa Vista. Varias familias brasileñas les dieron cobijo y comida en dos ocasiones en el camino y otras les llevaron algunos tramos en sus vehículos.
Hablamos con Morales en uno de los 10 refugios que el gobierno federal y ACNUR han abierto en el estado de Roraima, donde actualmente residen 4.600 venezolanos.
Muchos otros venezolanos duermen en abarrotadas habitaciones de alquiler o en las calles de Boa Vista. Según la Policía Federal, más de 110.000 venezolanos entraron a Brasil por Roraima este año y solo alrededor de 30.000 han regresado a su país. No todo ellos se quedaron en Brasil, pero decenas de miles viven en Roraima.
El gobierno federal de Brasil ha hecho un esfuerzo considerable para responder a la crisis y ha mantenido la frontera abierta para los venezolanos que huyen del hambre, la falta de una atención médica básica y la persecución. Sin embargo, el gobierno ha sido muy lento para integrarles en la sociedad; hasta la fecha, tan solo alrededor de 1.100 personas han sido voluntariamente trasladadas a otras zonas del país a través de un programa financiado por el gobierno federal. Según nos contaron miembros del personal militar, la mayoría de los niños de los refugios no asisten a la escuela. Los venezolanos tienen poco acceso a clases de portugués y muchos de ellos todavía no disponen de documentos legales para permanecer en Brasil, lo cual merma sus posibilidades de conseguir un trabajo.
El gran flujo de migrantes venezolanos está sobrecargando el sistema sanitario de Roraima, un estado poco poblado y conectado al resto de Brasil mediante una sola carretera. Los directores de los dos principales hospitales de Roraima nos explicaron que se han quedado sin algunos tipos de antibióticos y otros medicamentos debido al gran aumento de la demanda. Han tenido que contar con la financiación de emergencia para cubrir las necesidades de los brasileños y venezolanos.
El gran flujo de migrantes ha tenido un claro impacto en la pequeña localidad de Pacaraima, pero los brasileños deberían dirigir su rabia hacia el gobierno de Maduro y no hacia sus víctimas. Asimismo, las autoridades brasileñas deberían tomar medidas contundentes contra los ataques xenófobos. Los fiscales deberían presentar cargos contra los que utilizan la violencia contra los venezolanos e instar al departamento de asuntos internos de la policía a que sancione a los agentes que no desempeñen sus funciones.
Aunque Ana y Luis lloraban mientras nos relataban el ataque en Pacaraima, nos aseguraron que no regresarían a Venezuela. “Tenemos miedo de regresar. Nos considerarían traidores”, aseguró Luis. No habría que obligarles a hacerlo.
*No son sus nombres reales.
