Rosa me contó que se había ido de su ciudad de origen en Venezuela porque no podía comprar suficiente comida para alimentar a su familia ni medicamentos para tratar los cálculos renales de su hija. Fue así que viajaron en autobús por Venezuela durante horas y cruzaron la frontera con Colombia hacia Medellín, donde las esperaba el padre de Camila. Pero sin documentos para permanecer legalmente en Colombia, no pudieron comprar un pasaje de autobús y decidieron caminar hasta una localidad desde donde viajarían a Medellín. Atravesar las colinas a pie hasta allí, pasando incluso por tramos donde hay temperaturas heladas, demora más de 47 horas.
Camila y Rosa, cuyos nombres verdaderos no usé para proteger su anonimato, están entre los más de 200 venezolanos que emprenden cada día el trayecto a pie desde la frontera para intentar llegar a su destino final, ya sean ciudades en Colombia u otros países de la región. Un censo realizado en julio por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas determinó que los venezolanos que salen de la frontera a pie caminan un promedio de 16 horas por día, en general durante 13 días. Algunos, como Rosa, caminan porque no tienen la documentación legal requerida. Otros, porque no pueden pagar un pasaje de autobús.
La mayoría, a diferencia de Rosa, ha dejado a sus hijos en Venezuela. Unos pocos tenían suficientes recursos para cubrir los gastos del viaje, muchos no tenían suficiente para comer y más del 90 % dormía en la calle. Escuchamos una y otra vez estos mismos relatos de las personas con quienes hablamos.
La Cruz Roja colombiana ha instalado tiendas al costado de la carretera, donde se detienen cerca de 80 venezolanos por día para tomar agua, comer algo, descansar y hacer llamadas telefónicas, me dijo una voluntaria.
Otros venezolanos cruzan al estado de Roraima en el norte de Brasil, donde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en coordinación con el gobierno federal brasileño, ha establecido 10 refugios que albergan a más de 4.000 venezolanos. En dos de los refugios, cientos de miembros de la comunidad indígena Warao duermen en coloridas hamacas y reciben alimentos con los que preparan sus propias comidas. En otros, ciudadanos venezolanos de todo el país reciben tres comidas por día y duermen en tiendas blancas o en unidades de alojamiento especiales para refugiados, una imagen que evoca los campamentos de refugiados en otras partes del mundo y que no tiene precedentes en América Latina.
Muchos otros, incluidas familias enteras, no tienen la misma suerte y duermen en las calles, donde se ven obligados a usar baños públicos con condiciones deficientes de higiene y a comer en iglesias que cada día sirven comida.
A pesar de las dramáticas condiciones que enfrentan —que algunos han calificado de humillantes—, cada uno de las decenas de venezolanos que entrevisté en esas circunstancias afirmó estar mejor en el extranjero que en Venezuela.
Estos son algunos de los rostros más desesperados del éxodo masivo de venezolanos que están huyendo de la crisis humanitaria, la represión despiadada del gobierno, los delitos violentos y la hiperinflación en su país.
El Presidente Nicolás Maduro ha acelerado la concentración de poder que empezó durante el mandato de su antecesor Hugo Chávez, que contaba con mayor apoyo popular. Durante el chavismo, el gobierno venezolano copó el Tribunal Supremo con aliados políticos en 2004 y empleó el poder absoluto sobre esta institución para censurar y castigar a críticos. Maduro ha mantenido un férreo control del poder judicial y otras instituciones estatales, incluido el aparato electoral, y ha conseguido eliminar en la práctica a la Asamblea Nacional —el poder legislativo de Venezuela— desde que la oposición consiguió la mayoría de escaños en diciembre de 2015, y reemplazarla posteriormente por un órgano integrado exclusivamente por adeptos.
Actualmente no quedan en Venezuela instituciones independientes que puedan poner freno al poder ejecutivo. Maduro sabe esto y ha ejercido abusivamente su poder para reprimir el disenso, actuar brutalmente contra manifestantes pacíficos, hacer caso omiso de la gravísima crisis humanitaria y seguir adelante con las elecciones presidenciales, pese a denuncias generalizadas de falta de garantías para que se celebraran en forma libre y justa.
Más de 2,3 millones de venezolanos se han ido del país desde 2014, según datos de las Naciones Unidas. Muchos otros, de una población total de 32 millones de personas, se han ido sin que fueran registrados por las autoridades.
Rosa trabajaba en una zapatería en Venezuela, pero el salario no le permitía comprar suficiente comida para su hija. Me dijo que muchas veces no comía para poder alimentar a Camila. Su esposo, que trabaja en el sector de la construcción, se fue de Venezuela varios meses antes y recién había conseguido enviarle dinero suficiente para que viajaran hasta la frontera.
Colombia es el país del mundo que hasta el momento ha recibido, por amplia diferencia, a la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos. Más de un millón de personas han llegado allí desde Venezuela desde marzo de 2017. El gobierno colombiano ha hecho enormes esfuerzos por responder a esta situación abrumadora, y ha adoptado medidas para conceder estatus legal a los venezolanos y permitirles acceder a atención médica urgente e inscribir a sus hijos en escuelas. A través de otras iniciativas impulsadas en coordinación con organismos de la ONU y organizaciones locales, se les brindan comidas, vacunas y refugio. No obstante, muchos venezolanos en Colombia que no se han registrado ante el gobierno todavía se encuentran en condición irregular y enfrentan múltiples dificultades.
Otros gobiernos de América del Sur también han adoptado normas especiales para proporcionar permisos de permanencia a los venezolanos. Estos permisos han otorgado estatus legal a cientos de miles de venezolanos, y los han ayudado a empezar de nuevo sus vidas en el extranjero. Sin embargo, recientemente algunos de estos gobiernos han hecho que sea mucho más difícil obtener esos permisos. Chile, Perú y Ecuador anunciaron que exigirían que los venezolanos presenten pasaportes para ingresar al país. Aunque Perú y Ecuador han dado parcialmente marcha atrás con esta exigencia, es importante destacar que tales medidas representan una dificultad que, para muchos, sería insuperable. Últimamente puede demorar hasta dos años conseguir un pasaporte en Venezuela.
Cientos de miles de venezolanos siguen estando en una situación irregular en la región, lo cual menoscaba gravemente su posibilidad de obtener un permiso de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a atención médica. Esto los expone en mayor medida a explotación laboral y sexual y trata de personas, y hace que sea menos probable que denuncien abusos.
En algunas islas del Caribe, hay casos de venezolanos detenidos arbitrariamente y deportados o que son blanco de ataques xenófobos. Y tras un ataque violento perpetrado en agosto por brasileños que acusaban a ciudadanos venezolanos de estar implicados en un delito en el estado fronterizo de Roraima, cientos de venezolanos se vieron obligados a cruzar la frontera hacia Venezuela.
En Estados Unidos, los venezolanos se han convertido en la nacionalidad con mayor cantidad de solicitudes de asilo. Hasta junio, había más de 72.000 solicitantes de asilo venezolanos en Estados Unidos.
Responder a la emigración venezolana se ha transformado en un enorme reto para los gobiernos de la región. Aunque los gobiernos no tienen obligación de abrir sus fronteras a todas las personas, a todos se les debería reconocer el derecho, conforme a la Convención sobre Refugiados de 1951, de solicitar asilo cuando tengan el temor debidamente fundado de ser perseguidos por motivos raciales, religiosos, políticos u otras razones específicas.
Asimismo, 15 gobiernos de la región han incorporado en sus marcos jurídicos una definición más general de refugiado incluida en la Declaración de Cartagena, un documento no vinculante. Conforme a esta declaración, también podrían considerarse refugiadas las personas que huyen de “la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Una magistrada del Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó recientemente que, en razón de esto, Brasil tiene una “obligación de protección humanitaria” respecto de las personas que huyen de Venezuela.
No hay una solución sencilla para encarar el éxodo venezolano. Sin embargo, un enfoque consistente con los derechos humanos exige tratar dignamente a los inmigrantes venezolanos, y es crucial que se coordine una respuesta regional para ese fin. Los gobiernos deberían analizar cuidadosamente las pretensiones de todos los venezolanos que solicitan ser reconocidos como refugiados. También deberían considerar la posibilidad de establecer vías legales para brindar estatus legal y protección a otros venezolanos que huyen de la crisis, incluyendo a través de la elaboración de un permiso de permanencia temporal regional. Además, deberían prestar asistencia humanitaria a los venezolanos que la necesiten y llevar a cabo campañas de sensibilización para combatir la discriminación y la xenofobia.
Mientras el gobierno de Maduro continúe arremetiendo contra críticos y negando la crisis humanitaria, las personas en Venezuela seguirán huyendo y los caminantes venezolanos seguirán andando, con o sin ayuda del exterior. Los demás gobiernos deberían asegurarse que puedan hacerlo de manera segura y seguir exigiendo que el gobierno venezolano aborde la raíz del problema, que es la crisis que está causando el éxodo.
Dejé a Rosa y a Camila en una carpa de la Cruz Roja, comiendo dulces y descansando antes de continuar su viaje. Permanece grabada en mi mente la imagen de Rosa caminando detrás de Camila por la banquina de la carretera, junto a un precipicio, agarrando la mochila que su hija llevaba puesta y pidiéndole que tuviera cuidado.
