Conocí a Fernando Arvelo (seudónimo), un venezolano de 74 años, en un comedor comunitario en Cúcuta, la principal ciudad colombiana al otro lado de la frontera del estado Táchira en Venezuela. Fernando se mudó a Táchira desde su estado de origen —que queda a unas 20 horas de allí— poco después de que su esposa, hijos y nietos se fueran al extranjero, huyendo de la crisis. No quería ser una carga para su familia y no tenía fuerzas para empezar de cero en otro lugar a esta altura de su vida.
Cada día, Fernando cruza a pie la frontera, expuesto a temperaturas agobiantes de hasta 40 grados Celsius, para comer en el comedor. “¿Cuánto tiempo voy a aguantar yo así?”, me dijo con la voz quebrada mientras miraba fijo su plato de plástico con arroz, papa y carne.
Fernando es uno de los tantos adultos mayores que se van quedando atrás, a medida que cada vez más venezolanos huyen del país. Aunque las noticias sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela en general se han concentrado en los niños y niñas, debido a los niveles crecientes de desnutrición infantil, los adultos mayores también se encuentran en una situación sumamente vulnerable. Varios estudios de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales han demostrado que las personas mayores se ven afectadas desproporcionadamente por las crisis humanitarias, y Venezuela no es ninguna excepción.
La organización venezolana CONVITE, que sigue la situación de los adultos mayores en Venezuela, evaluó el peso de 267 personas mayores en el estado Miranda entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017. Concluyó que perdieron un promedio de 1,3 kilos por mes.
Fernando me dijo que solía pesar 85 kilos, y ahora pesa menos de 50. Le resulta difícil conseguir los medicamentos que necesita para tratar problemas cardíacos y respiratorios, glaucoma y cataratas. En algunas ocasiones, debió comprar y consumir medicamentos vencidos, que fue lo único que consiguió.
Sin apoyo familiar, y con las vulnerabilidades propias de su edad avanzada, muchas personas mayores en Venezuela enfrentan a diario condiciones sumamente difíciles. En diversos medios venezolanos se han publicado imágenes e historias de personas mayores que hacen cola durante horas para comprar alimentos o insumos básicos y para cobrar sus pensiones, o que protestan en reclamo de los beneficios jubilatorios y planes de pensión que les corresponden. Se ha informado sobre algunos casos de personas mayores que fallecieron mientras hacían cola para cobrar sus pensiones.
En las Américas, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en vigor desde 2017, dispone que los Estados “tomarán todas las medidas específicas que sean necesarias para garantizar la integridad y los derechos de la persona mayor en situaciones de riesgo, incluidas [...] emergencias humanitarias”. Deberán, asimismo, adoptar medidas de atención específicas a las necesidades de las personas mayores asociadas con emergencias.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó recientemente, y por primera vez, que las personas mayores tienen “derecho a una protección reforzada” que debe darse a través de “medidas diferenciadas”. La corte destacó la “importancia de visibilizar a las personas mayores como sujetos de derechos con especial protección” para, entre otras cosas, su “cuidado integral”.
Si el régimen venezolano sigue demostrando que no quiere o no puede asegurar que las personas mayores tengan acceso prioritario a comida y medicamentos, los gobiernos latinoamericanos que han manifestado preocupación por la crisis en Venezuela deberían invocar los estándares regionales, que destacan la importancia de atender a las personas mayores, para presionar a las autoridades venezolanas a que prioricen su atención. Deberían, también, ofrecer ayuda humanitaria destinada específicamente a los adultos mayores, y así hacerle saber a todas las personas en la situación de Fernando que no serán abandonadas.
