(Tegucigalpa) — Cientos de niños y niñas siguen detenidos en Estados Unidos y separados de sus padres más de cinco semanas después de que la justicia fijara un plazo para su reunificación, señaló hoy Human Rights Watch al divulgar un nuevo video junto con Justice in Motion. Cerca de 360 de estos padres que siguen separados de sus hijos fueron deportados solos, sin los niños con los que habían viajado a EE. UU.
“La angustia de estas familias es evidente”, afirmó Clara Long, investigadora sénior del programa sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “No saber dónde están sus hijos o por qué el gobierno no los libera, les causa un enorme padecimiento”.
Durante los dos últimos meses, Human Rights Watch y Justice in Motion, que defiende los derechos de los migrantes en América Latina y Estados Unidos, han realizado entrevistas exhaustivas a padres en El Salvador, Honduras y Guatemala cuyos hijos siguen en Estados Unidos. Muchos afirmaron haber estado meses sin saber por qué sus hijos no han sido liberados o enviados de regreso, y esto les provoca un grave daño psíquico. El video muestra a dos padres deportados a Guatemala que describen sus experiencias.
“Más que todo, nos estamos traumando”, expresó Pablo D. desde su vivienda en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala. Pidió que se lo identificara de esa forma por temor a que, si hablaba, esto pudiera demorar de algún modo el reencuentro con su hijo. Su hijo Byron, de ocho años, ha estado detenido en Estados Unidos desde fines de mayo de 2018. “Los padres estamos aquí tratando de sobrevivir esto. Imagínese los niños ahí, estando solos. Están como que sus papás ya no existen”.
Muchos de los padres entrevistados aceptaron ser deportados con la expectativa de que sus hijos se fueran con ellos. Algunos han tomado la difícil decisión de permitir que sus hijos permanezcan en Estados Unidos para que sigan adelante con sus propios trámites de inmigración, pero otros desean que sus hijos regresen y han tenido que esperar meses para la reunificación.
“No sabemos nada”, dijo Marcelino Claudio García, un ciudadano guatemalteco cuya hija de ocho años también ha estado detenida en Estados Unidos desde mayo. “Nos dijeron que veríamos a un juez de inmigración. Solo queremos que venga a casa”, expresó durante la entrevista.
Más de 2.500 familias fueron separadas por la fuerza entre otoño de 2017 y fines de junio, cuando el gobierno de Trump implementó un plan para separar a familias y procesar penalmente a los padres que viajaran con sus hijos, además de deportarlos. Las agencias de inmigración enviaron a los niños y a los padres que fueron separados en la frontera, a establecimientos de detención distintos, en ocasiones, a gran distancia unos de otros, sin un plan que permitiera el contacto con los padres o facilitara la reunificación.
Luego de una orden judicial emitida a fines de junio, miles de familias han sido reunificadas en Estados Unidos, tanto dentro de establecimientos de detención como fuera de estos. No obstante, casi dos tercios de los casi 500 niños que siguen solos bajo custodia de las autoridades –incluidos 22 que tienen menos de cinco años– tienen padres que fueron deportados. Aunque la justicia federal dispuso que el plazo de reunificación del 26 de julio se aplica a estos padres deportados, para muchos la separación continúa.
La preocupación por sus hijos ha hecho que algunos padres dejen de comer, tengan problemas para dormir, sufran pesadillas y, en un caso, una persona tuvo que ser internada por ansiedad, según contaron familias a Human Rights Watch. Tras la reunificación, varias familias indicaron que sus hijos parecían estar traumados por la experiencia vivida.
“Cuando volvió Meybelin, era una niña muy distinta”, dijo Arnovis de los Santos, un padre salvadoreño cuya hija de seis años estuvo retenida lejos de él más de un mes y que, finalmente, fue deportado sin ella. “No hablaba casi nunca y estaba muy apegada a mí; yo ni siquiera podía salir para ir a una tienda porque se ponía a llorar y se aferraba a mí. También se negaba a hablar con nadie que no conociera y empezaba a llorar cuando algún desconocido se acercaba”.
En última instancia, quienes diseñaron y ejecutaron la política de separación familiar para Estados Unidos deberían rendir cuentas por esto, y los niños y padres perjudicados deberían recibir un resarcimiento adecuado, opinaron Human Rights Watch y Justice in Motion.
“El hecho de que el gobierno no tome medidas urgentes para remediar el perjuicio causado es repudiable”, manifestó Cathleen Caron, directora ejecutiva de Justice in Motion. “Cada día que permanecen separados no hace más que agravar el daño para estas familias”.
