(Washington D.C.) – Los procesos penales masivos contra migrantes durante el gobierno del presidente de EE. UU. Donald Trump han aumentado drásticamente, pese a que formalmente se puso fin a la práctica de separar a las familias, señaló hoy Human Rights Watch al representar un documento analítico de preguntas y respuestas.
En abril de 2018, el fiscal general Jeff Sessions anunció la política inmigratoria de “tolerancia cero” del gobierno y dio instrucciones a los fiscales federales en la frontera sur de que procesaran todos los casos de ingreso ilegal en EE. UU. “en la medida en que esto fuera posible”.
“La política de ‘tolerancia cero’ de Trump no ha disuadido la inmigración ilegal, sino que tan solo ha agravado la crisis de las familias que son interceptadas en la frontera”, manifestó Grace Meng, investigadora sénior para EE. UU. de Human Rights Watch. “El fiscal general Sessions no ha hecho más que continuar y profundizar una política ineficaz”.
El delito menor de ingreso ilegal (por entrar en EE.UU. sin autorización) y el delito grave de reingreso ilegal (por ingresar nuevamente en EE. UU. luego de una deportación) han estado tipificados desde principios del siglo XX. Sin embargo, los procesamientos se limitaban inmigrantes que tenían antecedentes penales o eran reincidentes. En 2005, se implementó “Operation Streamline” en Del Río, Texas, lo que permitió el procesamiento masivo y sumario de migrantes.
La política del gobierno de Trump es la primera que está dirigida a procesar a los padres que viajen con sus hijos y que combina el procesamiento penal de los solicitantes de asilo con cambios en las políticas orientados a restringir la posibilidad de solicitar asilo entre quienes ingresan ilegalmente en EE. UU. Castigar a los solicitantes de asilo por ingresar sin autorización constituye una violación del derecho de los refugiados.
Los procesos penales también afectan a menudo a personas que residen desde hace tiempo en EE. UU. y que intentan reunirse con familiares que tienen ciudadanía estadounidense, pero no cuentan con una vía legal para hacerlo. El decreto ejecutivo que pone fin a la separación familiar no aborda el impacto devastador de los procesos penales de inmigración para estas familias.
La política de “tolerancia cero” insume enormes recursos de los fiscales federales, los tribunales, el Cuerpo de Alguaciles Federales y la Oficina de Prisiones para procesar a personas que tienen antecedentes mínimos o nulos por delitos menores. Según datos recientes del gobierno, la política actual ya está provocando que haya muchos menos procesos por otros delitos federales. A su vez, hay escasas evidencias de que tales procesamientos disuadan la inmigración ilegal, apuntó Human Rights Watch.
“La indignación pública por la separación familiar debería extenderse a los enormes costos humanos y económicos que implica la persecución penal masiva de los inmigrantes”, opinó Meng. “El gobierno de Trump debería reconocer la importancia de reducir estos costos y terminar con la política de ‘tolerancia cero’”.
