(Washington D.C.) – Es probable que el Gobierno de Estados Unidos incumpla un segundo plazo establecido por la justicia, que vence el 26 de julio de 2018, para la reunificación de familias migrantes que fueron separadas de manera forzosa en la frontera, indicó hoy Human Rights Watch. Se prevé que apenas cerca de la mitad de las más de 2.500 familias que fueron separadas forzosamente debido a la política de “tolerancia cero” de la gestión de Trump vuelvan a reunirse en ese plazo, y cientos quedarían afectadas por demoras cuyas causas no han sido explicadas. Estas demoras excesivas están provocando graves perjuicios a niños, niñas y sus familias.
Una decena de padres y niños separados de sus familias que Human Rights Watch entrevistó en las últimas semanas en la frontera y en Honduras afirmaron haber vivido semanas de profundo sufrimiento y desesperanza. Numerosos padres indican que no se les permite hablar con sus hijos, o que solo pueden hacerlo brevemente si están en condiciones de pagar las llamadas. En algunos casos, transcurrieron varias semanas sin que los padres supieran dónde estaban sus hijos, mientras que en otros casos fueron deportados solos, sin brindarles ninguna información sobre los hijos de los que habían sido separados y que permanecieron en EE. UU. Algunos padres manifestaron que funcionarios de inmigración los persuadieron de que renunciaran a sus derechos, incluso el derecho a pedir asilo, al informarles que esa era la única manera —o la manera más rápida— de volver a reunirse con sus hijos. Incluso entre quienes se han reencontrado con sus familias, el daño al vinculo entre hijos y padres podría ser grave y duradero.
“Cada instante que se posterga la reunificación de estas familias agrava el daño que ha ocasionado la separación”, explicó Michael Bochenek, asesor sénior de la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “El Gobierno estadounidense no parece estar ejerciendo seriamente su responsabilidad de abordar con urgencia el enorme daño que ha causado y que sigue provocando”.
“Pablo Z.”, que pidió que se lo identificara con un seudónimo, fue deportado a Honduras solo, sin su niño de 4 años. Dijo a Human Rights Watch que luego de ser separados forzosamente, por dos semanas no pudo comunicarse con su hijo. Una semana después de su deportación, finalmente pudo hablar con él. “Dijo que no quería hablar conmigo porque creía que yo lo había abandonado allí”, contó Pablo. “Cuando dice eso, me hace llorar. Siento que no puedo hablar. Lo que más quisiera es verlo y abrazarlo”.
Abogados que trabajan para el Gobierno de Trump indicaron el lunes a la justicia federal que hasta el momento habían vuelto a reunir a 879 padres con sus hijos y que se había autorizado la reunificación de otros 538 padres, que estaban esperando ser trasladados. El Gobierno informó asimismo que 463 padres de niños migrantes “ya no están” en EE. UU., lo que implica que tal vez hayan sido deportados o que se fueron del país tras firmar un acuerdo de devolución “voluntario”.
El Gobierno incumplió un plazo judicial anterior para reunificar a todos los niños y niñas menores de 5 con sus padres. Para el 12 de julio, dos días después del plazo, el gobierno había reunificado con sus padres a 57 de 105 niños pequeños.
Varios padres detenidos y niños separados de sus padres nos dijeron que solo podían hablar si estaban en condiciones de pagar el costo, a veces elevado, de las llamadas telefónicas en los centros de detención (por ejemplo, una llamada de 10 minutos puede costar más de USD 5, un valor que muchos padres no pueden pagar). Según informaron a Human Rights Watch abogados del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, hasta el 13 de julio también se pedía a los padres que pagaran el costo del traslado de sus hijos. Estos costos incluso ascendían a USD 1.900 en un caso que documentó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union).
“Solamente hablo con mi padre cuando él puede llamar desde el centro de detención, y es una llamada muy breve”, indicó a Human Rights Watch un niño de 11 años que había sido separado de sus padres. “A veces la llamada se corta, y creo que es porque se queda sin dinero para continuar la comunicación. Me aterra la posibilidad de que lo deporten y yo me quede solo aquí”.
Algunos padres señalaron a Human Rights Watch que dieron su consentimiento a la deportación porque los funcionarios les dijeron que serían deportados con sus hijos o los presionaron para que renunciaran a su derecho a solicitar asilo a cambio de obtener la reunificación familiar.
El trato represivo por parte de funcionarios debe ser investigado de manera urgente y exhaustiva, y deben rendir cuentas aquellos agentes que se determine que han engañado o coaccionado a padres o hijos separados del resto de su familia, apuntó Human Rights Watch.
En la justicia federal se ha bloqueado temporalmente la deportación de familias separadas y reunificadas recientemente, incluso en una orden de alcance nacional emitida el 16 de julio. Otra orden judicial exige al Gobierno presentar un plan “para abordar el trauma infantil provocado por la separación inconstitucional de niños y niñas de sus padres que llevó a cabo el Gobierno”.
En vez de separar forzosamente a las familias, el gobierno de Trump pretende detener a las familias juntas hasta que se resuelvan sus casos inmigratorios, incluidos los pedidos de asilo. Esto contravendría las exigencias legales estadounidenses que, en general, limitan la detención de las familias a un período de 20 días.
Los niños y las niñas, ya sean no acompañados o como miembros de una familia, no deberían permanecer en centros de detención inmigratoria, opinó Human Rights Watch. Diversos expertos en salud en el Gobierno han alertado acerca de que la detención de familias migrantes supone un “alto riesgo de perjuicio” para los niños, especialmente por el trauma que ya han sufrido como resultado de la separación familiar forzosa. La separación familiar y la detención familiar tienen consecuencias devastadoras y duraderas, sobre todo si son prolongadas e indefinidas, según pudo comprobarlo previamente Human Rights Watch. Las consecuencias adversas de la detención son incluso más pronunciadas para los niños que huyeron de amenazas de muerte, violencia y otros perjuicios graves.
El Gobierno de EE. UU. debería evaluar en forma justa cada solicitud individual de asilo, conforme lo exigen el derecho estadounidense y el derecho internacional. Se debería poner en libertad a las familias detenidas, y emplear las alternativas a la detención que sean menos restrictivas y garanticen la comparecencia ante la justicia; además, las autoridades deberían tomar medidas sin demora que pongan fin a las prácticas coercitivas de funcionarios inmigratorios, brindar reparación a las familias perjudicadas por la separación y reunir a miles de niños que siguen separados de sus padres, incluidos aquellos padres que ya han sido expulsados del país.
“Detener a las familias no hace más que reemplazar un daño con otro”, expresó Clara Long, investigadora sénior del programa de EE. UU. de Human Rights Watch. “El Gobierno debería optar por alternativas compasivas, dignas y eficaces a la detención, e invertir en un sistema de justicia inmigratoria justo y oportuno”.
Las autoridades inmigratorias estadounidenses han separado a más de 2.500 familias, que en su mayoría cruzaron la frontera en lugares que no eran “puntos de entrada” o cruces fronterizos oficiales. En un intento por explicar estas separaciones, las autoridades aludieron a la necesidad de acusar penalmente a los padres por “ingreso indebido”, debido a la política de “tolerancia cero” del gobierno de Trump. Las primeras infracciones por lo general se castigan con una condena que no implica multa ni pena de prisión adicional al tiempo ya transcurrido en un centro de detención inmigratorio.
Los padres e hijos entrevistados por Human Rights Watch manifestaron que se presentaron en un punto de entrada o se entregaron a un funcionario de inmigración inmediatamente después de haber ingresado irregularmente en Estados Unidos, y en muchos casos explicaron que habían huido de amenazas de muerte u otros perjuicios en sus países de origen. El derecho internacional prohíbe aplicar sanciones como los procesos penales contra solicitantes de asilo por ingresos indebidos. El derecho estadounidense exige que los funcionarios fronterizos evalúen adecuadamente las solicitudes de asilo de las personas, incluso si ingresan en el país irregularmente. Aunque el derecho estadounidense permite que los solicitantes de asilo se presenten en cualquier lugar en EE. UU., incluso en puntos de entrada oficiales, funcionarios de inmigración estadounidenses han rechazado a solicitantes de asilo que intentan ingresar por estas vías, y los han obligado así a soportar largas y angustiantes esperas de varios días, o incluso semanas, a menudo en localidades próximas a la frontera norte mexicana donde no hay garantías de seguridad pública. Según el medio New York Times, altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) están tratando un plan para cerrar completamente los puntos de entrada a los solicitantes de asilo y permitir únicamente que las solicitudes de protección se presenten desde el extranjero.
Separaciones dolorosas, mentiras oficiales e intimidación
Los padres e hijos que dialogaron con Human Rights Watch describieron haber vivido dolorosas separaciones familiares, y a menudo recordar estos momentos traumáticos les resultaba muy difícil:
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“Los agentes nos dijeron que nuestros hijos estarían esperándonos cuando regresáramos del tribunal”, afirmó Jessyca N., oriunda de El Salvador y entrevistada en el centro de detención inmigratoria de Port Isabel en Texas el 12 de julio de 2018.
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“Cuando nos llevaron al tribunal, dijeron que veríamos a nuestros hijos inmediatamente después. Creí que vería de nuevo a mi hijo. Cuando nos dimos cuenta de que no íbamos a regresar adonde estaban nuestros hijos, todos empezamos a llorar e implorar”, explicó Edwin H., de 45 y procedente de Honduras, que fue entrevistado en el centro de detención inmigratoria de Port Isabel en Texas el 16 de julio de 2018.
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“Me separaron de mi hijo cuando estábamos en la hielera [nombre dado a las celdas de la Patrulla Fronteriza, donde en general la temperatura es muy fría]. Dijeron que tenía que ir al tribunal y que vería a mi hijo inmediatamente después. Desde entonces, no lo he visto”, aseveró Héctor G., de 28 años y procedente de El Salvador, que fue separado forzosamente de su hijo de seis años el 12 de junio y entrevistado en el centro de detención inmigratoria de Port Isabel, Texas, el 12 de julio de 2018.
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Rolando B. y su hijo Johan, que entonces tenía 11 meses de vida, cruzaron la frontera hacia Texas el 16 de marzo y se entregaron a la Patrulla Fronteriza. Fueron retenidos cuatro días juntos en las celdas de alambrado de un establecimiento de detención de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas. Al cuarto día, un agente con actitud intimidatoria que vestía una camiseta del ICE indicó a Rolando que debía entregar a su hijo. “Me dijo ‘Despídete de tu hijo porque no lo verás más’”, contó Rolando a Human Rights Watch cuando hablamos con él en San Pedro Sula el 20 de julio de 2018.
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“Entraron en la celda donde estaba con mi hijo y me dijeron que se lo llevaban”, relató Pablo Z., que también contó que fue separado de su hijo de cuatro años después de llegar a Estados Unidos a través de un punto de entrada. “Empezó a llorar, y yo también. Se puso a gritar y decir ‘Papá, no me dejes’. El agente intentó agarrarlo, pero mi hijo se aferró a mi pierna llorando. Entonces, dije que yo lo llevaría. Lo llevé afuera hasta un automóvil y lo metí dentro. Esto fue lo peor que me ha ocurrido en la vida”, afirmó Pablo Z., entrevistado en Yoro, Honduras, el 19 de julio de 2018.
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“Dos días después, un guardia se acercó y anunció mi nombre. Me indicó que debía acompañarlo. Cuando pregunté por qué, dijo que era para que pudiera ducharme en otro centro. Le pregunté si podría ver a mi padre y despedirme, pero contestó que no y siguió caminando. Me subieron a una camioneta y me llevaron a otro centro de detención”, contó Eduardo M., de 11 años y procedente de Guatemala, entrevistado en Texas el 13 de julio de 2018.
Trauma continuo agravado por falta de comunicación suficiente
Numerosos padres entrevistados por Human Rights Watch afirmaron que el contacto con sus hijos era muy limitado, y que en general consistía en llamadas telefónicas o videollamadas una vez por semana, de 10 minutos cada una. Muchos pasaban una semana o más sin recibir noticias de dónde estaban sus hijos ni cómo se encontraban. Por ejemplo:
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Edwin H., en el centro de detención inmigratoria de Port Isabel, habló con su hijo de 11 años en dos oportunidades entre el 11 de junio y el 16 de julio. “Intenté llamar al número que me dieron tal vez cinco veces más, pero no hubo contestación”, nos dijo.
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Aurelio L., procedente de Honduras, que también estaba detenido en Port Isabel y fue entrevistado el 16 de julio de 2018, había hablado con su hijo de 10 años una vez en los 33 días que hacía que habían sido separados forzosamente.
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Jessyca N., de El Salvador, nos dijo que no pudo hablar con su hija de 9 años por seis días luego de que fueron separadas forzosamente en McAllen el 14 de junio.
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Héctor G. no supo nada del paradero de su hijo de 6 años ni de cómo se encontraba durante 20 días, hasta que un guardia en el centro de detención de Port Isabel le pasó un número telefónico en un papel, sin darle ninguna explicación. “Hasta entonces, no tenía idea de qué le había ocurrido”, contó a Human Rights Watch.
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“No pudimos verlo para su primer cumpleaños”, explicó Rolando B., que dijo estar separado de su hijo de un año más de cuatro meses luego de ser deportado a Honduras sin el niño, nos contó. “Solamente podemos hablar con él por videollamada una vez por semana, durante 20 minutos. Es algo muy doloroso”.
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Un abogado que representa a varios padres en el centro de detención inmigratoria de Port Isabel dijo a Human Rights Watch que solamente habían hablado con sus hijos una o dos veces durante el mes que estuvieron allí. “No tenían dinero para hacer las llamadas. Cuando descubrimos que eso ocurría, pusimos dinero en sus cuentas para que pudieran contactarse con sus hijos”, señaló el abogado.
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Un abogado que representa a un padre y su hijo de 10 años que acaban de reencontrarse tras estar separados un mes dijo a Human Rights Watch: “El hijo no está bien. No habla. Le está resultando muy difícil acostumbrarse luego de la separación”.
Presión para aceptar ser deportados
Varios padres dijeron a Human Rights Watch que funcionarios de inmigración los instaban a que aceptaran regresar de manera “voluntaria” a sus países de origen o renunciar a su derecho a plantear un pedido de asilo. Por ejemplo:
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Edwin H., de Honduras, indicó a Human Rights Watch lo siguiente: “Un funcionario me entregó los resultados de mi entrevista [una primera entrevista sobre temor creíble, que constituye el primer paso para plantear una pretensión de asilo]. Señaló una casilla y me dijo que la marcara y firmara el formulario. Dije que no pensaba firmar porque no sabía qué estaba firmando. Entonces se enfadó. ‘Tienes que firmar. ¿Acaso no quieres tener de nuevo a tu hijo?’. Me sentí presionado y firmé. No entendía qué era, porque todo estaba en inglés”. Human Rights Watch analizó el documento que firmó, en el cual renunciaba al derecho a presentarse ante un juez inmigratorio para exponer los motivos por los cuales temía regresar a su país de origen.
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Pablo Z., también de Honduras, fue deportado solo sin su hijo de 4 años. Dijo a Human Rights Watch que él y su hijo se habían presentado en el punto de entrada en Brownsville, Texas, el 11 de junio de 2018. “Nos retuvieron dos días en el puente. El primer día, los agentes allí me preguntaron por qué había ido a Estados Unidos. Les dije que estaba allí con la intención de pedir asilo para mí y para mi hijo y que temía regresar a mi país. Les expliqué que ambos habíamos sido amenazados por un narcotraficante. Me indicaron que firmara papeles, pero yo no sabía de qué se trataban. Afirmaron que los documentos no eran de deportación, y por eso los firmé”. Pablo nos contó que nunca volvió a habló con otro funcionario sobre el temor que había informado antes de ser deportado sin su hijo una semana después.
Otros padres afirmaron que la separación de sus hijos les impidió concentrarse en sus casos de inmigración, pese a la insistencia de los funcionarios de que continuaran avanzando en el proceso de resolución:
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“Los funcionarios me indicaron que tendría una entrevista en las siguientes semanas. Quiero tener esa entrevista, pero ahora mismo en lo único en lo que puedo pensar es en cómo está mi hija y cuándo podré verla. No es justo que hagan que tenga esa entrevista ahora, pues no puedo concentrarme. Pienso solo en mi hija”, explicó Jessyca N., de El Salvador.
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Cuando Ariel P., de Guatemala, tuvo una entrevista sobre temor creíble en un centro de detención en San Antonio, no había hablado con su hijo por más de 20 días y no se le había informado dónde estaba el niño. Afirmó que la separación forzosa y la incertidumbre lo desanimaron profundamente y afectaron su capacidad de concentrarse en la entrevista. “Lo único en lo que podía pensar era en cómo estaría y cuándo podría verlo de nuevo. Cada noche, al acostarme, pensaba dónde estaría durmiendo él. En cada comida, si había algún alimento que no me gustaba, me preguntaba si mi hijo estaba comiendo algo que no le gustaba. Si no comía y tenía hambre, me preguntaba si también él estaría hambriento ese día. Tenía estos pensamientos recurrentes que me impedían enfocarme en ninguna otra cosa”, aseveró a Human Rights Watch.
