(Nueva York) – Los organismos estatales de protección de menores de Estados Unidos podrían tener carta blanca para discriminar bajo una reciente enmienda a un proyecto de ley que se encuentra ante el Congreso. La enmienda también amenazaría los derechos de los niños bajo el cuidado de estos organismos, dijo Human Rights Watch en un video publicado hoy.
La enmienda prohibiría al gobierno federal utilizar la opción de suspender su apoyo a los proveedores de bienestar infantil que se nieguen a proporcionar servicios debido a sus creencias religiosas o morales. La reforma también se aplicaría a los gobiernos estatales y locales que reciben fondos federales para servicios de protección de menores. Sería mucho más difícil evitar que las agencias que reciben fondos federales se nieguen a asignar niños en adopción o en régimen de acogida a lesbianas, gais, bisexuales o personas transgénero (LGBT), personas solteras o divorciadas, personas de una fe distinta o cualquier persona que consideren inaceptable en base a las creencias del organismo.
“La enmienda es mala tanto para los futuros padres como para los niños vulnerables que necesitan un hogar”, dijo Ryan Thoreson, investigador del programa de derechos LGBT de Human Rights Watch. “El Congreso debería hacer que sea más fácil, en lugar de más difícil, que los niños encuentren familias adecuadas, cariñosas y dispuestas a recibirlos”.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos retendría el 15 por ciento de los fondos federales asignados a un programa de servicios de protección de menores de los gobiernos estatales y locales que no cumplan con la norma.
La enmienda representa una versión federal de las leyes de adopción y cuidado de acogida con “licencia para discriminar” que se han promulgado en 10 estados de EE.UU. Los debates en torno a estos proyectos de ley indican que fueron promulgados principalmente como una respuesta a la igualdad de matrimonio en EE.UU. Sólo en 2018, Kansas, Oklahoma y Carolina del Sur promulgaron leyes de adopción y cuidado de acogida con “licencia para discriminar”. Alabama, Michigan, Mississippi, Dakota del Norte, Texas, Dakota del Sur y Virginia tienen vigentes leyes similares.
El representante republicano de Alabama, Robert Aderholt, propuso la enmienda como parte de un paquete de financiamiento de US$177.100 millones para los departamentos federales de Trabajo, Salud y Servicios Humanos y Educación. El comité adoptó la enmienda en una votación 29-23 en gran parte siguiendo la línea de los partidos, con la excepción del representante republicano de Virginia, Scott Taylor, que rompió con los republicanos al votar en contra.
El 11 de julio de 2018, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de financiamiento en una votación de 30 contra 22. Ahora pasará a la Cámara para una votación.
Las leyes con “licencia para discriminar” a menudo se conocen como exenciones religiosas, pero el término “exención” es engañoso. Las leyes no eximen a los proveedores religiosos de las leyes antidiscriminatorias que ya están vigentes. De hecho, ninguno de los estados que han promulgado estas “exenciones” ha prohibido la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. En EE.UU., sólo tres estados y el Distrito de Columbia prohíben la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en la adopción y el cuidado de acogida. Otros cinco estados prohíben la discriminación basada en la orientación sexual en la adopción y el cuidado de acogida, pero no dicen nada sobre la discriminación basada en la identidad de género.
Human Rights Watch ha documentado el daño que las denominadas leyes de exención religiosa pueden infligir a padres e hijos por igual. En algunos casos, a los padres que querían adoptar niños se le negó el servicio debido a su orientación sexual. Dana Dumont, que fracasó en su intento por adoptar en 2016 con una agencia de Michigan, dijo: “Fue realmente difícil. Es doloroso (...) Nos gusta pensar que seremos buenas madres, pero realmente duele que ni siquiera nos dieran la oportunidad de mostrarles quienes somos. Es por este pequeño detalle, el hecho de que somos dos mujeres, que dijeron que no”.
Negarse a asignar niños a personas LGBT restringe el grupo de posibles padres para los niños vulnerables. Actualmente, 23.000 niños quedan fuera del cuidado de acogida cada año cuando cumplen 18 años sin haber sido emparejados con una familia adoptiva. Estos niños afrontan altos niveles de mendicidad y desempleo.
En EE.UU., las personas LGBT son seis veces más propensas que las parejas heterosexuales a brindar cuidado de acogida y cuatro veces más propensas a adoptar. En algunos casos, las personas LGBT dijeron que estas denegaciones los desalentaba a continuar con el proceso de adopción y cuidado de acogida, ya fuera porque no tenían proveedores alternativos en su área o porque temían un tratamiento similar en otras agencias.
“Realmente lo importante son los niños que están atrapados en estas agencias, o atrapados en estas agencias y que probablemente se quedarán fuera del sistema por superar la edad máxima”, dijo Erin Busk-Sutton, una mujer que fue rechazada por una agencia en Michigan por su orientación sexual. “Nos preguntaron en qué grupo de edad estábamos buscando y dijimos que éramos flexibles, lo que debería haber sido un momento de aleluya para cualquier agencia”.
La enmienda es prácticamente idéntica a la Ley de Inclusión de Proveedores de Bienestar Infantil, un proyecto de ley presentado en el Congreso en 2017. Legisladores opuestos a la idea de una “licencia para discriminar” introdujeron la Ley de Todos los Niños Merecen una Familia, también en 2017, que prohibiría que las agencias de adopción y cuidado de acogida que reciben apoyo federal discriminasen en función de la orientación sexual, identidad de género o estado civil. Ninguno de estos proyectos de ley se ha promulgado como ley.
Los legisladores en la Cámara de Representantes deberían enmendar el proyecto de ley de asignaciones para eliminar la enmienda discriminatoria cuando lleguen al pleno. El paquete de fondos del Senado pasó a través del comité sin una disposición similar, y el Senado debería rechazar cualquier esfuerzo para agregar una disposición similar a su proyecto de ley. Los legisladores de ambas cámaras deberían rechazar cualquier licencia para discriminar en cualquier paquete final de asignaciones.
“Al colar esta enmienda en un proyecto de ley de gasto masivo, el Congreso está poniendo el fanatismo por delante de las necesidades de los niños vulnerables que necesitan familias que les cuiden”, señaló Thoreson. “A la primera oportunidad, el Congreso debería eliminar esta disposición y afirmar que el interés superior del niño siempre es primordial”.
