(Nueva York, 19 de febrero de 2018) – La avalancha de nuevas leyes de “exención religiosa” aprobadas por las legislaturas estatales en todo Estados Unidos representa un asalto sutil contra los derechos de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT), dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. En ausencia de sólidas salvaguardas contra la discriminación, estas leyes funcionan como una licencia para discriminar en lugar de un intento de buena voluntad de proteger la libertad religiosa y, por lo tanto, deberían ser derogadas.
El informe de 41 páginas “‘All We Want is Equality’: Religious Exemptions and Discrimination against LGBT People in the United States” (“‘Lo único que queremos es igualdad’: exenciones religiosas y discriminación contra las personas LGBT en Estados Unidos”) documenta cómo las recientes leyes abren la ventana a la discriminación de las personas LGBT en temas de adopción y acogida temporal, atención médica y acceso a algunos bienes y servicios. Estas leyes no logran equilibrar las objeciones morales y religiosas a las relaciones e identidades LGBT con los derechos de las personas LGBT, concluyó Human Rights Watch. Los hallazgos ilustran que estas exenciones fomentan denegaciones discriminatorias, desalientan a las personas LGBT de buscar servicios y perjudican la dignidad de las personas.
“Describir estas leyes como ‘exenciones’ es engañoso”, dijo Ryan Thoreson, investigador del programa de derechos LGBT de Human Rights Watch. “Ante la escasez de leyes que principalmente protejan a las personas LGBT de la discriminación, los legisladores lo están haciendo exactamente al revés y están creando excepciones incluso antes de establecer la norma”.
Human Rights Watch entrevistó a 112 personas LGBT, proveedores de servicios y defensores en estados donde las exenciones religiosas recientemente han sido promulgadas como leyes.
La mayoría de las entrevistas se llevaron a cabo en tres estados. En Mississippi, la ley estatal permite que una amplia gama de individuos, empresas y proveedores de servicios discriminen en función de sus objeciones religiosas o morales el matrimonio entre personas del mismo sexo, el sexo extramatrimonial y el reconocimiento de la identidad transgénero. En Tennessee, una reciente ley estatal permite a los asesores de salud mental rechazar a clientes en función de sus creencias religiosas. Y en Michigan, las agencias de adopción y acogida temporal que reciben fondos del estado tienen el poder explícito de negarse a entregar niños a parejas LGBT debido a las objeciones morales o religiosas de las agencias. Alabama, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Texas y Virginia también cuentan con exenciones para temas de adopción y acogida temporal.
Actualmente, sólo 19 estados y el Distrito de Columbia prohíben explícitamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el empleo, la vivienda y el alojamiento público. Otros tres estados ofrecen salvaguardas parciales; New Hampshire y Wisconsin prohíben la discriminación basada en la orientación sexual, pero no en la identidad de género, y Utah prohíbe la discriminación en el empleo y la vivienda, pero no en las instalaciones públicas. Los otros 28 estados carecen de disposiciones legales que prohíban explícitamente la discriminación contra las personas LGBT.
En los estados donde las personas LGBT carecen de protecciones explícitas contra la discriminación, exenciones tan generales sólo sirven para reforzar poderosamente la idea de que las agencias de adopción y acogida temporal, los proveedores de atención médica, los dueños de negocios y los proveedores de servicios pueden negarse a atender a las personas LGBT. Erin Busk-Sutton, una mujer lesbiana que fue rechazada por una agencia de acogida temporal religiosa en Michigan, describió la experiencia como “la peor de mi vida, en la que un extraño me dijo que esencialmente no sería una buena madre”.
Incluso si a las personas no se les deniegan directamente los servicios, las exenciones religiosas hacen que las personas LGBT teman la discriminación y se vuelvan reacias a buscar servicios. Las leyes abordadas por Human Rights Watch ayudan a consolidar y exacerbar un clima en el que las personas LGBT ya enfrentan maltrato y barreras a su participación plena e igualitaria en la esfera pública.
“Sé de personas que ni siquiera intentan [buscar servicios] por miedo a ser rechazadas”, dijo Lisa Scheps, una activista transgénero en Texas. “Y eso es cierto en cualquiera de los condados rurales de Texas”.
Si bien estas leyes se enmarcan en la protección de la libertad religiosa, son ante todo una respuesta al avance de la igualdad LGBT, en particular el derecho a casarse para parejas del mismo sexo. El representante Jeff Irwin, que se opuso a las exenciones de Michigan en materia de adopción y acogida temporal, observó que “la meta de este conjunto de leyes es permitir que las agencias discriminen a las parejas del mismo sexo”. En varios casos, los legisladores rechazaron enmiendas que habrían asegurado que las leyes no pudieran ser utilizadas para discriminar a las personas LGBT.
El mensaje no pasa desapercibido entre las personas LGBT que viven en estados con leyes con licencia para discriminar. “Te faltan al respeto, te tratan como a un ciudadano de segunda clase, ni siquiera como a un ciudadano, como a un extranjero”, dijo Brandiilyne Mangum-Dear, una lesbiana en Mississippi.
En 2018, ya se han presentado más proyectos de ley para exenciones en Florida, Georgia, Illinois, Oklahoma y Washington. Proyectos de ley para combatir la discriminación están pendientes en Alaska, Arizona, Florida, Idaho, Indiana, Kentucky, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Utah, Virginia y Virginia Occidental.
Los legisladores deberían promulgar leyes antidiscriminatorias que prohíban la segregación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el empleo, la educación, la vivienda, la atención médica y el acceso a los servicios, recomendó Human Rights Watch. Los estados con amplias exenciones deberían derogarlas, y los legisladores que están evaluando estos proyectos de ley deberían rechazarlos en favor de protecciones más equilibradas que no pongan en peligro los derechos y el bienestar de las personas LGBT.
