Bomberos intentan extinguir un incendio después de una explosión en la Iglesia de Pentecostés Surabaya Central (GPPS), en Surabaya, Java Oriental, Indonesia, el 13 de mayo de 2018.

 

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Los ataques suicidas coordinados contra tres iglesias cristianas y la sede policial en Surabaya, la segunda ciudad más poblada de Indonesia, el 13 y 14 de mayo de 2018, fueron actos de violencia repugnantes, dijo hoy Human Rights Watch. Los atacantes utilizaron intencionadamente a sus propios hijos, que tenían edades entre 9 y 18 años, para o bien transportar y detonar explosivos o bien acompañar a los padres que cometieron los atentados.

La detonación de las bombas provocó la muerte de 12 personas, 13 atacantes y sus hijos, además de al menos 50 heridos. Tres familias vinculadas al Jamaah Ansharut Daulah, un grupo afiliado del Estado Islámico (también conocido como ISIS) en Indonesia, llevaron a cabo los ataques. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad y calificó cada uno de los atentados como una operación de “martirio”.

“Los bombardeos de iglesias cristianas muestran los graves riesgos a los que se enfrentan todos los días las minorías religiosas de Indonesia”, dijo Andreas Harsono, investigador para Indonesia de Human Rights Watch. “El horror de estos ataques ha sido magnificado por los atacantes que usaron a sus propios hijos como terroristas suicidas”.

El primer atentado ocurrió en la mañana del 13 de mayo, cuando los dos hijos de Puji Kuswati y su esposo Dita Oepriarto, de 16 y 18 años, se montaron juntos sobre una motocicleta y se embistieron contra el complejo de la iglesia católica de Santa María detonando explosivos ocultos, que provocaron la muerte de dos asistentes a la iglesia e hirieron a seis. Poco después, Oepriarto detonó explosivos que había escondido en una camioneta y que había conducido al complejo de la iglesia central pentecostal de Surabaya, matando a un guardia de seguridad y un peatón. Minutos después, Kuswati entró en la iglesia cristiana indonesia de Surabaya con sus dos hijas, de entre 9 y 12 años. Testigos aseguran que Kuswati detonó explosivos ocultos en su cuerpo, matando a un guardia de seguridad, además de a sí misma y sus hijas.

El cuarto ataque suicida ocurrió 12 horas después, el 14 de mayo, cuando una familia de cinco miembros, dos padres y tres niños, condujo dos motocicletas hasta el estacionamiento de la sede policial de Surabaya y detonó explosivos ocultos en sus cuerpos y las motocicletas. La explosión mató a los padres y a dos de sus hijos e hirió a seis civiles y cuatro policías. La hija de los atacantes, de 8 años, que viajaba en una de las dos motocicletas, sobrevivió a la explosión.

La policía informó que otra explosión independiente el 13 de mayo en una vivienda familiar en Wonocolo, un suburbio de Surabaya, fue una detonación “prematura” de otra familia que planeaba un ataque contra un “objetivo no revelado” en la ciudad. Esa explosión mató a tres personas –una pareja y su hijo mayor, de 17 años— e hirió gravemente a dos de sus otros tres hijos.

El presidente Joko “Jokowi” Widodo voló inmediatamente de Yakarta a Surabaya después de los ataques, calificándolos de “cobardes, inhumanos y bárbaros”. El jefe de la Policía Nacional de Indonesia, el general Tito Karnavian, describió los ataques como una represalia por el enjuiciamiento y encarcelamiento por parte de Indonesia del liderazgo de Jemaah Ansharut Daulah y dijo que las tres familias implicadas en las explosiones habían sido amigas.

Muchas iglesias cristianas cancelaron de inmediato sus servicios dominicales del 13 de mayo. La policía también aumentó la seguridad en casi todas las grandes iglesias en las principales ciudades como Yakarta, Surabaya y Medan. Estos atentados contra las iglesias fueron los más grandes desde la víspera de Navidad del año 2000, cuando más de 30 iglesias en ocho ciudades fueron bombardeadas simultáneamente.

En toda Indonesia, las minorías religiosas, incluidos los musulmanes chiítas y ahmadíes, varios grupos cristianos y las religiones locales, han sido blanco de acoso, intimidación, amenazas y, cada vez más, de violencia. El Instituto Setara, que supervisa la libertad religiosa en Indonesia, ha documentado cientos de casos de ataques violentos contra minorías religiosas en la última década.

Las autoridades indonesias deberían garantizar el acceso a asistencia para las víctimas de los ataques de la iglesia y sus familias. También deberían ayudar a los niños supervivientes utilizados por los atacantes e investigar las circunstancias de su participación para evitar futuros ataques. A la hora de abordar estos incidentes, así como en las deliberaciones del gobierno sobre el proyecto pendiente de ley antiterrorista, las autoridades indonesias deberían respetar plenamente las obligaciones internacionales de derechos humanos de Indonesia.

“Los incidentes marcan la primera vez en Indonesia en que los terroristas suicidas han usado niños en sus ataques”, señaló Harsono. “Utilizar a los niños de esa manera es indefendible y deplorable”.