(San Francisco) – Human Rights Watch ha interpuesto una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por no responder adecuadamente a un pedido presentado al amparo de la ley de acceso a la información pública, sobre violaciones de derechos humanos cometidas por agentes fronterizos.
Aunque numerosas partes han sido censuradas, los registros que recibió Human Rights Watch hasta el momento demuestran que funcionarios de asilo en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (US Citizenship and Immigration Services, USCIS) han presentado reiteradamente informes internos sobre prácticas problemáticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP). Los documentos aportan detalles sobre múltiples casos de intimidación y abuso verbal e incluso físico por parte de agentes de CBP. Un mensaje de correo electrónico enviado por un funcionario de asilo indicaba que un solicitante de asilo fue intimidado por personal de la CBP para que retirara su caso: “Lo que resulta particularmente alarmante de esto es que... el registro indica que ha sufrido hostigamiento, intimidación y maltrato físico a manos de funcionarios de CBP en su ingreso reciente en EE. UU., y [ ] este maltrato. . . afectó su decisión de retirar el caso”.
“El gobierno de Trump, y anteriormente el de Obama, han oprimido reiteradamente los derechos de solicitantes de asilo en la frontera”, destacó Clara Long, investigadora sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “Esta demanda simplemente pide que se entreguen los registros del propio gobierno. Negar a personas en Estados Unidos la oportunidad de pedir asilo es ilegal conforme al derecho estadounidense y el derecho internacional”.
Human Rights Watch es representada en este caso por el estudio en San Francisco de Nixon Peabody.
Los documentos describen más de 100 instancias individuales en las cuales CBP presuntamente cometió abusos y no identificó adecuadamente a solicitantes de asilo. Incluyen casos registrados por agentes de asilo, en los cuales CBP se habría negado a registrar el temor de los peticionantes: “Les dije que tenía mucho miedo y que por favor no me deportaran, y se rieron”, además de solicitudes en las cuales CBP habría falseado respuestas a preguntas que nunca formularon: “P: Cuándo los agentes de protección fronteriza le preguntaron si temía regresar a El Salvador, usted dijo que no; ¿por qué dijo que no? A: No dije que no, nunca me hicieron esas preguntas”.
La demanda se basa en una solicitud planteada por Human Rights Watch y el Consejo Estadounidense de Inmigración (American Immigration Council) para obtener información interna preparada por funcionarios de asilo que trabajan en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, y que han registrado reiteradamente instancias en las que su organismo socio –la CBP– no cumplió las leyes estadounidenses y los procedimientos correspondientes al detener a solicitantes de asilo en la frontera. CBP y el USCIS son suborganismos del Departamento de Seguridad Nacional.
El derecho estadounidense exige que cuando una persona detenida en la frontera o en las proximidades de un cruce fronterizo manifiesta su temor a regresar al país de origen, la CBP debe derivar a esa persona a funcionarios de asilo del USCIS para que tengan una “entrevista sobre temor creíble”. En dicha entrevista, se determina si la persona podría reunir los requisitos para solicitar asilo u otra protección. Los documentos solicitados en virtud de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) acrecentarán un volumen creciente de pruebas sobre comportamiento indebido de la CBP.
“Brindar una audiencia justa a personas que huyen de contextos de persecución y abstenerse de cometer abusos no es algo que la CBP pueda elegir hacer cuando le plazca, sino una exigencia del derecho estadounidense”, explicó Long. “Human Rights Watch interpuso esta demanda porque el público merece saber si sus propias instituciones federales están incumpliendo la ley y, sobre todo, conocer las pruebas recabadas por una institución federal sobre las irregularidades cometidas por otra”.
Human Rights Watch ha recibido, en respuesta, una cantidad muy limitada de registros. Sin embargo, la demanda es necesaria para conminar al gobierno a que cumpla cabalmente con el derecho federal y entregue todos los registros solicitados. Entre otros motivos, la demanda sostiene que los documentos recibidos hasta ahora son inadecuados, pues tienen demasiadas eliminaciones y porque el pedido original al amparo de la FOIA solicitaba documentos correspondientes al período entre el 1 de octubre de 2006 y el 13 de diciembre de 2016, pero el gobierno no aportó documentación para las fechas entre 2006 y 2012.
Los registros recibidos hasta el momento describen denuncias efectuadas a supervisores del USCIS, la Oficina de Derechos y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General (OIG), por funcionarios de asilo, que señalan violaciones del debido proceso o inconductas por parte de la CBP. Esto incluye registros de comunicaciones internas de agentes de asilo y supervisores, así como copias de quejas planteadas por funcionarios de asilo en la CRCL sobre señalamientos de abusos de la CBP. Estos registros, y los demás que se espera recibir con esta demanda, indican que no solo la CBP viola los derechos de solicitantes de asilo, sino que además las dependencias de asilo en todo el país están al corriente de que esto sucede.
Human Rights Watch ha informado previamente acerca de que la CBP no identificaba adecuadamente a solicitantes de asilo ni los derivaba al USCIS. El informe destacó que, aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza es la única agencia responsable de indagar en forma proactiva si los inmigrantes temen regresar a su lugar de origen, la mayoría de las derivaciones por temor creíble en la práctica no proceden de agentes de esa institución. En 2016, la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional de EE. UU. actualizó su informe de 2005 sobre el trato brindado a solicitantes de asilo en la frontera, y concluyó que había “inquietudes continuas y nuevas sobre las prácticas que aplican los agentes de la CBP en las entrevistas y la fiabilidad de los registros que crean, que incluían: pautas internas deficientes de Control Fronterizo que confunden el rol de la CBP con el del USCIS; abierto escepticismo por parte de algunos funcionarios de la CBP, o incluso hostilidad, hacia las pretensiones de asilo; y procedimientos de control de calidad inadecuados”.
En noviembre de 2014, se presentó una demanda de derechos civiles ante la Oficina de Derechos y Libertades Civiles, en la cual se señalaba que la CBP no evaluaba adecuadamente a los solicitantes de asilo. La demanda la interpuso un grupo de organizaciones, incluidos American Immigration Lawyers Association (AILA), Center for Gender & Refugee Studies, Human Rights First y Lawyers’ Committee for Civil Rights.
“Creemos que los registros que no han sido divulgados mostrarán no solo que la CBP ha realizado acciones abusivas e ilegales, sino que además la institución de la cual depende, el Departamento de Seguridad Nacional, desde hace tiempo sabe que estos abusos ocurren”, explicó Long.
