Alejandra Pablos.

© National Latina Institute for Reproductive Health via Twitter

Estados Unidos ha detenido a otra activista de los derechos de los inmigrantes. En los últimos meses, las autoridades de EE.UU. han detenido, iniciado procedimientos de deportación y expulsado a varios activistas de los derechos de los inmigrantes, incluyendo a un titular del permiso de residencia estadounidense y a un “dreamer” (inmigrantes indocumentados que llegaron a EE.UU. cuando eran niños).

La semana pasada, Alejandra Pablos, coordinadora del Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva (NLIRH, por sus siglas en inglés), fue detenida después de un control de rutina en las oficinas locales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) en Arizona.

Pablos ha vivido en EE.UU. desde que era una niña pequeña, y su madre y la mayoría de su familia son ciudadanos estadounidenses. Ella ha solicitado asilo porque dice temer ser perseguida en México por sus actividades políticas en EE.UU. Como activista, el trabajo de Pablos refleja la realidad de que los derechos de los inmigrantes y la justicia reproductiva están entrelazados y organiza a la población latina para cambiar las políticas que dañan la salud de las mujeres y sus familias.

Su estatus migratorio ha estado en riesgo desde que fue declarada culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en 2012. Después de cumplir condena tanto en prisión como en detención migratoria, Pablos fue liberada, pero se le ordenó que se registrara con el ICE cada tres meses. Durante uno de estos controles rutinarios la detuvieron nuevamente.

Dado el tiempo que lleva residiendo en EE.UU. y sus lazos familiares, la detención de Pablos y la inherente amenaza de deportación son profundamente preocupantes. La ley de inmigración de EE.UU. generalmente no tiene en cuenta adecuadamente los lazos de los inmigrantes con este país al sopesar si el gobierno tiene una razón suficiente para deportar a las personas. Actualmente se ha puesto en marcha una campaña para solicitar la liberación de Pablos.

En los últimos meses, el ICE ha arrestado y deportado a varios activistas de los derechos de los inmigrantes. Ravi Ragbir, un ex titular del permiso de residencia estadounidense proveniente de Trinidad y el director de New Sanctuary Coalition (NSC), fue arrestado en la ciudad de Nueva York. Jean Montrevil, un inmigrante de Haití que también trabajaba en NSC, fue deportado, a pesar de haber vivido en EE.UU. durante más de tres décadas con sus cuatro hijos estadounidenses. Daniela Vargas, una “dreamer” de Mississippi traída a EE.UU. desde Argentina cuando era niña, fue detenida minutos después de hablar sobre su experiencia en una conferencia de prensa. Maru Mora Villalpando, una activista indocumentada de alto perfil de México, recibió una orden de deportación en diciembre.

Representado por la NYU Immigrant Rights Clinic, Ravi Ragbir y un grupo de organizaciones de derechos de los inmigrantes presentaron el mes pasado una demanda bajo la Primera Enmienda alegando que “las autoridades federales de inmigración han atacado específicamente a prominentes y declarados activistas de derechos de los inmigrantes en todo el país sobre la base de su discurso y la defensa política en nombre de los derechos de los inmigrantes y la justicia social”. Han pedido a la corte que ordene al ICE que cese cualquier aplicación de represalia de las leyes de inmigración.

En lugar de deportar a tantos no ciudadanos con profundos lazos en EE.UU., el gobierno del país y el ICE deberían reformar el sistema de inmigración y tomar medidas urgentes para controlar sus abusos. El sistema tiene demasiados caminos que conducen a la deportación automática, y ni de lejos los suficientes que permitan que las personas cuyas vidas enteras están arraigadas en EE.UU. puedan quedarse.