Marielle Franco en una protesta en Río de Janeiro.

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Para atreverse a matar a una figura tan prominente en Río de Janeiro como la concejala Marielle Franco, hay que tener la certeza de que no se hará justicia.

Franco, de 38 años, era una defensora de derechos humanos negra y bisexual, nacida en favela, que trabajó incansablemente por los derechos de las minorías y las mujeres y denunciando abusos policiales. Era una joven figura en ascenso en Río, que emergía entre una camarilla de viejos políticos manchados por la corrupción y la incompetencia. Era todo eso y mucho más, hasta que, el 14 de marzo, cuatro balas le destrozaron la cabeza mientras circulaba en automóvil por Río.

Su asesinato y el del conductor, Anderson Gomez, reflejan el clima de impunidad casi absoluta que prevalece en Río, y en todo Brasil, y las fallas de la política de seguridad pública.

Las cárceles del país están hacinadas, pero con las personas equivocadas. Tradicionalmente, los políticos han aumentado los efectivos de la policía militar —la fuerza que patrulla las calles y que es visible para los votantes— y, al mismo tiempo, no se han ocupado de mejorar la capacidad de investigación de la policía civil.

La forma que la policía militar usa para demostrar que hace su trabajo es detener a personas in fraganti, a menudo jóvenes de bajos recursos a quienes interceptan en posesión de drogas, sean para uso personal o para su venta. Las personas a la espera de un juicio o condenadas por vender pequeñas cantidades de drogas o por otros delitos no violentos pasan años encarceladas en prisiones controladas por pandillas.

Por otra parte, miles de personas que deberían estar en prisión no lo están. Según un estudio reciente del Instituto Sou da Paz, durante 2015 los fiscales presentaron cargos en apenas el 12 % de los casos de homicidio en Río de Janeiro. No se sabe cuántos generaron condenas, pues la justicia brasileña no publica esos datos en forma periódica. El estudio del Instituto Sou da Paz indica que, cada año, miles de familias de Río de Janeiro que pierden a un ser querido no obtienen justicia.

Un investigador de homicidios en Río me contó que la policía civil investiga únicamente los homicidios que aparentan ser de fácil resolución, e ignora aquellos que parecen ser más complejos. En algunos de los homicidios ocurridos en barrios pobres que he documentado, los investigadores ni siquiera visitaron al lugar de los hechos.

Hay una categoría de homicidios particularmente delicada: los cometidos por policías. Días antes de su muerte, Franco había publicado varios tuits sobre abuso policial.

Tan sólo en 2017, 1.124 personas murieron a manos de policías en el estado de Río, una cifra que supera la cantidad de muertes por policías en todo Estados Unidos ese año. Algunas de las muertes perpetradas por policías en Río fueron en defensa propia, pero otras constituyeron ejecuciones extrajudiciales, según mostraron Human Rights Watch y otras organizaciones. La policía cometió casi uno de cada cuatro homicidios ocurridos en el estado de Río durante enero.

Los políticos brasileños suelen proponer penas más severas como estrategia principal para luchar contra el delito, al mismo tiempo que hacen la vista gorda ante la brutalidad policial.

Cesar Muñoz

Senior Researcher, Brazil

La impunidad en esos casos tiene consecuencias particularmente devastadoras, no sólo por el sufrimiento causado a los familiares de las víctimas, sino porque los abusos por parte de policías militares y civiles agudizan la desconfianza hacia la policía entre las comunidades y las disuaden de colaborar en la lucha contra la criminalidad. Como resultado, el trabajo de todos los policías, incluso aquellos que se atienen a la ley, se torna mucho más difícil y peligroso.

Los políticos brasileños suelen proponer penas más severas como estrategia principal para luchar contra el delito, al mismo tiempo que hacen la vista gorda ante la brutalidad policial. Pero la razón fundamental del estado desastroso de la seguridad pública del país es la impunidad. Para combatir la criminalidad, Brasil debe encarar una reforma profunda de las fuerzas policiales, que fortalezca la capacidad de investigación de la policía civil y establezca mecanismos dentro del sistema de justicia y dentro de los propios cuerpos de policía para investigar y castigar a los agentes que violen la ley.

De lo contrario, derramaremos lágrimas por muchas otras personas como Marielle Franco y Anderson Gomez.