(Washington, D.C.) El anuncio de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de que iniciará un examen preliminar de la situación en Venezuela intensifica la presión sobre las autoridades venezolanas para que pongan fin a las violaciones de derechos humanos en el país y para que los responsables de abusos sean llevados ante la justicia, señaló hoy Human Rights Watch. Durante violentas arremetidas contra opositores en 2014 y 2017, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos sistemáticos contra críticos, incluidas torturas.

El 8 de febrero de 2018, Fatou Bensouda, la fiscal de la CPI, anunció que había abierto un examen preliminar para analizar crímenes presuntamente cometidos en Venezuela al menos desde abril de 2017. La fiscal evaluará denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y de detenciones de miles de miembros de la oposición, tanto reales como aparentes, incluyendo casos en los que alegaron haber sufrido graves abusos y maltrato durante su detención. La fiscalía dijo que también había recibido información sobre que algunos manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muerte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad.

“Al abrir un examen preliminar, la fiscal de la CPI está enviando un mensaje contundente de que su fiscalía está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El poder judicial venezolano ha garantizado la impunidad, pero las decisiones de la CPI podrían lograr que las víctimas venezolanas puedan ser oídas por un tribunal independiente”.

Al abrir un examen preliminar, la fiscal de la CPI está enviando un mensaje contundente de que su fiscalía está siguiendo muy de cerca los aberrantes abusos del régimen de Maduro.

José Miguel Vivanco

Director para las Américas

La situación en Venezuela, que es un Estado parte de la CPI, se suma a la de varios otros países que están siendo objeto de examen preliminar por la Fiscalía de la CPI, como Colombia, Nigeria y Palestina. La fiscal también anunció el 8 de febrero que su oficina inició un examen preliminar para evaluar presuntos abusos cometidos en el contexto de la “guerra contra las drogas” en Filipinas.

El propósito del examen preliminar es determinar si la CPI debería iniciar una investigación exhaustiva, para lo cual es necesaria la autorización de un panel de jueces del tribunal. Al tratarse de un tribunal de última instancia, la fiscal de la CPI debe cumplir con estándares exigentes. La fiscalía debería analizar cuidadosamente si se cumplen los requisitos para que intervenga la corte, explicó Human Rights Watch.

En 2017, el gobierno venezolano cometió de forma sistemática abusos brutales, incluyendo torturas, contra quienes se manifestaban contra el gobierno y contra opositores políticos. En las calles, miembros de las fuerzas de seguridad emplearon desproporcionadamente la fuerza contra manifestantes, causando cientos de heridos. Detuvieron a más de 5.400 personas entre abril y julio. Miembros de diferentes fuerzas de seguridad golpearon violentamente y torturaron a detenidos con descargas eléctricas, asfixia, agresiones sexuales y otras técnicas crueles. Las autoridades también han procesado arbitrariamente a más de 750 civiles en la justicia militar.

Las investigaciones de Human Rights Watch permiten concluir que los abusos durante 2017 fueron parte de una práctica sistemática de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. Aunque esta no fue la primera vez que se castigó el disenso durante la presidencia de Maduro —en 2014 las fuerzas de seguridad también reprimieron manifestaciones y procesaron arbitrariamente a críticos— la magnitud y la gravedad de la represión durante 2017 alcanzaron niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela.

Los casos documentados por Human Rights Watch demuestran que los abusos no fueron aislados ni el resultado de excesos por parte de miembros insubordinados de las fuerzas de seguridad. De hecho, integrantes de distintas fuerzas de seguridad cometieron reiteradamente abusos extendidos en múltiples lugares del país (incluso en entornos controlados como establecimientos militares), durante un período de varios meses.

Las autoridades venezolanas no parecen haber adoptado medidas para impedir que los abusos ocurran ni han actuado para que los responsables de graves violaciones de derechos humanos respondan por sus crímenes. En cambio, a menudo han restado gravedad a los abusos, o han negado indiscriminadamente, y con total inverosimilitud, lo ocurrido.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en septiembre que “es posible que se hayan cometido delitos de lesa humanidad” en Venezuela, e instó a que se llevara a cabo una investigación internacional.

Human Rights Watch envió a la Fiscalía de la CPI su informe de noviembre de 2017 sobre abusos recientes cometidos en Venezuela.