En 2017, Pérez difundió varios videos en redes sociales instando al pueblo venezolano a rebelarse contra la “tiranía” del gobierno venezolano. En junio, arrojó una granada desde un helicóptero al edificio del Tribunal Supremo de Justicia, y en diciembre habría robado armas de fuego de una base de la Guardia Nacional Bolivariana.

Pérez y otras seis personas murieron el pasado 15 de enero en El Junquito, cerca de Caracas, luego de que agentes de las fuerzas de seguridad, junto con miembros de un grupo armado partidario del gobierno, que en Venezuela se conocen como “colectivos”, rodearan la vivienda donde se escondían Pérez y sus acompañantes. Las autoridades venezolanas afirmaron que las víctimas fallecieron tras un “enfrentamiento” y señalaron que se trataba de “terroristas”. También murieron dos agentes de seguridad y un miembro del colectivo en el incidente.

No obstante, hay pruebas que sugieren que Pérez habría sido víctima de una ejecución extrajudicial. Antes de ser asesinado, Pérez publicó en las redes sociales varios videos afirmando que él y sus colegas estaban siendo atacados, y que habían iniciado negociaciones con las autoridades para entregarse. En una copia de su certificado de defunción se indica que la causa de su muerte fue un único disparo en la cabeza, que le fracturó el cráneo. Al menos otras tres personas murieron por heridas similares, según trascendió en medios de prensa venezolanos. Tras ver el cuerpo, la hermana de una de las víctimas manifestó que tenía la cabeza “destruida” y que advirtió orificios de ingreso y salida de bala en la cabeza. Afirmó que su hermano había sido “masacrado”.

Asimismo, las acciones del gobierno desde que ocurrieron los hechos sugieren que intentó encubrir lo que realmente ocurrió. Agentes de fuerzas de seguridad destruyeron el edificio donde Pérez y los demás se habían estado ocultando. Ni el defensor del pueblo ni el fiscal general en ejercicio se han pronunciado públicamente sobre el caso.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, una fuerza de seguridad militar, restringieron el ingreso a la morgue donde se estaban realizando autopsias a los cuerpos. En los días siguientes, las autoridades no permitieron que los familiares tuvieran acceso a los cuerpos. También ignoraron la voluntad de los familiares, que querían decidir cuándo, dónde y cómo enterrar a sus seres queridos. El cuerpo de Pérez, el último en ser enterrado, fue llevado sorpresivamente a un cementerio de Caracas en la madrugada del 21 de enero. Solo dos familiares pudieron estar presentes durante el entierro.

Las autoridades venezolanas comenzaron el año 2018 actuando como si les estuviera permitido encubrir posibles ejecuciones extrajudiciales. Dado que no quedan en Venezuela instituciones independientes en pie que puedan ejercer controles sobre el poder ejecutivo, los gobiernos y las organizaciones internacionales preocupados por la situación en Venezuela deberían ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para que acepte una investigación internacional independiente sobre estas muertes, que sea llevada adelante por personas que tengan acceso total a la información y evidencia que requieran. Es crucial que líderes de todo el mundo alcen su voz y adviertan a los altos funcionarios venezolanos de que estos actos no serán tolerados, y que los responsables de estos asesinatos y los abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas deben ser llevados ante la justicia.

Es muy improbable que el régimen de Maduro voluntariamente permita que ingresen al país personas que puedan informar objetivamente sobre estas muertes u otros asuntos que sean de interés del gobierno. De hecho, durante más de una década, el gobierno venezolano ha negado acceso al país a observadores internacionales de derechos humanos. Sin embargo, al obligar a altos funcionarios venezolanos a tener que rechazar la propuesta, estos líderes extranjeros estarían contribuyendo a que los responsables rindan cuentas por sus actos y se haga justicia por estos abusos-y ello eventualmente ocurrirá, ya sea en el país o en el extranjero, y lo quieran o no quienes hoy ocupan altos cargos en Venezuela.