(São Paulo) – Las autoridades brasileñas deben tomar medidas decisivas para detener las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías, señaló hoy Human Rights Watch en su Informe Mundial 2018.
En octubre, el Congreso agravó la situación al aprobar un proyecto legislativo que impide que miembros de las fuerzas armadas acusados de uso ilegal de la fuerza contra civiles sean juzgados en la justicia penal ordinaria, y traslada esos juicios a la justicia militar.
“La policía brasileña necesita de manera imperiosa la cooperación de la población para combatir los altos niveles de delincuencia que azotan al país”, apuntó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “Pero mientras algunos policías sigan golpeando y ejecutando a personas impunemente, las comunidades no confiarán en la policía”.
En la 28.a edición de su Informe Mundial, de 643 páginas, Human Rights Watch analiza las prácticas de derechos humanos en más de 90 países. En su ensayo introductorio, el director ejecutivo Kenneth Roth señala que varios líderes políticos dispuestos a defender los derechos humanos mostraron que es posible poner límites a las aspiraciones populistas y autoritarias. Cuando estuvieron acompañados por un público movilizado y actores multilaterales que actuaron con eficacia, estos líderes demostraron que el ascenso de gobiernos que desprecian los derechos no es algo inevitable.
Las ejecuciones perpetradas por algunos policías también ponen en riesgo al resto de la fuerza policial, pues la exponen a represalias, al tiempo que esos abusos hacen que los encuentros de la policía con presuntos delincuentes sean más violentos y peligrosos, señaló Human Rights Watch. En 2016, 437 policías fueron asesinados en Brasil, la gran mayoría de ellos cuando estaba fuera de servicio.
Ese mismo año, al menos 4.224 personas murieron a manos de policías, lo cual representa cerca de un 26 por ciento más que en 2015, según los datos más recientes. Tras dos años de caída de las muertes por acción de policías en servicio en el estado de São Paulo, las 494 muertes ocurridas entre enero y septiembre de 2017 supusieron un incremento del 19 por ciento respecto al mismo período del año anterior. En Río de Janeiro, policías en servicio mataron a 1.035 personas entre enero y noviembre, un aumento del 27 por ciento comparado con el mismo período de 2016.
Si bien algunas muertes causadas por policías son resultado del uso legítimo de la fuerza, otros casos constituyen ejecuciones extrajudiciales, conforme han documentado Human Rights Watch y otras organizaciones.
Algunos policías militares que piden reformas han sido castigados de manera arbitraria. Normativas estatales y federales exponen a los agentes a la posibilidad de expulsión de la fuerza y a penas de prisión por infracciones como criticar a un superior o una decisión gubernamental.
La implementación de la ley brasileña contra la violencia doméstica, la ley “Maria da Penha”, de 2006, continúa incompleta. Las comisarías especializadas en crímenes contra la mujer no cuentan con personal suficiente, en general están cerradas por la noche y los fines de semana, y suelen estar concentradas en las principales ciudades. Los datos disponibles indican que, cada año, miles de casos de violencia doméstica no se investigan adecuadamente.
Cuando no se pone freno a los abusos domésticos, es habitual que estos se agraven y puedan llevar hasta a la muerte. En 2016, 4.657 mujeres fueron asesinadas en Brasil. Ese año, los fiscales presentaron cargos en al menos 2.904 casos —algunos estados proporcionaron datos parciales o no brindaron información— de presuntos femicidios, definidos por una ley de 2015 como el asesinato de una mujer por la condición de ser mujer.
En 2016, había en Brasil más de 24.000 menores de edad en reformatorios, es decir, casi un 24 por ciento más de la capacidad total de las instalaciones. El Congreso de Brasil examina actualmente un proyecto legislativo que agravaría la sobrepoblación, al aumentar el período máximo de internación de los menores. Otro proyecto permitiría que jóvenes de 16 y 17 años acusados de delitos graves sean juzgados y sentenciados como si fueran adultos, lo cual contraviene el derecho internacional.
En junio, nueve niños fueron asesinados por otros niños en establecimientos de detención con un gran nivel de hacinamiento en Paraíba y Pernambuco. En noviembre, presuntos miembros de una banda secuestraron a seis niños de una unidad penitenciaria en Ceará y ejecutaron a cuatro.
El número de adultos en prisión aumentó un 17 por ciento, hasta llegar a los 726.700, entre diciembre de 2014 y junio de 2016, mientras que la capacidad del sistema penitenciario bajó. En junio de 2016, había dos detenidos por cada espacio disponible.
La violencia contra activistas rurales y líderes indígenas involucrados en conflictos por tierras se agravó en 2017. En 2016, 61 personas implicadas en conflictos por tierras murieron de forma violenta, la cifra anual más alta desde 2003, y 64 fueron asesinadas entre enero y octubre de 2017, según la Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica.
El capítulo sobre Brasil del informe también aborda los problemas de derechos humanos que afectan, entre otros, a personas LGBT, migrantes y personas con discapacidad.
