(Washington, DC) – El aumento en las detenciones inmigratorias de personas que viven en Estados Unidos durante el gobierno de Trump tiene un impacto devastador para inmigrantes que están desde hace mucho tiempo en el país y tienen lazos sólidos allí, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
Según datos publicados el 5 de diciembre por el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security), desde el comienzo del gobierno de Trump hasta fines de septiembre la cantidad de inmigrantes detenidos en el interior del país, en vez de en la frontera, incluyendo muchos que fueron arrancados de sus familias y comunidades, aumentó un 40% en comparación con el mismo período en 2016. Las detenciones inmigratorias de personas que no tienen antecedentes penales prácticamente se habían triplicado con relación a aproximadamente el mismo período de 2016.
El informe de 109 páginas, “Los Deportados: Inmigrantes desarraigados del país que consideran su hogar”, junto con un sitio web interactivo al cual se puede acceder desde el 5 de diciembre, documenta 43 casos de inmigrantes —muchos de ellos residentes desde hace muchos años y con firmes lazos familiares y de otros tipos en EE. UU.— que fueron deportados mediante procedimientos que, generalmente, ignoraron derechos fundamentales de los inmigrantes y casi nunca consideraron sus hogares y familias estadounidenses. Varios equipos de investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a las personas deportadas en México. El informe analiza, asimismo, datos del gobierno estadounidense sobre detenciones y deportaciones correspondientes a los primeros siete meses del gobierno de Trump. (Estos datos fueron otorgados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con anterioridad a la publicación de las estadísticas anuales el 5 de diciembre).
“La cantidad de personas que están siendo deportadas, y los relatos que ofrecen, dejan en evidencia que quienes inmigraron hace tiempo y tienen lazos sólidos con EE. UU. están siendo detenidos y deportados de manera agresiva y sistemática”, dijo Clara Long, investigadora sénior sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “No se trata de casos atípicos o esporádicos, sino de la imagen más implacable y destructiva de la política inmigratoria de Trump”.
A poco de asumir, Trump firmó dos decretos ejecutivos que hicieron que casi la totalidad de los inmigrantes no autorizados que viven en EE. UU. se conviertan en blanco de aprehensión, detención y deportaciones. Los decretos dejaron sin efecto una serie de directivas que acotaban el enfoque de las medidas de control a las personas que habían cruzado la frontera recientemente y a los ciudadanos extranjeros con ciertas condenas penales.
Human Rights Watch concluyó que el impacto de estas medidas ha sido inmediato y grave. Durante el gobierno de Trump, se llevaron a cabo un total de 110.568 detenciones en el interior del país entre el 20 de enero y el 30 de septiembre, cuando termina el año fiscal, comparadas con las 77.806 realizadas en ese mismo período durante 2016. De estas detenciones 31.888 correspondían a personas sin condenas penales, a diferencia de 11.500 en aproximadamente ese mismo período durante 2016.
Entre las personas entrevistadas se incluyen las siguientes:
- Linda C., de 29 años, madre de tres hijos con ciudadanía estadounidense, que llegó al país a los cuatro años de edad, y fue deportada luego de un control de tránsito;
- Manuel G., un líder local de la organización Alcohólicos Anónimos y padre de hijos con ciudadanía estadounidense, fue deportado tras 29 años en Estados Unido, cuando la policía lo obligó a detener su vehículo tras hacer un giro en U;
- Sergio H., retirado de las fuerzas militares estadounidenses y propietario de un taller de reparación de carrocerías de automóviles, fue deportado por condenas vinculadas con su dependencia de las drogas;
- Omar G., que había vivido más de 20 años en EE. UU. y se ocupaba de cuidar de su concubina estadounidense, quien sufre discapacidad a causa de un dolor insoportable en los brazos;
- Alexis G., de 20 años, que pasó casi la totalidad de su vida en EE. UU. y dijo “Si tuviera que cantar un himno ahora mismo, sería ‘La bandera tachonada de estrellas’; no sé el himno mexicano”;
- “Orlando”, que había vivido en EE. UU. 33 años y es padre de un ciudadano estadounidense y un beneficiario de la DACA, llegó a ser propietario de una pequeña empresa y de viviendas de alquiler, y se enorgullecía de nunca “haberle costado ni un centavo a Estados Unidos”.
Para proteger a los entrevistados, no se usaron sus nombres completos o verdaderos.
Conforme al derecho de EE. UU. vigente, pese a los estrechos lazos familiares que estos inmigrantes tienen con ciudadanos estadounidenses y al extenso período que llevan en el país, no existe un modo realista de que adquieran estatus legal.
Aunque el gobierno de Obama también deportó a millones de personas con lazos familiares y de otro tipo afianzados con EE. UU., las nuevas políticas anunciadas durante su segundo mandato enfocaron las deportaciones en las personas que habían cruzado la frontera recientemente y en personas con las condenas penales que el gobierno consideró más graves. Obama también promulgó la Prórroga de Procedimientos Migratorios para Personas Llegadas en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), un programa que otorgó protección temporaria frente a la deportación a decenas de miles de personas que fueron llevadas a Estados Unidos durante la infancia, sin autorización legal. Esto redujo los arrestos y las deportaciones de inmigrantes que viven en EE. UU. en los últimos años del gobierno de Obama. En septiembre, el gobierno de Trump derogó la DACA, y expuso así a estos jóvenes inmigrantes que crecieron en Estados Unidos a la posibilidad de ser deportados.
“Las historias de las personas entrevistadas ponen de manifiesto el impacto humano de estas contundentes cifras”, explicó Long. “Muchas de las personas contaron que las interacciones más insignificantes con policías, como los controles de tránsito, llevaron a deportaciones, a la separación familiar y al sufrimiento constante de saber que sus familias ahora tienen graves dificultades económicas y emocionales”.
El derecho internacional reconoce a los gobiernos un importante margen de discreción para expulsar de su territorio a personas que no son ciudadanas de su país, sobre todo si no tienen permiso para estar allí. Pero esta discreción no está exenta de límites, destacó Human Rights Watch. Estados Unidos tiene la obligación de sopesar el interés del gobierno en deportar a una persona respecto del impacto que la expulsión tendría sobre derechos fundamentales, incluido el derecho a la unidad familiar. En la mayoría de los casos, el derecho estadounidense que se aplica a las deportaciones no concede relevancia a los lazos de los inmigrantes con su hogar y su familia, ni tampoco los pondera. El sistema tampoco respeta los derechos de debido proceso de muchos inmigrantes, y les niega a muchos la posibilidad de objetar su expulsión en una audiencia. Incluso cuando los inmigrantes consiguen una audiencia individual, para el derecho estadounidense en general estos factores carecen de relevancia legal al decidir si la persona debería ser expulsada del país.
El Congreso y el gobierno de Trump deberían reformar las políticas y leyes inmigratorias estadounidenses abusivas, empezando por aprobar una Ley DREAM “limpia”, que no implique concesiones perniciosas, como menos protecciones para niños y niñas migrantes y refugiados, tal como la Casa Blanca ha indicado que es su intención. El Congreso también debería rechazar los pedidos del gobierno de aumentar los fondos destinados al control inmigratorio que no estén vinculados con reformas que el país necesita hace ya mucho tiempo y medidas para reforzar la transparencia y abordar condiciones abusivas en los centros de detención inmigratoria.
Deberían incorporarse reformas a las leyes estadounidenses, de modo que ofrezcan una audiencia individual e imparcial a toda persona que enfrente una deportación, en la cual se ponderen los vínculos de la persona con familias y comunidades en Estados Unidos frente al interés del gobierno en deportarla. Esos mismos vínculos deberían ser la base de un programa de regularización justo.
“Como mínimo, el Congreso debería promulgar una ley DREAM limpia, que empiece a imponer ciertos límites a las deportaciones nocivas”, expresó Long. “Sin embargo, el sistema de detención y deportación abusivo no podrá sanearse completamente sin una reforma integral”.
