(Buenos Aires) — Casi doce años después de haber asumido el cargo de presidente de Bolivia, Evo Morales parece estar decidido a aferrarse al poder.
En 2016, convocó un referendo para eliminar una incómoda disposición de la Constitución boliviana que autoriza únicamente una reelección presidencial. Ello le habría permitido buscar un cuarto mandato y postularse de forma indefinida. Como sus planes fracasaron cuando la reforma fue rechazada por el 51 por ciento de los ciudadanos, Morales tuvo que idear una nueva fórmula: en septiembre, sus partidarios en la Asamblea Legislativa presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional para pedirle que elimine el molesto límite a la reelección consagrado en la Constitución de Bolivia.
Ya en 2013 Morales había acudido al mismo tribunal para eludir el límite a las reelecciones y buscar un nuevo mandato. En esa ocasión, el tribunal generosamente concluyó que el primer mandato de Morales (2006-2010) no contaba, porque se dio antes de que la Constitución de 2009 entrara en vigor y autorizó la reelección.
En su nueva maniobra, los partidarios de Morales alegan que el límite a la reelección discrimina al actual presidente y viola su derecho humano a participar en política. Para ello, citan una disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los derechos políticos pueden limitarse “exclusivamente” según una lista acotada de hipótesis, entre las que no figuran los límites a las reelecciones.
Esta interpretación es francamente un disparate. La disposición de la convención fue concebida para impedir que gobiernos autoritarios se aferren al poder proscribiendo caprichosamente a candidatos opositores y no para bloquear los límites constitucionales a las reelecciones que precisamente buscan evitar el surgimiento de caudillos.
Ciertamente, muchos políticos latinoamericanos han evadido los límites a las reelecciones presidenciales y, de paso, con frecuencia han socavado el Estado de derecho. Algunos, como Carlos Menem en Argentina y Álvaro Uribe en Colombia, reformaron la constitución y consiguieron nuevos mandatos, pero no lograron perpetuarse en el cargo. Otros, como Hugo Chávez en Venezuela, simplemente eliminaron los límites a las reelecciones. Son pocos los presidentes, como Lenín Moreno en Ecuador, que han buscado restablecer los límites para esas reelecciones.
Lo inusual de la estrategia de Morales, no obstante, es el descaro de recurrir a los derechos humanos para retener el poder.
Sin embargo, la descabellada estrategia de Morales no es inédita. En 2009, Daniel Ortega interpuso con éxito una demanda similar ante la Corte Suprema nicaragüense para eliminar los límites al número de mandatos presidenciales previstos en la Constitución. Ortega presidió Nicaragua a lo largo de los años ochenta y ya ha logrado dos reelecciones desde que recuperó el cargo en 2007. Con su actual mandato, que terminará en el 2022, logrará acumular veinticuatro años en el poder.
Además de descabellado, el nuevo intento de Evo Morales por mantenerse en el poder invocando normas de derechos humanos es hipócrita. El gobierno de Morales siempre ha sostenido con vehemencia que la soberanía está por encima de cualquier principio internacional de derechos humanos. En 2012, por ejemplo, Morales dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era un “instrumento de dominación” y que estaba considerando abandonarla. Más recientemente, cuando el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, criticó por Twitter la operación de Morales para entronizarse en el poder, el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, lo acusó de “cometer atropellos contra la soberanía de Bolivia”.
Arce también prometió a los Estados de la OEA que el Tribunal Constitucional de Bolivia decidiría la demanda sobre la reelección indefinida con “absoluta independencia y libertad”. Sin embargo, hay serios motivos para desconfiar de ello. Los actuales magistrados del Tribunal Constitucional fueron elegidos en 2011 en un proceso controlado por congresistas del oficialismo.
Morales parece menospreciar la independencia judicial que su ministro de Justicia ha prometido a la OEA. Un día después de que sus legisladores presentaron la demanda ante el Tribunal Constitucional, manifestó en una entrevista que “la llamada independencia de poderes está al servicio del imperio norteamericano (sic)” y es una “doctrina norteamericana (sic)”. Los límites constitucionales son los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática y el presupuesto elemental para el respeto de los derechos humanos.
Luego de años de silencio, en 2017, los líderes democráticos de la región condenaron con firmeza los graves abusos de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, la defensa del Estado de derecho podría ser mucho más eficaz si los gobiernos reaccionaran de inmediato cuando los políticos desmantelan las normas establecidas para impedir que surjan autócratas, incluidas las medidas de límites a las reelecciones presidenciales.
Es prácticamente seguro que las actuales instancias judiciales de Bolivia no lograrán frenar la operación política de Morales para mantenerse en su cargo. Y, salvo que pierda las elecciones, Morales probablemente gobernará, al menos, hasta el 2026, sumando veinte años en la presidencia. Pero los gobiernos democráticos de la región deben reprochar su maniobra enérgicamente, al menos para restarle legitimidad a su futura presidencia y dejar en claro que no convalidarán las trampas de los políticos que quieran aferrarse al poder.
