El Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) advirtió hace poco en una “Evaluación de inteligencia” sobre la probabilidad de que personas a las que denomina “Extremistas de identidad negra” lleven adelante ataques premeditados y letales contra las fuerzas de seguridad.
El FBI define a estos “extremistas” como personas que responden con violencia a la “percepción de racismo e injusticia”, con el propósito de formar una patria negra independiente o “sociedades negras autónomas”. En la evaluación también se indica que “la simple defensa de posturas políticas o sociales, el activismo político y el uso de una retórica fuerte… pueden no constituir extremismo”. El uso deliberado de la frase ambigua “pueden no” resulta perturbador.
Si bien el FBI puede y debería actuar contra quienes cometen actos de violencia o amenazan con cometerlos, el documento menciona solo seis incidentes violentos aislados en todo el país en los cuales los presuntos responsables utilizaron su “identidad negra” como excusa para motivar sus actos. La definición del FBI, sin embargo, implica que el activismo pacífico podría considerarse un indicador de extremismo violento y, frente a eso, plantea el siguiente interrogante: ¿podrían las fuerzas de seguridad utilizar este punto de vista para justificar reprimir la libertad de expresión y el activismo, dos derechos garantizados por la Constitución?
Estas inquietudes no son totalmente hipotéticas: desde siempre la historia del FBI ha estado opacada por casos en que empleó sus poderes de manera represiva contra activistas no violentos, en especial, movimientos de empoderamiento de las comunidades afroamericanas, como, por ejemplo, contra el Dr. Martin Luther King, Jr. Por eso, es imposible leer evaluaciones como esta sin recordar los casos de espionaje, infiltración y perturbación de las actividades lícitas de activistas de derechos civiles a través del programa COINTELPRO del FBI y otros abusos del pasado que tuvieron motivos políticos.
La evaluación relaciona el supuesto ascenso de extremistas negros con el activismo y los reclamos de mayor rendición de cuentas en la actuación policial, tras el asesinato de Michael Brown ocurrido en 2014 en Ferguson, Missouri. Con estas manifestaciones, la actividad del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) ha tomado más visibilidad.
Durante su campaña, el presidente de Estados Unidos Donald Trump mencionó que dicho movimiento había “encendido” la violencia contra la policía y prometió que el fiscal general llevaría a cabo una investigación. Una de sus primeras medidas como presidente fue declarar que pondría fin al “peligroso clima antipolicía que hay en Estados Unidos”. Su administración ha actuado metódicamente para eliminar los controles sobre los departamentos de policía y, desde la retórica, ha alentado a que los agentes apliquen violencia innecesaria. No es irrazonable temer que podría utilizar los amplios poderes del FBI para atacar a quienes se opongan a una fuerza policial sin límites.
El Congreso debería hacer un atento seguimiento de cómo el FBI implementa su reciente “evaluación” y asegurarse de que no tome a unos pocos actores violentos como excusa para reprimir el disenso lícito. Estados Unidos, los estados y las distintas jurisdicciones locales deberían llevar a cabo una reforma policial que aborde los serios cuestionamientos planteados por organizaciones como Black Lives Matter.
