El gobierno de Trump anunció que quiere que los niños de Centroamérica, incluso aquellos que huyen para salvar sus vidas, sean rechazados en la frontera entre Estados Unidos y México o enviados rápidamente de vuelta a sus países de origen. Esta es una de las numerosas condiciones que la Casa Blanca impuso como requisitos previos para cualquier acuerdo legislativo para proteger a los “Dreamers”, inmigrantes indocumentados que llegaron a EE.UU. cuando eran niños.
Otra de las demandas del presidente Donald Trump implicaría que en vez de ser entrevistados por un oficial de asilo, los solicitantes de asilo menores de edad serían transferidos inmediatamente a tribunales de inmigración, donde se enfrentarían a un abogado litigante del gobierno, una situación que si es ya difícil para un adulto, sería peor para un niño.
Hay algo profundamente cínico en poner en peligro a un grupo de niños como condición para proteger a otro.
Al leer estas demandas, me acordé del joven salvadoreño de 16 años y voz dulce que conocí en California. Eddie (no es su nombre real) me dijo que había huido de su casa “porque tenía un problema con la pandilla”. Más bien, la pandilla tenía un problema con él. Eddie había rechazado repetidamente sus invitaciones para entrar en la pandilla, así que le dieron un ultimátum: la próxima vez que lo vieran, se uniría a ellos o lo matarían.
En los últimos dos años he entrevistado a casi 100 niños centroamericanos como Eddie. Niñas de apenas 14 años me dijeron que escaparon de pandilleros que las amenazaban con matarlas a ellas o a sus familias si no se convertían en sus “novias” o vendían drogas para ellos. Los menores contaron que las pandillas locales les exigían parte de sus escasas ganancias, más de lo que podían pagar, por trabajar en su territorio. Las pandillas también amenazaban con matarlos, acusándolos de asociarse con pandillas rivales e intentaban reclutarlos contra su voluntad.
No es suficiente decir que las autoridades de Centroamérica deberían abordar la violencia de las pandillas. Ha quedado demostrado que policía local no es capaz de proteger a estos niños, y con
frecuencia los agentes no están dispuestos a hacerlo para no convertirse ellos mismos en blancos de ataque.
Tampoco es realista sugerir que México puede proteger a estos niños. En 2016 México sólo reconoció a 130 menores no acompañados provenientes de Centroamérica como refugiados, menos del 1 por ciento de los más de 17.000 niños no acompañados de esos países que fueron detenidos durante el año. Y esto es apenas una fracción de las necesidades probables. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha estimado que hasta la mitad de los niños no acompañados que llegan a México desde El Salvador, Guatemala y Honduras tienen argumentos convincentes para pedir asilo.
Proponer que EE.UU. envíe de regreso a sus países de origen a niños que huyen para salvar sus vidas es cruel. Los legisladores no deben aceptar una falsa elección entre proteger a los “Dreamers” y otros niños que llegan en busca de seguridad. De hecho, hay muchas razones para que el Congreso proteja a ambos grupos.
