El 17 de mayo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) de Estados Unidos anunció el fallecimiento de Atulkumar Babubhai Patel, de 58 años, en un centro de detención de inmigrantes en Georgia. Este anuncio se produjo solo dos días después de que se hallara a Jean Jiménez-Joseph, de 27 años, muerto en la celda de aislamiento donde había sido encerrado 19 días antes, en el establecimiento Stewart Detention Center. Otros seis hombres y mujeres han muerto en centros de detención inmigratoria este año y más de 170 personas han fallecido bajo custodia desde 2003.
Hasta el momento, el público tiene escasa información sobre por qué murieron exactamente. En sus comunicados de prensa, el ICE brinda pocos datos: el nombre de la persona, su nacionalidad y, algunas veces, sus antecedentes inmigratorios o penales. Es obligación del ICE investigar cada muerte de una persona detenida y elaborar un informe sobre ese fallecimiento, pero, por lo general, no difunde estos informes al público. Si lo hiciera, el público probablemente tomaría conocimiento de algunos ejemplos deplorables de casos en los que la calidad de la atención médica brindada fue peligrosamente inferior a la aceptable.
En junio pasado, el ICE tomó la medida poco habitual de divulgar informes sobre 18 de las 21 muertes de inmigrantes ocurridas en centros de detención desde mayo de 2012 hasta junio de 2015. Human Rights Watch y Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (CIVIC) [Iniciativas Comunitarias para la Visita de Inmigrantes en Confinamiento] solicitaron a expertos médicos independientes que estudiaran los hechos y su cronología, según lo documentado por la propia investigación del ICE. Concluyeron que solo en dos casos los pacientes habían recibido atención adecuada. En 16 de las muertes, los expertos identificaron evidencias de que habían recibido una atención médica muy inadecuada. En siete de los casos, llegaron a la conclusión de que la atención médica deficiente había contribuido de manera directa a la muerte de esos inmigrantes.
Estos casos no solo son inquietantes sino que además apuntan a fallas sistémicas que probablemente se agraven a medida que Trump lleve adelante su campaña contra la inmigración. Los arrestos del ICE se han incrementado un 38 % durante los primeros 100 días de la presidencia de Trump, incluido un aumento del 156 % en la detención de inmigrantes que no tienen antecedentes penales. El presidente Trump ya ha comenzado a ampliar la capacidad de detención, al tiempo que ha dado marcha atrás en políticas establecidas durante el mandato de Obama, que apuntaban a reformar el sistema de detención para hacerlo más civilizado y humano. Aunque en el pasado se han producido muertes que eran evitables, la presión de un control cada vez mayor empujará a más personas hacia un sistema de detención fallido y esto, probablemente, aumentará los índices de atención médica de calidad inferior, lo que a su vez provocará más sufrimiento y muertes innecesarios.
Incluso durante un gobierno que implementó reformas se produjeron fallecimientos como el de Raúl Ernesto Morales Ramos, que murió en 2015 debido a insuficiencia orgánica y con signos de cáncer extendido, tras haber estado detenido en Adelanto Detention Center y en Theo Lacy Facility en California. Los expertos que investigaron su muerte determinaron que probablemente hubo síntomas de cáncer generalizado dos años antes, pero que estos no se abordaron hasta un mes antes de que muriera.
Manuel Cota-Domingo, que se encontraba detenido en Eloy Detention Center en Arizona, murió debido a no ser tratado por diabetes y neumonía después de numerosas demoras, causadas, en parte, por una nefasta política que limitaba cuáles miembros del personal podían llamar al 911, el número de emergencias. Transcurrieron ocho horas entre el momento en que Cota-Domingo comenzó a tener dificultades para respirar y su ingreso en una sala de emergencias.
Tiombe Carlos, detenida en York County Prison en Pennsylvania, murió en 2013, en el segundo intento de suicidio que realizó en los dos años y medio que estuvo recluida. El personal sabía que tenía una condición de salud mental que requería atención sustancial, pero no definió un plan de tratamiento de la salud mental. Un experto describió la atención de la salud mental que había recibido como “absolutamente inadecuada”.
El ICE debería, como mínimo, difundir inmediatamente todos los informes sobre muertes, tan pronto como estos se finalizan. El Congreso debería reducir drásticamente un sistema de detención que se encuentra exacerbado. Podría comenzar rechazando el pedido del Gobierno de que se aumenten las plazas para detenciones y, en lugar de eso, concentrarse en la necesidad de controlar más al ICE y darle mayor transparencia.
