Según los medios de comunicación, a cambio de una legislación para proteger a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando todavía eran niños, el plan eliminaría las protecciones para los niños no acompañados que vienen al país, restringiría la elegibilidad para el asilo, la libertad condicional humanitaria y debilitaría las protecciones para los niños inmigrantes que han sido abandonados o han sido víctimas de abuso. El plan se centra en la reducción de la inmigración legal al priorizar ciertas habilidades sobre las relaciones familiares, y prevé la contratación de miles de agentes de inmigración y fiscales adicionales.
El plan empeoraría un sistema de inmigración que ya está roto. El limbo en el que viven los Dreamers es sólo un aspecto de un sistema que no reconoce los profundos lazos que unen a muchos inmigrantes no autorizados a este país. Actualmente, un hombre que ha vivido en EE.UU. durante más de 20 años, está casado con una ciudadana estadounidense y es el cuidador principal de su hijastro severamente discapacitado, puede ser deportado sin ningún tipo de consideración por el impacto que eso tendría en su familia estadounidense. Un afgano, que fue intérprete para el ejército estadounidense y que solicitó asilo aquí creyendo que EE.UU. valoraba los derechos humanos, puede ser encerrado durante casi un año en un sistema de detención migratoria abusivo. Estas prácticas no hacen que EE.UU. sea más fuerte ni más seguro.
Las protecciones que el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca quiere eliminar son algunas de las pocas maneras en que EE.UU. reconoce la vulnerabilidad de los niños y el impacto de la detención en solicitantes de asilo, a menudo ya traumatizados.
Amenazar la seguridad de millones de niños, solicitantes de asilo, padres y otros inmigrantes no autorizados, a cambio de una mayor seguridad para los Dreamers, no es un acuerdo que el Congreso deba aceptar.
