El 9 de octubre de 2017, la Casa Blanca publicó “Principios y políticas de inmigración”, una lista de los cambios que quiere hacer a la ley y la política de inmigración de Estados Unidos. El presidente Donald Trump presentó estas reformas como los componentes necesarios para alcanzar cualquier acuerdo legislativo que proporcione protección a los llamados “Dreamers”, inmigrantes no autorizados que llegaron a EE.UU. cuando eran niños. La lista incluye cambios importantes a las protecciones para los niños migrantes y refugiados, así como aumentos significativos en el presupuesto para contratar a agentes de inmigración y financiar la detención de inmigrantes.
Sin embargo, la aplicación de la ley de inmigración ya recibe abundantes fondos con pocas medidas significativas para evitar que se cometan abusos graves. Las propuestas de la Casa Blanca están basadas en gran medida en puntos de vista erróneos sobre el sistema de inmigración actual y empeoraría un sistema ya disfuncional.
El sistema actual permite que un hombre que ha vivido en EE.UU. por más de 20 años, tiene una esposa ciudadana estadounidense y es el principal cuidador de su hijastro severamente discapacitado sea deportado sin tener en cuenta el impacto que eso tendrá en su familia estadounidense. Un afgano que fue intérprete del ejército estadounidense y pidió asilo en EE.UU. bajo la creencia de que el país valora los derechos humanos, puede acabar encerrado durante casi un año en un sistema abusivo de detención de inmigrantes. Un niño de 10 años de El Salvador que fue testigo del asesinato de su padre por los miembros de una pandilla y que luego fue amenazado por la misma pandilla puede enfrentarse a complejos procesos de deportación sin un abogado.
Estas prácticas no hacen que EE.UU. sea más fuerte o más seguro. Sin embargo, las propuestas de la Casa Blanca no hacen nada para abordar los graves abusos que ya son inherentes al sistema de inmigración y, en cambio, busca debilitar las protecciones existentes para grupos vulnerables como las personas que huyen de la violencia y la persecución, niños incluidos.
Estas preguntas y respuestas proporcionan un análisis desde la perspectiva de los derechos humanos de las propuestas en el documento de la Casa Blanca.
Aplicación de la ley de inmigración en las fronteras
P: La Casa Blanca afirma que las “lagunas en la ley actual” han resultado en un aumento significativo del número de niños no acompañados detenidos en la frontera sur, por lo que propone cambios importantes en las leyes contra el tráfico de personas y las destinadas a proteger a los niños migrantes. ¿Tiene razón el gobierno de presionar por estos cambios?
R: Las “lagunas” que cita la Casa Blanca son en realidad leyes y políticas destinadas a proteger a los niños que son víctimas de la trata, la persecución, el abuso y la negligencia. La más importante es la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas del Tráfico de Personas (TVPRA, por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso en 2007 y promulgada en 2008, que brinda muchas protecciones a los niños migrantes no acompañados que están en línea con las leyes internacionales de derechos humanos.
Estas incluyen una regla general contra la detención de menores y un requisito para que los países siempre consideren y tomen en cuenta el interés superior de los niños cuando tomen decisiones que afectan su bienestar. Según esta ley, los niños que vienen de países no contiguos no pueden ser deportados sumariamente sin la oportunidad de que sus reclamos sean escuchados por un árbitro neutral.
No es suficiente decir que las autoridades de Centroamérica deberían abordar la violencia de las pandillas. Ha quedado demostrado que policía local no es capaz de proteger a estos niños, y con frecuencia los agentes no están dispuestos a hacerlo para no convertirse ellos mismos en blancos de ataque.
Tampoco es realista sugerir que México puede proteger a estos niños. En 2016 México sólo reconoció a 130 menores no acompañados provenientes de Centroamérica como refugiados, una proporción relativamente alta de los que pudieron solicitar asilo y cuyas solicitudes fueron procesadas hasta el final, pero menos del 1 por ciento de los más de 17.000 niños no acompañados de esos países que fueron detenidos durante el año. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha estimado que hasta la mitad de los niños no acompañados que llegan a México desde El Salvador, Guatemala y Honduras tienen argumentos convincentes para pedir asilo. En la práctica, los menores no acompañados enfrentan enormes obstáculos, incluyendo la falta de información, la ausencia de asistencia legal y otro tipo de apoyo, y la detención rutinaria de la mayoría de los solicitantes de asilo. En particular, como descubrió Human Rights Watch, la perspectiva de pasar largas temporadas entre rejas es un importante desincentivo para buscar asilo, incluso para niños que enfrentan serias amenazas en sus países de origen.
En lugar de eliminar las protecciones que ahora proporciona la ley, EE.UU. debería fortalecerlas. Asegurarse de que todos los niños no acompañados tengan representación legal en los procesos de deportación abordaría graves daños al debido proceso y haría que el sistema de adjudicación y procesamiento de inmigración fuera más eficiente y efectivo, mitigando la preocupación de que los niños nunca puedan ser deportados. Del mismo modo, reducir el uso de la detención inmigratoria en EE.UU. para las familias con niños y abordar las preocupaciones sobre las condiciones de la detención para algunos niños bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados serían pasos importantes y productivos.
Los niños que huyen para salvar sus vidas ya tienen que salvar un verdadero laberinto de obstáculos para alcanzar la seguridad. Los cambios propuestos por el gobierno de EE.UU. sólo pondrían esa meta aún más fuera de su alcance.
P: La Casa Blanca propone “endurecer las normas y eliminar las lagunas en nuestro sistema de asilo” y aumentar la detención de las personas que solicitan asilo. ¿Está roto el proceso de asilo de EE.UU.?
R: El sistema de asilo de EE.UU. está, en muchos sentidos, roto, pero no de la manera en que alega el gobierno de Trump. Actualmente, en EE.UU., los agentes fronterizos rechazan regularmente, en violación de las leyes estadounidenses e internacionales, a personas que tienen genuinos y legítimos argumentos de que serán perseguidos o asesinados si son deportados a sus países de origen. Los procedimientos existentes para las deportaciones express, conocidas como “expulsiones aceleradas”, han devuelto a muchos de estos solicitantes de asilo a los peligros de los que huían.
Incluso después de haber entrado en EE.UU., los solicitantes de asilo enfrentan una increíble variedad de desafíos para obtener protección en el país, como graves atrasos en los tribunales, falta de representación legal para personas que no pueden permitirse el lujo de contratar a un abogado y, en muchos casos, detenciones prolongadas. Además, las tasas de concesión de asilo en todo el país son muy inconsistentes. Que una persona reciba asilo puede depender del lugar donde presente su solicitud. En algunas regiones, los jueces de inmigración conceden el asilo a menos del cinco por ciento de los solicitantes.
La propuesta de la Casa Blanca se hace eco en gran parte de las disposiciones del Proyecto de Ley de Reforma del Asilo y Protección Fronteriza, HR 391, a la que Human Rights Watch se ha opuesto junto con otras organizaciones. Esta ley aumentaría el umbral mínimo de prueba para las entrevistas en las que se mide la credibilidad de los temores. Es la evaluación preliminar antes de la completa resolución de una solicitud de asilo. Elevar el estándar para un proceso de evaluación que enfrentan personas recién llegadas, muchas de las cuales están traumatizadas y son entrevistadas en entornos difíciles, a menudo mientras se encuentran en detención, por teléfono y con intérpretes remotos, probablemente resultaría en la deportación de muchos solicitantes de asilo con reclamos legítimos.
La Casa Blanca también propone “cerrar las lagunas” que supuestamente permiten a los terroristas obtener asilo. Sin embargo, las barreras existentes “relacionadas con el terrorismo” para la obtención de la protección de asilo son tan amplias que se han aplicado a víctimas de grupos terroristas como un refugiado de Burundi, que un juez de inmigración determinó que había proporcionado “apoyo material” a una organización terrorista después de que unos rebeldes le hubiesen robado cuatro dólares y su almuerzo.
La propuesta de Trump de garantizar el “uso apropiado de la autoridad de libertad condicional”, reiterando aspectos de las órdenes ejecutivas y los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional que enfatizan una detención más amplia de los solicitantes de asilo, podría significar que todos los solicitantes de asilo podrían ser encarcelados a la espera de la resolución de sus procesos judiciales de inmigración, sin una evaluación individualizada de si dicha detención es necesaria para garantizar comparecencias ante la corte o proteger la seguridad pública, un colosal desperdicio de recursos y una violación de la legislación internacional de derechos humanos, según la cual, en general, los solicitantes de asilo no deben ser detenidos. Esto también resultaría probablemente en una detención prolongada e indefinida dados los retrasos que padecen los tribunales de inmigración.
Ampliar la devolución de solicitantes de asilo a “terceros países seguros”, como México, desplazaría de manera inapropiada la carga a un país con menos capacidad para procesar solicitudes de asilo.
Obstáculos para entrar en EE.UU. y el reingreso ilegal
P: La Casa Blanca propone que las medidas de admisibilidad sean más estrictas para impedir la entrada de delincuentes peligrosos, y aumentar las penas por reingreso ilegal y por cruzar repetidamente la frontera de manera ilegal. ¿Protegería alguna de estas medidas a EE.UU. de los inmigrantes criminales y peligrosos?
R: Barreras excesivamente amplias que evitan que las personas que no son amenazas a la seguridad pública o la seguridad nacional se reúnan con sus familias impiden centrar los recursos más específicamente en aquellos que constituyen amenazas reales.
La ley de inmigración de EE. UU. trata con dureza a casi cualquier persona que tenga una condena penal, incluso si se trata de condenas por ofensas menores o muy antiguas. Las barreras existentes para ingresar y volver a ingresar en EE.UU. ya son increíblemente estrictas y excesivamente amplias. Por ejemplo, “Alice M.”, una diseñadora gráfica canadiense de 41 años, informó que EE.UU. le prohibió vivir en el país con su prometido estadounidense a causa de una única condena por posesión de drogas cuando era adolescente, que había prescrito hacía mucho tiempo en Canadá. De manera similar, la mayoría de los inmigrantes deportados por una sentencia penal, incluso delitos como el hurto en tiendas, encuentran que es casi imposible volver a entrar en EE.UU. legalmente, incluso si EE.UU. es el único país que han conocido y sus familiares directos son ciudadanos estadounidenses.
La entrada y el reingreso ilegal ya constituyen los delitos federales más enjuiciados. Los delitos de inmigración representan el 52 por ciento de todos los casos penales federales. Muchos de los procesados por reingreso ilegal son solicitantes de asilo, y a muchos de ellos los agentes fronterizos les denegaron injustamente el acceso a los procedimientos de solicitud de asilo. Muchos otros son residentes de EE. UU. a largo plazo desesperados por reunirse con sus familias estadounidenses.
P: La Casa Blanca propone ampliar el número de no ciudadanos sujetos a la “expulsión acelerada”, una forma de deportación rápida en que la persona carece de derecho a una audiencia ante un juez de inmigración. ¿Por qué no debería EE.UU. poder deportar a las personas de manera más rápida, especialmente teniendo en cuenta la gran cantidad de casos pendientes en los tribunales de inmigración?
R: Bajo la “expulsión acelerada”, un agente de inmigración rellena un formulario y el inmigrante puede ser deportado con la aprobación del supervisor del agente. El proceso puede enviar a alguien que huye de la violencia doméstica de vuelta a la trampa de su abusador, o a un residente de larga data lejos de sus familiares estadounidenses, sin tomar en consideración si podrían ser elegibles para un “perdón” para la deportación. Los procesos de expulsión acelerada incluso han resultado en deportaciones de ciudadanos estadounidenses y otras personas que nunca deberían haber sido expulsadas. Es probable que no haya otra área de la legislación estadounidense en la que un agente del orden tenga el poder para tomar tal decisión de vida o muerte sin que la persona afectada tenga representación legal o supervisión por parte de un tribunal.
La expulsión acelerada sólo se aplica a las personas detenidas a menos de 100 millas de la frontera y que llevan menos de 14 días en EE. UU. El memorando sobre seguridad fronteriza indica que el secretario de Seguridad Nacional emitirá próximamente nuevas regulaciones para expandir el programa a nivel nacional para que pueda aplicarse cualquier persona que no pueda demostrar que lleva al menos dos años en el país.
La aplicación de la expulsión acelerada por parte de los agentes fronterizos ya ha resultado en víctimas de violaciones de los derechos humanos, tal como descubrió una investigación de Human Rights Watch sobre el trato que reciben los centroamericanos que huyen de la violencia de las pandillas. Cabe destacar que muchos agentes no hacen un registro de las manifestaciones de temor de los inmigrantes y su intención de solicitar asilo, en violación de las leyes estadounidenses e internacionales. Las deportaciones sumarias tampoco les dan la oportunidad a las personas de presentar ante un juez de inmigración pruebas de sus vínculos con el país, su familia u otros factores atenuantes. Sólo aquellos que pasan una “entrevista de temor creíble” por un funcionario de asilo acaban compareciendo ante un juez para solicitar asilo.
Dado que la investigación de Human Rights Watch ya demostró que no se toman las medidas necesarias para considerar si una persona merece una audiencia de asilo, el gobierno de Trump le está dando un alarmante impulso a las agencias y los funcionarios que han demostrado por sus acciones pasadas que apenas actúan limitados por las leyes que protegen a los migrantes y los solicitantes de asilo.
Aplicación de la ley de inmigración en el ámbito nacional
Ciudades santuario y la participación estatal y local en la aplicación de las leyes federales de inmigración
P: La Casa Blanca afirma que las ciudades santuario liberan a delincuentes peligrosos y propone impedir que estas ciudades puedan recibir ciertas subvenciones o acuerdos de cooperación de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional. ¿Suponen estas “ciudades santuario” un peligro para la seguridad pública?
La Casa Blanca también propone aumentar la participación estatal y local en la aplicación de las leyes federales de inmigración, incluso autorizando a los gobiernos estatales y locales a aprobar leyes que respalden la aplicación de la ley federal. ¿Debería la policía local y estatal involucrarse en la aplicación de la ley federal de inmigración?
R: Las ciudades, los condados y los estados de todo el país cesaron su participación en los programas del Departamento de Seguridad Nacional en los cuales los agentes del orden locales participaban en la aplicación de la ley federal de inmigración, debido a la preocupación de que las detenciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) eran inconstitucionales y que la participación de los agentes del orden locales en la aplicación de la ley de inmigración estaba aterrorizando a los inmigrantes, hasta el punto de que evitaban acudir a la policía incluso cuando necesitaban desesperadamente protección policial.
Eso resultaba en que los delitos no fueran denunciados, investigados ni enjuiciados. Tal como explicó recientemente un agente de policía de Los Ángeles a Los Angeles Times: “Mi trabajo consiste en investigar delitos. Y si no puedo hacer eso, no puedo hacer justicia para las personas, porque de repente, estoy perdiendo a mis testigos o a mis víctimas porque tienen miedo de que hablar conmigo acabe por causarles la deportación”.
Según las leyes de derechos humanos, todas las víctimas de delitos, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a buscar justicia y reparación. Aunque Trump afirma que sus políticas de inmigración son necesarias para proteger la seguridad pública, la expansión de estos programas a menudo contrarresta los objetivos locales de cumplimiento de la ley.
También se ha descubierto que estos programas facilitan la elaboración de perfiles raciales por parte de la policía local. Por ejemplo, una investigación del Departamento de Justicia del Departamento del Sheriff del Condado de Maricopa descubrió que después de que el Sheriff Joe Arpaio firmara un acuerdo 287(g), los agentes participaron en conductas inconstitucionales, incluyendo la aplicación de perfiles raciales, y que los conductores latinos en ciertas partes del condado tenían nueve veces más probabilidades de ser detenidos que otros conductores. Un estudio del Instituto Warren de la Universidad de California en Berkeley descubrió que el Criminal Alien Program (Programa de Extranjeros Delincuentes) en Irving, Texas, llevó a la policía local a arrestar a personas hispanas por la clase menos grave de delitos menores a tasas significativamente más altas que las personas de raza blanca y negra.
Cuando los estados han aprobado leyes antiinmigrantes en el pasado, Human Rights Watch ha descubierto abusos de derechos tan básicos como el derecho al agua y la vivienda, el derecho a la educación y el derecho a la reparación, incluido el acceso a los tribunales, lo cual afecta a las familias de los inmigrantes no autorizados, incluidos niños ciudadanos estadounidenses.
P: La Casa Blanca propone clasificar el acto de exceder una visa (permanecer en el país más tiempo del autorizado) como un delito menor y excluir a las personas que no respetan los términos de su visado de los beneficios de inmigración. ¿No es esto ya ilegal?
R: La presencia ilegal o el vencimiento de una visa de inmigración ya es ilegal, pero se considera una violación civil. No hay necesidad de convertirla en un delito penal. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los 11 millones de personas no autorizadas en EE.UU. no entraron en el país ilegalmente. Entraron legalmente y luego se convirtieron en inmigrantes irregulares después de exceder las limitaciones de su estatus legal.
Los impactos del aumento en los enjuiciamientos por ingreso y reingreso ilegales en la última década son indicativos del tipo de daño que la criminalización de la presencia ilegal tendría sobre esa otra parte de la población no autorizada. Proporcionaría una base para criminalizar las acciones de las personas con vínculos de larga data con EE.UU., familiares que tienen la ciudadanía estadounidense, empleos y empresas.
El paso adicional de hacer que las personas que han excedido sus visas no sean elegibles para recibir beneficios de inmigración, como obtener el estatus legal a través de un cónyuge estadounidense, cortaría cínicamente las avenidas autorizadas por el Congreso para que regularicen su presencia en EE.UU. Un cambio de política de estas características también aumentaría el número de personas cuyo estatus no autorizado las hace vulnerables a graves abusos y delitos.
Deportación de delincuentes y miembros de pandillas
P: ¿Permite la ley de inmigración actual que inmigrantes que son criminales peligrosos permanezcan en EE.UU.? ¿Permite que los miembros de pandillas permanezcan en EE.UU.? ¿Es la definición de “condena” excesivamente restrictiva? ¿Cuál es el “enfoque categórico” a las condenas que Trump quiere eliminar?
R: La ley de inmigración de EE.UU. no permite que inmigrantes con condenas por delitos violentos entren o permanezcan en EE. UU., ni permite que personas con condenas por crímenes relacionados con pandillas entren o permanezcan en EE.UU. En términos generales, la ley de inmigración de EE.UU. no es indulgente con nadie con antecedentes penales. En los últimos 20 años, millones de inmigrantes, incluidos residentes permanentes legales que han vivido en EE.UU. casi toda su vida, han sido deportados por condenas penales, la gran mayoría por delitos no violentos.
Un análisis de Human Rights Watch de los datos del gobierno de EE.UU. revela que el 72 por ciento de los no-ciudadanos deportados por condenas penales entre 1997 y 2007 no habían cometido delitos violentos. Esas deportaciones afectaron a más de un millón de familiares. Los análisis de Human Rights Watch de los datos del gobierno entre 2009 y 2013 también mostraron que cientos de miles de personas con condenas por delitos penales menores no violentos, y con fuertes lazos familiares en EE.UU. fueron detenidas y deportadas.
La propuesta de la Casa Blanca para ampliar los motivos para la deportación haría que el tratamiento por parte de la ley de inmigración de cualquier persona con una condena penal fuera aún más cruel e implacable. Específicamente, es probable que la propuesta de incluir a miembros de pandillas afecte a personas que no tienen antecedentes penales, pero que han sido erróneamente incluidas en bases de datos de pandillas. En California, por ejemplo, un auditor estatal descubrió que la base de datos de pandillas estatales de California estaba llena de errores.
Incluso sentencias que han prescrito o han sido perdonadas pueden resultar en deportación o impedir que las personas logren un estatus legal. Debido a que la definición de “condena” en la ley de inmigración de EE.UU. ya es tan amplia, los inmigrantes pueden enfrentar la deportación por condenas que ya no son consideradas condenas en los tribunales penales estatales. Por ejemplo, José Francisco González se declaró culpable de cultivo de marihuana después de que la policía encontrara una planta en su balcón en 2001 y entró en un programa de desviación de drogas que prometía que su expediente quedaría limpio bajo la ley de California al completarse con éxito. A pesar de cumplir con todos los requisitos del programa, el ICE lo incluyó en el proceso de deportación como “narcotraficante” 13 años después.
El “enfoque categórico” criticado por la Casa Blanca es un enfoque de larga data utilizado por los tribunales federales de EE.UU. para determinar si una condena provoca la deportación para evitar el cuestionamiento de sentencias ya dictadas por tribunales penales estatales y federales. El Tribunal Supremo ha sostenido consistentemente el “enfoque categórico[cf1] ”, en casos como Moncrieffe v. Holder, que rechazó la clasificación de un delito de marihuana de bajo nivel como un “delito agravado”.
Los esfuerzos por cambiar este enfoque anularían antiguos precedentes judiciales y harían que los procedimientos de deportación sean aún más complicados, ya que los jueces de inmigración y los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional desarrollarían una nueva ley sin restricciones a partir del precedente existente y las leyes penales estatales. Esto sería especialmente injusto en los procedimientos de inmigración, en los cuales los inmigrantes no cuentan con las garantías procesales completas que están normalmente disponibles en una corte penal, como un abogado designado por el tribunal.
Temas relacionados con la aplicación de la ley de inmigración tanto en la frontera como en el ámbito nacional
Incrementación de recursos para los tribunales de inmigración y los agentes del ICE
P: La Casa Blanca afirma que los retrasos en la corte de inmigración está impidiendo la rápida deportación de personas en la frontera y el interior del país. Por eso, propone aumentos en los recursos para los tribunales de inmigración, oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la detención. ¿Son realmente necesarios estos recursos adicionales?
R: Las cortes de inmigración sufren graves retrasos que son perjudiciales para muchos inmigrantes que buscan una resolución oportuna de sus solicitudes. Los recursos para acelerar la resolución justa e imparcial de las solicitudes de inmigración son muy necesarios.
Sin embargo, la perspectiva de un mayor número de agentes de inmigración y una mayor capacidad de detención es profundamente preocupante. La fuerza de deportación ampliada del gobierno de Trump ya ha llevado a un aumento significativo y esencialmente incoherente de la deportación de inmigrantes, con poca consideración individualizada de los lazos de esa persona con Estados Unidos, incluidos los familiares con ciudadanía estadounidense. A menos que haya sido precedido por reformas fundamentales, el aumento del número de agentes del ICE, ya sea para deportar a personas en el interior o en la frontera, incrementaría el número de familias rotas y los costos resultantes para las comunidades y economías locales.
El número de personas encerradas en centros de detención migratoria ya ha alcanzado un nivel sin precedentes y resulta en detenciones innecesarias a gran escala de solicitantes de asilo, residentes estadounidenses de largo plazo (con efectos devastadores para sus hijos que son ciudadanos estadounidenses) y familias que buscan asilo. Las condiciones en los centros migratorios a menudo son abusivas y algunas veces incluso letales. Este gobierno ya ha dejado claro que planea debilitar los estándares de atención médica, seguridad y derechos civiles durante la detención.
La detención perjudica gravemente la capacidad de las personas para obtener asesoría legal y luchar por su caso, incluso cuando tienen reclamos meritorios para permanecer en EE.UU. Informes del gobierno de Estados Unidos señalan repetidamente que el sistema de detención ni siquiera es capaz de hacer un seguimiento de los costos y las denuncias, ni de administrar el proceso de manera efectiva. Existen métodos alternativos para garantizar que las personas comparezcan ante las audiencias judiciales, como la supervisión basada en la comunidad, que son efectivos y más rentables.
Autoridad de detención
P: La Casa Blanca afirma que las “erosiones” a la autoridad de detención han limitado la capacidad del gobierno estadounidense de detener a inmigrantes peligrosos. ¿Se necesitan reformas?
R: : Lo que el gobierno de Trump califica como “erosiones” de la autoridad de detención son en realidad controles establecidos a la detención por parte de los tribunales federales de EE. UU. para evitar la detención indefinida. Estados Unidos debería reducir, no aumentar, el número de personas en detención. Y ciertamente no debería detener a personas en violación de la Constitución de Estados Unidos.
P: La Casa Blanca propone establecer un sistema de inmigración basado en el mérito que priorice las habilidades sobre las relaciones familiares. La propuesta reitera de manera efectiva las disposiciones de la Ley RAISE, que reduciría sobre todo la inmigración legal a EE.UU. y limitaría los permisos de residencia (Green card) basados en la familia para los cónyuges e hijos menores de edad. ¿No tiene derecho Estados Unidos a establecer límites a la inmigración legal?
R: El derecho internacional de derechos humanos no determina qué factores deben determinar las prioridades de un país de cara a la inmigración legal. Sin embargo, la Ley RAISE no hace nada para abordar el grave fracaso de la ley de inmigración actual a la hora de proteger el derecho a la unidad familiar.
Reasentamiento de refugiados
P: La Casa Blanca propone limitar el número de refugiados permitidos en EE.UU., haciéndose eco de recientes informes de los medios de comunicación de que el número total de refugiados admitidos cada año será reducido a 45.000. ¿No tiene derecho EE.UU. a decidir a cuántos refugiados acoger?
R: La decisión, recientemente anunciada, de reducir el máximo de refugiados que acogerá EE.UU. supone una abdicación del liderazgo del país en un momento de extrema necesidad para los refugiados del mundo. Esta acción no sólo elimina un salvavidas para miles de refugiados, sino que envía un mensaje a los países en la primera línea de la crisis, desde Bangladesh a Líbano y Kenia, de que ya no se puede confiar en las promesas de apoyo de EE.UU.
