(San Francisco) – Al no designar a abogados para representar a menores migrantes que enfrentan la posibilidad de deportación, el gobierno de Estados Unidos ha vulnerado sus derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional, señaló hoy Human Rights Watch en un memorial de amicus (“amigos del tribunal”) presentado ante la justicia federal de apelación. El Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y el estudio de abogados Covington and Burling LLP intervinieron como asesores letrados en el memorial. A su vez, alumnos de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Columbia colaboraron con la investigación para el informe y con su redacción.
El memorial de amicus se presentó en la causa J.E.F.M. v Lynch, un juicio iniciado a nivel nacional en representación de miles de menores que impugnan la actuación del gobierno federal, el cual no les brinda representación legal en las audiencias sobre deportación. En los procesos inmigratorios, a diferencia de los penales, no se reconoce el derecho a un abogado solventado por el gobierno para quienes no puedan afrontar ese costo.
“En audiencias de deportación en EE. UU., miles de menores están solos ante abogados gubernamentales y jueces, e intentan plantear una defensa sin asistencia de un abogado”, informó Clara Long, investigadora sobre temas de inmigración en Estados Unidos de Human Rights Watch. “Estas audiencias son extraordinariamente complejas, y perder implica la amenaza de deportación, con consecuencias potencialmente mortales”.
El Congreso de EE. UU. debería promulgar un proyecto de ley que se encuentra pendiente en el Senado y que exigiría al gobierno designar a abogados para los menores no acompañados y para víctimas de abuso, tortura y otro tipo de violencia, señaló Human Rights Watch.
En 2014, el Departamento de Justicia de EE. UU. comenzó a procesar por “vía rápida” casos de deportación de menores en los tribunales de inmigración. Desde entonces, la justicia ha dispuesto la deportación de miles de niños que no estaban representados por un abogado, muchas veces después de tan solo una audiencia. El 9 de marzo de 2016, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) Jeh Johnson manifestó que su institución proseguiría con la detención y deportación de personas de 18 años o mayores, cuando esta medida se hubiera ordenado mientras todavía eran menores.
“Un sistema que pretende que un menor se presente solo ante un juez de inmigración cuya decisión podría ser de vida o muerte no es imparcial ni justo”, comentó Risa Kaufman, directora ejecutiva del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Columbia. “Numerosos países en todo el mundo reconocen la necesidad de brindar asesoramiento legal a menores en esta situación absolutamente vulnerable”.
Las normas internacionales de derechos humanos reconocen que los menores migrantes no están en condiciones de ejercer su propia representación y que se les debe asignar un abogado para garantizar el debido proceso en los procedimientos de deportación, sostuvo Human Rights Watch en su memorial.
“Los menores necesitan de tutela y garantías legales especiales”, destacó Ben Setel, un alumno de la Facultad de Derecho de Columbia que trabajó en la preparación del memorial. “Y, en este caso, los riesgos para los niños no podrían ser más graves”. En una declaración prestada en octubre de 2015 en el marco del proceso sobre los menores, un juez de inmigración manifestó que un niño de 3 o 4 años podía representarse a sí mismo eficazmente en un tribunal de inmigración y aprender sobre derecho inmigratorio.
Más de 28.000 menores no acompañados procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras ingresaron a EE. UU. a través de México durante el último año fiscal. Un estudio llevado a cabo en 2014 por un organismo de refugiados de las Naciones Unidas comprobó que numerosos menores que migran desde estos países centroamericanos afirmaban estar huyendo de contextos de violencia y persecución, y se expondrían a daños si fueran obligados a regresar a su lugar de origen.
“Diversos funcionarios estadounidenses han reconocido que muchas de las personas que abandonan América Central escapan de graves amenazas contra su vida”, señaló Elisa Solomon, asociada en Covington and Burling LLP. “Aun así, el sistema inmigratorio de EE. UU. trata a los menores que han llegado al país como si sus pretensiones no merecieran la plena garantía de debido proceso”.
