(New York) –Miembros de las fuerzas de seguridad birmanas están cometiendo delitos de lesa humanidad contra la población rohinyá en Birmania, señaló hoy Human Rights Watch. Las fuerzas militares han cometido deportaciones forzadas, homicidios, violaciones sexuales y actos de persecución contra rohinyás musulmanes en el estado de Rakhine, en el norte del país, que causaron innumerables muertes y desplazamientos masivos.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los países consternados por la situación deberían imponer de manera urgente sanciones específicas y un embargo de armas contra las fuerzas armadas birmanas, para impedir que se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad, señaló Human Rights Watch. El Consejo de Seguridad debería exigir que Birmania permita que los organismos de asistencia tengan acceso a las personas necesitadas, autorice el ingreso de una misión de la ONU que investigue los abusos y garantice el regreso seguro y voluntario de las personas desplazadas. El consejo también debería analizar medidas orientadas a llevar ante la justicia a los responsables de delitos de lesa humanidad, incluso ante la Corte Penal Internacional.
“Las fuerzas militares birmanas están expulsando despiadadamente a los rohinyás del estado de Rakhine, en el norte del país”, manifestó James Ross, director legal y de políticas de Human Rights Watch. “Las masacres contra lugareños y los incendios intencionales masivos que obligan a las personas a dejar sus viviendas constituyen delitos de lesa humanidad”.
El derecho internacional define a los delitos de lesa humanidad como actos delictivos específicos “cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Los ataques de militares birmanos contra la población rohinyá han sido generalizados y sistemáticos. Funcionarios gubernamentales y de las fuerzas militares de Birmania han indicado en sus declaraciones la intención de atacar a esta población, señaló Human Rights Watch.
Los delitos de lesa humanidad están dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional de La Haya y son delitos de jurisdicción universal, es decir, que pueden ser juzgados ante tribunales nacionales en países distintos de Birmania, incluso cuando ni la víctima ni el autor sean ciudadanos de ese país.
Investigaciones realizadas por Human Rights Watch en la zona, respaldadas por el análisis de imágenes satelitales, han identificado delitos de deportación y traslados forzados de poblaciones, homicidios consumados y en grado de tentativa, violación y otras agresiones sexuales y persecución. La “persecución” se define como “la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”. Los abusos que se están cometiendo también constituyen limpieza étnica, un término que no está definido en el derecho internacional.
Desde el 25 de agosto de 2017, cuando el grupo armado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA) atacó cerca de 30 puestos de avanzada policiales en el estado norte de Rakhine, las fuerzas de seguridad birmanas han llevado a cabo incendios intencionales masivos, asesinatos, violaciones sexuales y saqueos, y han destruido cientos de aldeas y obligado a más de 400.000 rohinyás a escapar al país vecino de Bangladés. Human Rights Watch ha constatado, desde 2012, que el gobierno birmano ha cometido delitos de lesa humanidad contra la población rohinyá en el estado de Rakhine.
“Designar con una categoría legal a los delitos deplorables que cometen las fuerzas militares birmanas contra familias rohinyá podría parecer intrascendente”, señaló Ross. “Sin embargo, el reconocimiento mundial de que se están cometiendo delitos de lesa humanidad debería servir de incentivo para que la ONU y los gobiernos interesados tomen medidas contra los militares birmanos que permitan poner fin a estos crímenes”.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los países consternados por la situación deberían imponer de manera urgente sanciones específicas y un embargo de armas contra las fuerzas armadas birmanas, para impedir que se sigan cometiendo delitos de lesa humanidad, señaló Human Rights Watch. El Consejo de Seguridad debería exigir que Birmania permita que los organismos de asistencia tengan acceso a las personas necesitadas, autorice el ingreso de una misión de la ONU que investigue los abusos y garantice el regreso seguro y voluntario de las personas desplazadas. El consejo también debería analizar medidas orientadas a llevar ante la justicia a los responsables de delitos de lesa humanidad, incluso ante la Corte Penal Internacional.
“Las fuerzas militares birmanas están expulsando despiadadamente a los rohinyás del estado de Rakhine, en el norte del país”, manifestó James Ross, director legal y de políticas de Human Rights Watch. “Las masacres contra lugareños y los incendios intencionales masivos que obligan a las personas a dejar sus viviendas constituyen delitos de lesa humanidad”.
El derecho internacional define a los delitos de lesa humanidad como actos delictivos específicos “cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Los ataques de militares birmanos contra la población rohinyá han sido generalizados y sistemáticos. Funcionarios gubernamentales y de las fuerzas militares de Birmania han indicado en sus declaraciones la intención de atacar a esta población, señaló Human Rights Watch.
Los delitos de lesa humanidad están dentro de la competencia de la Corte Penal Internacional de La Haya y son delitos de jurisdicción universal, es decir, que pueden ser juzgados ante tribunales nacionales en países distintos de Birmania, incluso cuando ni la víctima ni el autor sean ciudadanos de ese país.
Investigaciones realizadas por Human Rights Watch en la zona, respaldadas por el análisis de imágenes satelitales, han identificado delitos de deportación y traslados forzados de poblaciones, homicidios consumados y en grado de tentativa, violación y otras agresiones sexuales y persecución. La “persecución” se define como “la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”. Los abusos que se están cometiendo también constituyen limpieza étnica, un término que no está definido en el derecho internacional.
Desde el 25 de agosto de 2017, cuando el grupo armado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA) atacó cerca de 30 puestos de avanzada policiales en el estado norte de Rakhine, las fuerzas de seguridad birmanas han llevado a cabo incendios intencionales masivos, asesinatos, violaciones sexuales y saqueos, y han destruido cientos de aldeas y obligado a más de 400.000 rohinyás a escapar al país vecino de Bangladés. Human Rights Watch ha constatado, desde 2012, que el gobierno birmano ha cometido delitos de lesa humanidad contra la población rohinyá en el estado de Rakhine.
“Designar con una categoría legal a los delitos deplorables que cometen las fuerzas militares birmanas contra familias rohinyá podría parecer intrascendente”, señaló Ross. “Sin embargo, el reconocimiento mundial de que se están cometiendo delitos de lesa humanidad debería servir de incentivo para que la ONU y los gobiernos interesados tomen medidas contra los militares birmanos que permitan poner fin a estos crímenes”.
